Al momento de anunciar la discontinuidad de Río Colorado, una inversión millonaria que incluía obras en cinco provincias, la empresa cuestionó "un aumento de costos" que hizo que "se duplicara la inversión" que habían pautado inicialmente.

En medio de la discusión sobre el origen del conflicto, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, anunció que el Gobierno extendería 30 días más el plazo de la conciliación obligatoria, que vence originalmente el 18 de abril próximo. La decisión de la compañía afecta a alrededor de 3.000 personas, según estimaciones del Gobierno. Sin embargo, desde la compañía entienden que su responsabilidad se encuentra sólo con los empleados directos, que no superan los 400.

"Este Ministerio tiene instrucciones de la Presidenta para poner en marcha el procedimiento preventivo de crisis", dijo el funcionario al hablar ante la Comisión de Minería del Senado.

Durante la audiencia expusieron, además de Tomada y del secretario de Minería, Jorge Mayoral, el gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, y representantes de empresas proveedoras de servicios.

Pérez detalló los últimos pasos dados por la compañía y dijo que estos "no fueron claros" y que "fue sorpresiva" la resolución de abandonar el proyecto.

Por su parte, el representante legal de la empresa brasileña, Adolfo Duragnona, explicó que la firma se retira del país porque se "duplicaron de 6.000 a 12 mil millones de dólares" los costos de inversión a raíz de "obras adicionales" que las provincias le fueron reclamando a Vale. Además, admitió que la empresa aún está buscando compradores y que "la idea es venderla y mantener todos los activos cumpliendo con lo que dice el Código de Minería". Afirmó también que las deudas con los proveedores "están siendo canceladas normalmente".

El asesor legal de Vale aseguró también que "se cumplirá con la ley y se pagarán las inmdemnizaciones correspondientes", aunque sólo mencionó a 400 empleados. Estos son los que tienen un vínculo directo con la compañía, mientras que los demás puestos de trabajo son con empresas con las que Vale tercerizó las obras del emprendimiento, que tiene como cabecera la provincia de Mendoza.

Mayoral, por su parte, acusó a la firma de incumplir sus obligaciones y de brindar datos "erróneos" y consideró que el principal motivo por el que la empresa decidió retirarse de la Argentina es "un problema con su economía global" y no de costos. "Acá hay un problema de Vale de cumplir con la legislación argentina", disparó Tomada en la audiencia que se realizó en el Salón Azul del Senado, y consideró que la empresa "ha tenido actitudes de alta desconsideración" por no asistir a las reuniones convocadas en el ámbito de su cartera para resolver el conflicto.

Tomada precisó que se trata de un "conflicto interjurisdiccional" ya que afecta a las provincias de Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires, y advirtió que la intención del gobierno nacional es "garantizar la paz social" y dar "cobertura" a los trabajadores afectados.

Mayoral acusó a Duragnona de "decir inexactitudes" y de "pretender confundir de manera alarmante" con sus argumentos. También remarcó las obligaciones que Vale "no ha cumplido" y sostuvo que Vale "perdió mucho dinero con su principal producto que es el hierro en los últimos meses y están tratando de reestructurar negocios en todo el mundo y al mismo tiempo están viendo cómo hacen para desafectar inversiones en Argentina". "Vale ya se fue de Noruega, Francia, Colombia y Canadá y de cuatro estados de Brasil", detalló el funcionario minero.

En tanto, el jefe del bloque de senadores oficialistas, Miguel Angel Pichetto, cuestionó que la empresa esté "cumpliendo con el pago a los proveedores". Mientras, un representante de empresas proveedoras de Mendoza adelantaron que denunciarán penalmente por "estafa" a la firma. "Acá hay un sentido de querer hacer responsable a la economía y al Gobierno nacional (por el retiro de Vale del país) y eso no es cierto. Queremos saber la verdad, no les están pagando, les están obligando a hacer quitas muy agresivas", aseveró Pichetto.