Los hidrocarburos y la energía en general forman parte de un eje estratégico para la soberanía de cualquier país. Por ese motivo Vaca Muerta, por más que no le guste a los practicantes de los localismos, debe ser un proyecto federal. Esta condición la expone, con sus pro y contra, a los vaivenes de los gobiernos de turno. Se trata de un desarrollo que necesita de la intervención del Estado, por lo menos en el corto y mediano plazo, para llegar a buen puerto.
Vaca Muerta ha aparecido como un canto de sirena para los gobiernos nacionales desde el 2012 hasta la actualidad. La promesa de conseguir un proyecto que transforme para siempre la matriz productiva del país y que funcione con un imán para la inversión extranjera seduce hasta al más incrédulo de los funcionarios. Sin embargo, el largo plazo que necesitan los no convencionales –que colisiona con el pragmatismo electoral– termina por diluir la hoja de ruta.
El recorte al programa de subsidios para el gas de Vaca Muerta (Plan Gas/Resolución 46) que aplicó esta semana el secretario de Energía Gustavo Lopetegui fue otro botón de muestra. Al final de las especulaciones lo que se encuentra en el fondo es que, en un año con urnas, lo que prevaleció fue el criterio fiscal del ministro Nicolás Dujovne, quien prefirió el orden de las cuentas antes que apostar por una cosecha de la que quizás no disponga.
El plan impulsado por el exministro Juan José Aranguren, una versión retocada del que diseñó en el 2013 el por entonces ministro de Economía kirchnerista Axel Kicillof, tuvo varias grietas que no pudieron ser parchadas con las enmiendas que se repitieron en la gestión de Javier Iguacel y finalizaron con Lopetegui. El programa propuso un sendero decreciente de precios hasta el 2021 que en el primer año garantizaba 7,5 dólares el millón de BTU y que lo consideraba precio para las regalías.
Más allá de los errores de letra que tuvo el esquema de Aranguren –que fueron varios–, la falla de origen estuvo en la base económica utilizada que fue tomada de la proyección trazada por el propio Dujovne. La devaluación provocada por la corrida del dólar descalzó el plan del presupuesto y terminó saltando por los aires.
A diferencia del Plan Gas de Kicillof, el de Aranguren no solamente perseguía el objetivo de aumentar la producción de gas –algo que se mantiene desde el inicio de los incentivos– sino también multiplicar las áreas en desarrollo y la presencia de empresas en Vaca Muerta. Existe una teoría compartida, tomada del modelo norteamericano, donde se asegura que para desarrollar el shale se necesitan cientos de compañías y no pocas como ocurre en nuestro país. Extrañamente la traducción criolla pareció ser más una búsqueda por recortar la influencia de la petrolera de mayoría estatal YPF que la multiplicación de firmas.
La petrolera de Techint, propiedad de Paolo Rocca, amigo del presidente Mauricio Macri, pareció encabezar el segundo de los objetivos. En tiempo récord transformó Fortín de Piedra en el principal yacimiento de gas no convencional de Argentina: produce el 10% de la demanda del país en invierno. Sin embargo, los cambios de las reglas de juego también tocaron al proyecto estrella de Cambiemos. “Si así tratan al amigo del presidente, qué queda para los enemigos”, reflexionó uno de los hombres que más conoce el sector.
Vaca Muerta fue el principal –y casi único– destino de las inversiones extranjeras que el gobierno tanto esperaba. Fue el modelo de desarrollo industrial planteado por Macri. No solo tuvo un plan de subsidios sino que consiguió un esquema laboral más flexible y un blindaje a las protestas. Las compañías respondieron al llamado, pero las lealtades parecen ser otra cosa. Ahora con el recorte del Plan Gas las principales petroleras anunciaron que revisarán sus planes de inversión y no descartan llevar un reclamo por pérdidas a la Justicia.
La enseñanza parece decir que si Vaca Muerta continúa más atada a las estrategias electorales de efecto inmediato que al largo plazo posiblemente siga alimentando más las desconfianzas que las certezas.
Las petroleras tuvieron grandes beneficios para sus desarrollos y respondieron con inversiones, pero ahora analizan ir a la Justicia por los cambios.El Plan Gas de Macri buscó incentivar la producción y multiplicar el número de áreas y compañías que se sumen al desarrollo de los no convencionales.
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