Uruguay: controversia por una ley para enfermos terminales

Uruguay: controversia por una ley para enfermos terminales
Se les permitirá decidir la interrupción de los tratamientos médicos
MONTEVIDEO.- Los uruguayos podrán decidir la interrupción de un tratamiento médico para prolongar su vida en el caso de que sean pacientes en estado terminal. Ese derecho está incluido en un proyecto de ley aprobado por el Congreso que ya pasó al despacho presidencial para que Tabaré Vázquez lo promulgue y convierta en ley.

La controvertida medida, según el texto que se aprobó en la Cámara de Diputados con 44 de 62 votos posibles y que ya tenía el aval del Senado, no sólo queda en manos de pacientes terminales, sino también en las de sus familiares.

El proyecto fue iniciativa de dos diputados, uno del oficialismo y otro del opositor Partido Colorado. En la Cámara de Diputados fue rechazado por legisladores del otro partido tradicional, el Nacional (Blanco), y por el diputado del Partido Independiente.

Pese a la trascendencia del proyecto, la mayor repercusión la tuvo el incidente que se produjo anteanoche durante la votación, cuando el oficialista Alvaro Vega argumentó con ironías la defensa del proyecto y fue criticado por Sergio Botana, del Partido Nacional. "Cuando uno escucha ciertas cosas se da cuenta de por qué algunos pacientes no ponen su vida en manos de ciertos médicos", dijo Botana, en referencia a Vega, que es médico. Luego comenzaron las corridas y trompadas al aire.

La aprobación del proyecto reabrió el debate sobre la eutanasia, una práctica que está prohibida en Uruguay, y también sobre la aplicación del "cóctel lítico", que algunos médicos proporcionan a pacientes terminales y que, con una combinación de analgésicos, concluye en la muerte.

Legisladores oficialistas afirman que Vázquez promulgará el texto en los próximos días. En su primer artículo, establece que "toda persona mayor de edad y psíquicamente apta, en forma voluntaria, consciente y libre, tiene derecho a oponerse a la aplicación de tratamientos y procedimientos médicos salvo que con ello afecte o pueda afectar la salud de terceros". Se aclara que este derecho se puede ejercer cuando la persona esté "enferma de una patología terminal, incurable e irreversible" y el paciente sienta que el tratamiento irá "en detrimento de su calidad de vida".

El texto especifica que "la expresión anticipada de la voluntad (?) se realizará por escrito, con la firma del titular y dos testigos" y "también podrá manifestarse ante escribano público". Y aclara que en caso de que "el paciente en estado terminal (?) no haya expresado su voluntad y se encuentre incapacitado de expresarla", la suspensión de los tratamientos quedará en manos "del cónyuge, concubino o de familiares en primer grado de consanguinidad".

La ley ha provocado críticas entre los católicos. Néstor Martínez, de la Mesa Coordinadora Nacional Provida, dijo que "se está legalizando la eutanasia" porque quita responsabilidad a los médicos que suspendan los tratamientos. Además, cuestionó la potestad que se da a los familiares y dijo que "la voluntad anticipada" aparece como "un cheque en blanco que el paciente firma al médico y a la institución médica sobre su vida".

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