El vaciamiento de una empresa a juicio oral

El fiscal Mario Daniel Gómez elevó a juicio oral la causa en el que se procesó a seis directivos y dos empleados de una empresa maderera por hacer quebrar la firma para no pagar a sus acreedores.
A principio de mes el fiscal Mario Daniel Gómez elevó a juicio una causa por quiebra fraudulenta en la que están involucrados seis directivos de una importante empresa maderera de nuestra ciudad y dos empleados por efectuar movimientos institucionales, comerciales, impositivos y financieros para provocar la quiebra de una empresa en beneficio de dos firmas del mismo grupo económico y en perjuicio de los acreedores. La fiscalía inicia la investigación judicial de los movimientos económicos de una compañía a partir de una presentación como particular damnificado que hace el síndico de la quiebra en el año 2004. En el Juzgado Civil y Comercial Nº 2 de nuestra ciudad mientras estaba en convocatoria de acreedores el responsable de la auditoria de la organización hace la correspondiente denuncia penal al advertir irregularidades en la venta de maquinarias y en el traspaso de recursos humanos y de capital a la otra firma. Mientras en sede judicial (fuero civil) se tramitaba el concurso de quiebra y los acreedores esperaban para cobrar sus deudas; los responsables levantaban otra marca a través de testaferros y colocaban sus activos. Los productos que fabricaban los comercializaban a través de la otra organización del grupo económico. Además a la nueva firma hicieron pasar la nueva maquinaria, que adquirieron en el propio remate de la compañía quebrada; a mucho menor precio. Para la Justicia en esta subasta existieron irregularidades porque el equipamiento para procesar la madera era mucho más caro que el valor al que lo adquirieron. La maquinaria llegó al martillo sin piezas fundamentales que encarecían el producto. En la instrucción judicial habrían establecido que los responsables no estarían ajenos a la manipulación de quitar los componentes importantes, para luego colocarlos una vez adquirida nuevamente la maquina. Seis integrantes de un grupo familiar que lideran el grupo económico están procesados en la causa y dos empleados que aparecen como testaferros también están involucrados en la investigación. Estas dos personas son los titulares de las dos compañías que utilizaron para traspasar los activos. La etapa investigativa ya está concluida y por ese motivo se elevó a juicio oral y en la requisitoria de la fiscalía las ocho personas aparecen como imputados del delito de quiebra fraudulenta e insolvencia fraudulenta en concurso real. Los nueve imputados ya prestaron declaración indagatoria en la sede del Ministerio Público Fiscal. La ley penal nacional impone severas sanciones a los responsables de fraude corporativo. Si bien el Código Penal argentino prevé sanciones de hasta seis años de prisión a responsables de una quiebra fraudulenta o del vaciamiento de una compañía, ese máximo podría llegar a multiplicarse si además se comprueba la comisión de otros delitos.

Casa a remate

Pasado mañana se remata una propiedad de uno de los directivos de la firma en quiebra. Este remate es para que un importante acreedor de la empresa cobre parte de una deuda. Como los responsables del negocio familiar firmaron con este acreedor un convenio mutuo de pago y no lo cumplieron; el perjudicado por este incumplimiento inició acciones judiciales para cobrar este compromiso. En el lapso de tiempo entre la firma del convenio y el incumplimiento los demandados aprovecharon a cambiar de nombre los bienes muebles e inmuebles para que no se los pudieran embargar. A las únicas propiedades que les pudieron trabar un embargo fueron un departamento en 25 de Mayo y 11 de Septiembre (que se remató hace 8 meses); una casa en el barrio Cámara de Comercio que se remata el miércoles y un galpón en la calle Vicente López.

Tres procesos en uno

Los responsables de la empresa quebrada afrontan tres procesos judiciales al mismo tiempo. En el Juzgado Civil y Comercial Nº 2 se tramita el proceso de la quiebra y la extensión de la quiebra. Esta causa civil está frenada por un expediente laboral que fue presentado como prueba en la demanda por parte de los damnificados de la quiebra, y todavía está para resolver. El proceso de extensión de quiebra fue presentado por los particulares damnificados que piden en ese recurso judicial que como está todo en el mismo grupo económico que se extienda la quiebra a los otros emprendimientos que siguen en actividad con los mismos titulares. Si bien han hecho un cam

Un millón de pesos

El reclamo total de los demandantes (acreedores) fue fijado en más de un millón de pesos. La cifra no es exacta porque se incrementa al mismo tiempo que aumenta el precio del dólar en las casas de cambio.

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