El Tribunal de Cuentas se encuentra en estado de alerta ante un posible vacío legal que podría colocar a los funcionarios provinciales al límite de la impunidad. 

Es que las modificaciones que se realizaron al Código Civil de la Nación cambiaron las formas en que se debe controlar el accionar de los funcionarios que están al frente de los bienes del Estado. Entre esos cambios, se incluye la obligación de las provincias de crear sus propias leyes para establecer la forma del control de las personas a cargo de la cosa pública.  

Desde el Ejecutivo provincial, al menos públicamente, no hay señales de que se esté confeccionando estas nuevas normas. Esta situación puso en alerta al Tribunal de Cuentas que advirtió que, si la Provincia no dicta estas leyes, se podría provocar un vacío legal que dejaría a los funcionarios que hayan cometido delitos en el ejercicio de sus funciones a un paso de la impunidad. 

Según explicaron desde el TC, en medio de los cambios que se realizaron al Código Civil de la Nación, se quitó de este texto normativo "la responsabilidad civil" que tenían los funcionarios por los delitos que podrían haber cometido en el ejercicio de sus funciones. Estas responsabilidades se las pasó a una ley específica (Ley 26.944 de Responsabilidad Estatal), que determina las formas en que se debe establecer si el funcionario es o no responsable de un ilícito.

Esta nueva ley, que rige únicamente para los funcionarios nacionales, invita a los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que se adhieran a sus disposiciones para la "regulación de la responsabilidad estatal en sus ámbitos respectivos".  

No obstante, por cuestiones constitucionales (la ley 26.944 contradice artículos de la Constitución provincial), la Provincia no puede simplemente adherirse a la normativa, sino que debe crear su propia ley para determinar la responsabilidad de los funcionarios. 

Actualmente, el TC se rige con lo que establece el Código Civil vigente. Pero, al pasarse las responsabilidad de los funcionarios a una ley especial y esta al determinar que las provincias deben adherirse a sus términos (o crear sus propias disposiciones), coloca al órgano de contralor en una situación de incertidumbre hasta tanto Catamarca no promulgue la nueva ley.

El TC indicó que el nuevo Código Civil entrará en vigencia a partir de octubre, por lo que la Provincia tiene tiempo hasta esa fecha para poder sacar la nueva normativa.

La prescripción y los sumarios

Particularmente, desde el Tribunal señalaron que uno de los problemas que se les presentará si la Provincia no dicta su propia normativa, está relacionado con los tiempos que tiene el organismo para llevar a delante un sumario administrativo antes que prescriba el delito investigado. En ese sentido, señalaron que si no hay ley local, no hay parámetros con los plazos para poder investigar.

Los sumarios administrativos que realiza el TC se concretan una vez que, luego de una auditoría se determina que existió un daño a la hacienda pública y se solicita investigar al funcionario que eventualmente incurraen una irregularidad. 

Actualmente, el TC se rige para realizar los sumarios con las directrices del Código Civil vigente que establece que un delito prescribe a los 10 años de ocurrido el hecho.

Trabajo en conjunto

Luego de advertir el posible vacío legal que se producirá si el Poder Ejecutivo no promulga la nueva ley, las autoridades del Tribunal de Cuentas aseveraron que se pondrán a disposición de la Provincia para ayudar en la redacción de la nueva normativa.