Uruguay: cuestionan la ley de amnistía

El gobierno uruguayo de Tabaré Vázquez se pronunció ayer a favor de la inconstitucionalidad de la llamada Ley de Caducidad -que evitó juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura (1973-1985)- en el caso concreto de una militante comunista asesinada en 1974.
La aceptación de una excepción en la aplicación de la Ley de Caducidad puede abrir las puertas a otros casos similares y al enjuiciamiento de ex militares y ex policías implicados en esos crímenes cometidos entre 1973 y 1985.

"El Poder Ejecutivo al amparo de lo previsto en el artículo 33 del Código General del Proceso, acepta el planteo de excepción de inconstitucionalidad realizado por el ministerio Público y Fiscal ante la Suprema Corte de Justicia", señala el comunicado del gobierno, emitido ayer a la tarde.

El respaldo de inconstitucionalidad se refiere al caso de la muerte en dependencias militares en 1974 de la opositora comunista Blanca Estela Sabalsagaray Curuchet.

La decisión del Ejecutivo, que deberá ser contemplada ahora por la Suprema Corte de Justicia para que emita sentencia (lo que podría tardar varios meses), no significa que se podrá derogar la ley, pero sí ampliará el horizonte de los juicios sobre violaciones de derechos humanos en Uruguay.

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