Uruguay reescribe la historia en torno al hecho consumado con Botnia funcionando

La controversia entre la Argentina y el Uruguay consiste en que ese país procuró dejar de lado el Estatuto del Río Uruguay para los proyectos de plantas de pasta de celulosa de ENCE y de Botnia. Por el contrario, la Argentina no cejó en su propósito de que se respetara ese tratado, por tratarse, además, de emprendimientos que tienen efecto contaminante en el medio ambiente del Río Uruguay y sus áreas de influencia.
A través de su conducta, el Uruguay trató de ganar tiempo tratando de imponer a la Argentina el hecho consumado de la instalación y funcionamiento de Botnia.

- En octubre de 2003 el Uruguay autorizó inicialmente en forma unilateral la construcción de la planta de celulosa ENCE en Fray Bentos, la margen izquierda del Río Uruguay, sin información ni consulta previa a través de la CARU a la Argentina, en violación del artículo 7 del Estatuto del Río Uruguay. La Argentina protestó y reclamó por esta violación del Estatuto en diversas oportunidades tratando de que el Uruguay sometiera el proyecto a la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay), como lo ordena el Estatuto, para su estudio y consideración.

- En marzo de 2004 el entonces Canciller uruguayo Opertti se comprometió ante el entonces Canciller argentino Bielsa a somenter el proyecto ENCE a la consideración de la Comisión Administradora del Río Uruguay a los efectos de dar cumplimiento al procedimiento de información y consulta previas previsto en el Estatuto. En ese entonces Botnia ni siquiera había presentado su proyecto.

El Gobierno argentino creyó de buena fe que el Uruguay cumpliría con aquel compromiso, pero los hechos posteriores le indicaron que estaba equivocado.

En marzo de 2005 el Gobierno argentino confiaba que el nuevo Gobierno uruguayo del Dr. Tabaré Vázquez, elegido en octubre de 2004, y que había hecho toda su campaña electoral manifestándose en contra de las fábricas de celulosa, iba a dejar sin efecto la autorización otorgada a ENCE por el Gobierno de Batlle en violación del Estatuto del Río Uruguay.

En ese marco fue que el Gobierno argentino habló en términos de un entendimiento consistente en que el Uruguay iba a suministrar la información a la CARU y a la Argentina, y que la CARU reanudaría así su actividad que se encontraba paralizada desde octubre de 2003.

El Uruguay no cumplió. No sólo eso, agravó el diferendo. Dos semanas antes de la asunción de Tabaré Vázquez, el Gobierno saliente de Batlle, lejos de llevar el proyecto ENCE ante la CARU, redobló la apuesta de su desafío al Estatuto del Río Uruguay y en febrero de 2005 autorizó unilateralmente la instalación de Botnia, en el mismo lugar, también en Fray Bentos, con una capacidad de producción todavía mayor que la de ENCE, que alcanza un millón de toneladas de pasta de celulosa por año.

Cuando el Dr. Tabaré Vázquez asume la presidencia de su país el 1o de marzo de 2005 -lejos de desautorizar la instalación de las plantas de celulosa- confirmó lo hecho por su predecesor tanto respecto de Botnia como de ENCE e impulsó estos empredimientos de manera inequívoca.

- Ante la evidencia de que el Uruguay no cumpliría lo prometido, el Gobierno argentino, a partir de mayo de 2005, intentó una solución al diferendo, solicitando al Uruguay la suspensión de la iniciación de los trabajos, que aún no habían comenzado, y acordando la creación del Grupo de Trabajo de Alto Nivel (GTAN) con el propósito de reencauzar la situación hacia el cumplimiento de las normas internacionales violadas por el Uruguay. El Gobierno argentino también solicitó al Banco Mundial que se abstuviera de financiar los proyectos hasta tanto no se hubiera solucionado la controversia con el Uruguay.

- La pertinencia del Uruguay en su actitud llevó a que el GTAN -que se reunió doce veces entre agosto de 2005 y febrero de 2006- fracasara en su cometido.

- Concluida sin éxito la labor del GTAN, a iniciativa del Presidente argentino, él y su par uruguayo acordaron en Santiago de Chile el 11 de marzo de 2006 la suspensión de los trabajos de construcción de los emprendimientos por 90 días (que en ese momento se limitaban a la nivelación del terreno) para realizar una evaluación de impacto ambiental conjunta. Este esfuerzo concluyó en una nueva frustración, en este caso provocada por la intransigencia de Botnia a acatar lo acordado por el Gobierno uruguayo, tal como lo reconoció el entonces Secretario General de la Presidencia del Uruguay, luego Canciller y actual Ministro de Defensa de ese país, Gonzalo Fernández.

- Por último, el Gobierno uruguayo declaró concluidas las negociaciones con la Argentina el 6 de abril de 2006.

- Esa situación no dejó a la Argentina otra alternativa que recurrir en mayo de 2006 a la instancia judicial de solución de controversias prevista en el Estatuto del Río Uruguay: la Corte Internacional de Justicia, principal órgano judicial de las Naciones Unidas.

- No obstante haberse iniciado el procedimiento ante la Corte, la Argentina continuó buscando una solución negociada a la disputa. En la Cumbre Iberoamericana de Montevideo la Argentina promovió una gestión de facilitación de S.M.el Rey de España en noviembre de 2006. En abril de 2007 en la Declaración de Madrid se acordaron los temas que serían objeto de ese renovado esfuerzo, uno de los cuales fue explícitamente la localización de Botnia (para entonces ENCE ya había decidido relocalizar su proyecto fuera del Río Uruguay).

En el curso de la facilitación, el Uruguay se negó a considerar la posibilidad de instalar el proyecto Botnia en otro lugar sin explicar las razones que lo habían llevado a autorizar la construcción de esa planta sobre el Río Uruguay en la vecindad de Fray Bentos. La facilitación tuvo un final abrupto cuando en noviembre de 2007, en plena Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile, el Presidente Vázquez sorprendió a la Argentina y a España al autorizar intempestivamente la puesta en funcionamiento de la planta de Botnia.

Temores fundados

- Los temores de la Argentina terminaron por confirmarse. Botnia contamina y causa perjuicio sensible al Río Uruguay y a su ecosistema. Uruguay viola las obligaciones que le impone el Estatuto del Río Uruguay de proteger al río y a sus zonas de influencia. La Argentina presentó a la Corte Internacional de Justicia en junio de este año un informe completo y fundado, que refleja dos años de trabajo, realizado por los expertos argentinos de la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad de Buenos Aires a quienes la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable encomendó el desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental del Río Uruguay. No sólo se ha probado que la planta de Botnia contamina el río y sus áreas de influencia, deteriorando la calidad de vida de las poblaciones aledañas, en particular la de la ciudad más poblada de sus inmediaciones (Gualeguaychú y sus 100.000 habitantes) sino también el empleo en la planta de sustancias prohibidas.

- La conducta observada por el Uruguay desde el mismo inicio de esta controversia se ha caracterizado por las siguientes constantes:

- Incumplimiento reiterado y continuo del Estatuto del Río Uruguay.

- Unilateralismo para un sinnúmero de decisiones que el derecho internacional le imponía previamente informar y consultar a la Argentina.

- Negligencia en la protección del medio ambiente del Río Uruguay y sus áreas de influencia".

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