Ni siquiera el político de Cutral Co y justicialista K, Ramón Rioseco, representaba un riesgo real para la compleja y sólida trama de intereses petroleros con epicentro en la Patagonia. El mismo se ocupó de cuestionar públicamente la decisión macrista de recortar los subsidios a la producción de gas no convencional dispuesto por la resolución 46, acoplando su voz a la de las firmas beneficiadas por esa norma.

 

 

Desde el prejuicio podría pensarse que un kirchnerista combatiría cualquier prerrogativa a las empresas otorgada a costa del erario. Pero ninguna versión del peronismo que llega al poder enfrenta al capital con prepotencia, salvo cuando necesita librar alguna batalla puntual por intereses de coyuntura. Su adn admite la subvención a la oferta para animar inversiones, como lo mostró el Plan Gas que diseñó Economía durante el mandato de Cristina Kirchner. Por citar un ejemplo.

 

 

No era ni la historia ni los proyectos de gestión de los contrincantes en las elecciones del 10 de marzo lo que preocupaba a las empresas que invierten en Neuquén. Lo que siempre asusta es la arbitrariedad del que tiene el poder de turno en una provincia que por ley es dueña del recurso y su caja se nutre con regalías sobre la producción de hidrocarburos y cánones por el otorgamiento de licencias y su prórroga.

 

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Por esa razón a Neuquén le conviene que el gas y el petróleo tenga el valor boca de pozo más alto posible, la gobierne quien la gobierne. Algo similar a lo que ocurre con las cúpulas sindicales que más de una vez salieron al ruedo para apoyar subas en esos precios, más allá del fundamento económico que pudiera tener en cada caso.

 

 

El más entrenado en apuntalar las aspiraciones empresarias es el senador por el Movimiento Popular Neuquino y secretario general del Sindicato de Trabajadores de Gas y Petróleo de la zona, Guillermo Pereyra. A priori, porque mejores ingresos habilitarían mejores salarios. Pero también porque así se nutren los negocios conexos de empresas prestadoras de servicios, algunas propiedad de las cúpulas sindicales. La producción y venta de mantas ignífugas suele citarse como caso testigo.

 

 

Otro sindicalista consolidado en el mando del gremio por muchos años y con buenos lazos con las patronales es Oscar Magnone, del Sindicato del Gas. Este gremialista con buena relación con el actual gobierno y lazos con el Papa, suele invitar a su stud de San Isidro a altos ejecutivos para estrechar lazos y explicarles que los manejos de personal no pueden excluirlo. La izquierda con genuino espíritu combativo resulta sistemáticamente marginada de la conducción gremial y con mala performance en las urnas provinciales.

 

 

En este contexto Vaca Muerta está más sujeta a decisiones de política macro y a que se superen cuellos de botella como el que le impediría sacar el nuevo gas por falta de un caño. Desafíos que son, finalmente, oportunidades para nuevos negocios.

 

 

A fines de febrero, cuando el gobierno aún no había formalizado el llamado a manifestaciones de interés del sector privado para tender ese nuevo gasoducto, la red de whatsapps que liga a un nutrido grupo del sector intercambiaba activamente mensajes sobre el tema, discutiendo cuál sería la traza más apropiada.

 

 

El debate también se focalizó bajo qué ley se construiría. La primera opción de las empresas interesadas fue ir por la de Hidrocarburos, especulando con que aumentaría el margen para fijar las condiciones de transacción del servicio: sería una iniciativa privada, con acotada intervención estatal y renta libre en dólares.

 

 

Pero el Gobierno los hizo desistir de un intento que los hubiese dejado fuera de la ley. Salvo que sea un gasoducto "de captación", un gran caño que llegue de la Patagonia a los grandes centros de consumo del Norte requiere la figura de concesión del servicio bajo el imperio de la ley de Gas, que limita el margen de utilidad y la posibilidad de que un productor sea controlante de la eventual sociedad que luego explote ese caño. Una restricción que impone la norma para evitar la integración vertical.

 

 

La buena noticia para las empresas interesadas – núcleo en el que tallan desde YPF a las actuales transportadoras lideradas por Pampa o la energética de Techint—es que por tratarse de un emprendimiento totalmente nuevo, hay mayor margen para ser creativos en la licitación, convalidando una renta en dólares del futuro transportista.

 

 

 

Ni Rioseco (PJ- Unidad Ciudadana) ni Horacio Quiroga (Cambiemos), los rivales preferidos en las encuestas preelectorales neuquinas, hubiesen obstruido caminos como esos para que Vaca Muerta siga viva. Y no es un juego semántico.