Lo que vale un cajón

Una denuncia por malversación de fondos asignados al funcionamiento policial del Partido de Mar Chiquita revela la existencia de un expediente similar desde 2007 en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, a cargo entonces de Pablo Poggetto. Durmió hasta hoy en un cajón, quién sabe a qué costo.
No es un cajón de frutas, ni de verduras. Ni siquiera el triste elemento fundamental de un sepelio. Se refiere esta nota específicamente al valor que tiene en plaza mantener una causa oculta dentro del cajón de un escritorio. ¿Cuánto vale que no avance, que nadie sepa de ella? ¿Cuánto cotiza en bolsa, para la carrera de un joven funcionario judicial en ascenso, que de algunas cosas jamás se entere nadie?

Depende. Específicamente depende de quiénes sean los que se vean beneficiados con el ocultamiento, o de cuánto dinero haya en danza. Las causas iniciadas por documentos impagos de mil pesos siempre circulan, porque obviamente parece poco viable el pago de un antipeaje para desviar su destino o entorpecer su ruta.

Ya hemos venido registrando la meteórica carrera del ex fiscal de Delitos Económicos Pablo Poggetto, y su ascenso a juez de cámara sin escalas intermedias. Ya llegan más y más datos sobre la manera extraña en que algunas cuestiones dormían en sus cajones, el sueño de los justos.

Sucede que desde 2007, el ex fiscal tenía a su disposición la denuncia efectuada por el teniente primero Luis Coliné, quien era el jefe de la subestación de policía de Santa Clara del Mar, quien intentaba poner un límite a la fuga de dinero para insumos, y de gasoil asignado a las camionetas patrulleras de las subestaciones que dependen de la jefatura de policía comunal del partido de Mar Chiquita, con sede en la estación comunal de Coronel Vidal, a cargo del capitán Claudio Lértora.

Nunca se supo qué fue de aquella denuncia, ni cuáles fueron sus términos, pero involucraba el destino de partidas de dinero que el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires gira mes a mes a la Municipalidad de Mar Chiquita para que sean destinados a toda la policía del partido.

Recién en 2008 se supo de su existencia, porque la instrucción muerta aparece mencionada en una nueva denuncia que realiza esta vez quien estuvo a cargo de la subestación de policía comunal de General Pirán, Ángel Rafael Tamame, quien menciona que ninguna de las subestaciones que dependen de Mar Chiquita recibe realmente las partidas de caja chica y gasoil asignadas, y que los hechos ya constaban en una presentación ante Poggetto, la de su colega Coliné de Santa Clara. Databa del año anterior, y estaba sumida en el más profundo de los secretos.

Los hechos

Tamame dice que asumió en enero de 2007 como funcionario a cargo de la subestación de Pirán, cuando ya Lértora estaba al frente de todo el partido. Recibía entonces 400 litros de gasoil al mes, los cuales resultaban de por sí insuficientes para realizar las funciones mínimas de patrullaje con la camioneta. De todos modos, los retiraba en la estación de servicio Menendes, en la Autovía 2, a la altura de su localidad. Lértora le había asegurado que ése era su cupo, por lo cual el denunciante comenzó a conseguir donaciones particulares de combustible que le permitieran continuar circulando.

Cuando se le asignó una nueva camioneta patrullera, el cupo de combustible no se modificó, por lo tanto resultaba inviable su puesta en funcionamiento. Nuevas donaciones de los establecimientos rurales y otros vecinos completaron un total de 1.200 litros mensuales, con los cuales el funcionario podía asignar 20 litros diarios a cada camioneta para la circulación necesaria.

Tamame asegura, además, que nunca recibió dinero en concepto de caja chica, sino que, si bien en un principio se le entregaron materiales de limpieza y librería, la provisión se interrumpió, y sólo llegaron a él algunos bidones de detergente y lavandina, más resmas de papel oficio. Los restantes insumos eran pagados por el policía. Se suponía que Lértora debía redistribuir un dinero recibido para estos fines entre todas las subdependencias que le estaban subordinadas: jamás lo hizo.

Llegado el momento, comenzaron a hacer falta materiales de construcción para el mantenimiento del edificio donde Tamame y su personal desempeñaban sus funciones. Sólo recibió 40 litros de pintura para exteriores, pero sucede que necesitaban instalar agua fría en el edificio, ya que el fluido era insuficiente. Los materiales fueron donados por un particular, y la mano de obra cedida por los mismos policías que trabajaban sin agua ni siquiera para el uso de los inodoros.

También los arreglos de las camionetas corrieron por cuenta del denunciante, que algunas veces pagó en efectivo al mecánico por su tarea y otras consiguió la donación gracias a la buena voluntad del técnico.

Sucedió que luego de ser relevado, Tamame tomó conocimiento de una realidad que sería la punta del ovillo: a su subdependencia le correspondían 1.800 litros de combustible por mes y no los 400 que había recibido.

Pero no solamente eso. Leyó un artículo publicado en el periódico Prensa Local, editado en Santa Clara del Mar, donde se indicaba que la policía de Mar Chiquita en su conjunto había producido un gasto de $224.697 en solamente seis meses. Entonces se cuestionó profundamente cuáles serían los insumos que habían generado los gastos, si el gasoil resultaba donado y los edificios estaban en total estado de deterioro.

Recordó entonces que los móviles que se encontraban asignados al partido en su mayoría no funcionaban, a punto tal que Vivoratá no tenía ningún coche y Tamame le había prestado una de las camionetas asignadas a Pirán. Coronel Vidal debía tener cinco patrulleros, de los cuales sólo funcionaban dos: los otros estaban rotos. Y si solicitaban los arreglos, dice que eran derivados a un taller en Mar del Plata, donde se demoraban muchísimo tiempo para reparaciones sencillas. Tamame asegura que luego, merced a un arreglo interno, se facturaban otros mucho más costosos. Es el taller Soriano, de calle Chile 2457.

Ante un desperfecto mecánico, las subdependencias carecían de una caja chica propia con la que afrontar la reparación. No contaban con ella, no porque el ministerio no la asignara, sino porque Lértora no las distribuía.

Aquella página 10 del periódico Prensa Local le permitió a Tamame saber exactamente a cuánto ascendía la malversación de caudales que sospechaba, y de la cual acusa a su superior Claudio Lértora, en conjunto con las autoridades del Partido de Mar Chiquita.

La caja chica que esa municipalidad recibió para todo el partido no se distribuyó en la policía de Pirán, ni en la de Vidal, ni en Santa Clara del Mar, ni en Mar Chiquita, ni en Vivoratá, que son todas las dependencias a su cargo. Pero llamativamente, el intendente de Mar Chiquita, Jorge Paredi, es el propietario de las estaciones de servicio que debían entregar los litros de gasoil asignados a la gente de Tamame, el mismo sitio donde mes a mes quedaban los 1.400 litros de diferencia entre lo otorgado y lo entregado. Paredi, el intendente que se suponía debía redistribuir las partidas de dinero pagado por el Ministerio de Seguridad de la Provincia.

Pero nada de esto es nuevo. Poggetto, ex fiscal de Delitos Económicos lo tenía en su cajón desde el 2007, cuando lo denunciaron desde Santa Clara, pero guardó silencio. Un silencio harto rendidor, toda vez que gracias a él quedó sumamente expuesto el policía que se atrevió a denunciar la corrupción que se quedaba con el dinero para que funcionara la policía de su pueblo.

Esta vez es el ex jefe de Pirán el que dice que la caja se queda en el edificio comunal de Mar Chiquita, y ya se verá si llega el expediente a buenas manos que no lo acunen hasta el fin de los tiempos. Si eso ocurre, estaremos ante la cocina de una nueva carrera meteórica hacia los más altos estamentos del Poder Judicial, que bien vale 1.400 litros de gasoil mensuales por cada camioneta detenida en el interior de la provincia.

Comentá la nota