La utilización de Overa Pozo dependerá de cada intendente

El gobernador pretende que en 90 días se prescinda de los servicios de Pacará Pintado.
El anuncio del gobernador, José Alperovich, respecto de que en "60 o 90 días" los residuos del Gran San Miguel de Tucumán se arrojarán en un predio de Overa Pozo (Monte Redondo), sumó confusión entre los factores involucrados en la problemática.

La pretensión oficial tomó por sorpresa al titular de la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL, Mario?Criado, que explota la planta de tratamiento de la basura de Pacará Pintado. El directivo recordó que tiene contratos vigentes con siete municipios, algunos de los cuales se extienden hasta 2013.

"Desconocemos totalmente a qué se debe esta declaración. No tenemos ninguna comunicación oficial al respecto. Además, esa decisión es una facultad de los intendentes.?Nosotros tenemos contratos firmados con los municipios, no con el Gobierno", planteó Criado, en alusión a que la Ley Nº 8.177, que derogó las leyes 7.622 y 7.874, establece en su artículo tercero que la gestión de los residuos es de competencia municipal y comunal. En tanto, en el artículo noveno, deja para el Ejecutivo la facultad de control y de fiscalización sanitaria.

"A raíz de estas declaraciones, ya enfrentamos el malestar de la gente de la cooperativa de cartoneros; son 350 familias que afincaron sus casas alrededor de Pacará Pintado, que cuentan con tractores y con una planta compactadora", añadió Criado.

El secretario de Medio Ambiente, Alfredo Montalván, consideró que los plazos expuestos por el mandatario para prescindir de Pacará Pintado son razonables, pero aclaró que la operación del predio de Overa Pozo dependerá de cada intendente.

"Estamos trabajando desde hace más de seis meses para dotar al lugar de la infraestructura básica. Esto es construcción de caminos, electrificación (con una subestación transformadora), perforación de un pozo de agua, forestación y cercado perimetral", detalló.

Montalván recordó que la elección de Pacará Pintado siempre tuvo el carácter de transitoria. "Hay que recordar que el gobernador, hace un tiempo, tomó la decisión de cerrar Los Vázquez, y lo cerró. Con Pacará Pintado dijo que era transitorio y lo va a cumplir. Con excepción de Misiones, que cuenta con dos plantas de tratamiento, Tucumán pasaría a ser una de las provincias con mejor respuesta para la problemática de la basura", auguró. Con respecto al sistema de tratamiento de la basura que se utilizaría, aclaró se recurrirá al método de celdas impermeables, pero no al entierro sanitario.

El funcionario advirtió que el PE sólo pondrá en condiciones de utilización a Overa Pozo, cuya vida útil se estima en 25 años. "La nueva ley pone en manos de los intendentes la disposición final de los residuos, si se licita o se hace alguna operación en ese predio será vía municipios. Nosotros estamos trabajando para que sea posible el traslado. Quién operará o hará las contrataciones correrá por cuenta de los municipios", afirmó. De todas formas, recordó que la norma prevé que, en caso de razón fundada, los intendentes puedan solicitar asistencia técnica y financiera al PE.

"Hoy no figura entre los lugares con prioridad"

El ex coordinador de la unidad ejecutora encargada de la redacción de los pliegos licitatorios y de llevar adelante el proyecto de gestión integral de los residuos, Jorge Malmierca, aclaró que el Tribunal de Cuentas sí autorizó al PE a llamar a licitación para el diseño, la construcción y la operación de un centro de disposición final por el sistema de relleno sanitario, una estación de transferencia y la prestación del transporte asociado al sistema (Acuerdo Nº 500 de 2008).

"El plan provincial que había diseñado la Provincia fue elogiado en todo el país y Tucumán, a principios de 2006, lideraba como caso piloto junto con Chubut el principio de solución al problema. Lamentablemente, hoy no figura entre los lugares con prioridad", opinó. "Tucumán estuvo en condiciones de llamar a licitación para la obra en febrero de 2008. El pliego licitatorio, minimizando al máximo el tiempo de obra, preveía un plazo mínimo de construcción del relleno sanitario de ocho meses. Pensar en un tiempo menor de obra hace suponer el trabajo de un plan de contingencia de un vaciadero semi-controlado", consideró.

Malmierca recordó que en abril se modificó la Ley 7.622 y se devolvió la gestión integral de la basura a municipios y a comunas. "Entiendo que dicha ley aún no se reglamentó y ello provocará el incumplimiento de plazos otorgados por la ley nacional, además de dificultades para encarar las distintas soluciones en forma adecuada, aun cuando jurídicamente la devolución de la competencia sea lo correcto", dijo.

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