Uruguay: debaten la ley de amnistía a los militares

El Congreso se reúne hoy para decidir si es constitucional o no, a raíz de un caso de 1974
MONTEVIDEO.- El Congreso de Uruguay se reunirá hoy para debatir la validez de la ley de caducidad, una norma que le otorgó la amnistía a gran parte de los policías y militares que violaron derechos humanos durante la dictadura militar, entre 1973 y 1985.

La deliberación de hoy sobre la inconstitucionalidad de la ley se centrará en el caso de Nibia Sabalsagaray, una militante comunista asesinada en 1974 en un predio militar. Sobre este punto ya se pronunció el presidente Tabaré Vázquez, que definió como inconstitucional la norma que extinguió la responsabilidad de las fuerzas castrenses en violaciones a los derechos humanos en ese período.

Si bien los pronunciamientos del mandatario y del Congreso no son vinculantes, la decisión legislativa fue requerida por la Corte Suprema, que es la responsable en dictaminar la validez de la amnistía. En caso de ratificarla, le daría luz verde a la fiscal Mirtha Guianze para proseguir con la investigación por la muerte de la militante y abriría la puerta a una avalancha de pedidos similares sobre la ley de caducidad.

La coalición oficialista del Frente Amplio, que sufre una división interna por las candidaturas para las elecciones de 2009, encontró un motivo para actuar en unidad: oponerse a esa norma que votaron en 1986 los partidos tradicionales Colorado y Blanco.

Proceso complejo

Con la vuelta de la democracia, en marzo de 1985, el Parlamento votó una ley de amnistía para presos políticos, militantes de izquierda y grupos guerrilleros que tenían causas pendientes. El indulto a militares no fue simultáneo y obligó a negociaciones que terminaron en diciembre de 1986, con una ley que sostuvo que había "caducado la pretensión punitiva del Estado".

En mayo de 1988, la Corte Suprema respaldó la ley por considerar que se trataba de una amnistía (aunque lo expresara con otras palabras). Y en abril de 1989, el electorado ratificó la norma con el 57,5% de los votos a favor y el 43,5% en contra.

Desde 2005, con la izquierda en el gobierno, cambió la interpretación de la ley. Un artículo de esa norma establece que ante una denuncia relativa a este tipo de hechos, la justicia debe consultar al Poder Ejecutivo para saber si se encuentra amparado por la "caducidad". El gobierno de Vázquez determinó que los casos presentados no tenían ese paraguas, y los principales represores de la dictadura terminaron en prisión.

Los legisladores del Frente Amplio insistieron en anular esa ley, a lo que se opuso el presidente Vázquez. Apelaron, entonces, a la enmienda constitucional como una alternativa para lograr ese propósito. Al incluir en la Constitución un artículo contrario a esa "caducidad", entienden que la ley quedará anulada.

El Frente Amplio tiene votos para declarar la inconstitucionalidad, aunque sin valor jurídico. Sin embargo, la Corte solicitó el pronunciamiento del Congreso antes de pronunciarse, al igual que al Ejecutivo.

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