Uruguay: condena a ocho represores por el Plan Cóndor

Recibieron penas de hasta 25 años de prisión por el homicidio de militantes anarquistas
MONTEVIDEO.- En un hito en la revisión de las violaciones de los derechos humanos en Uruguay, la justicia firmó anteanoche la condena a seis militares y a dos policías por el homicidio de 28 personas en el marco del Plan Cóndor, el programa de represión coordinada de las dictaduras del Cono Sur en la década del 70.

El fallo, emitido por el juez penal Luis Charles, es la primera condena en primera instancia dictada en Uruguay por un hecho de esas características, derivado de la represión en los tiempos de la dictadura uruguaya (1973-1985).

Los militares José Gavazzo, Ricardo Arab, Jorge Silveira, Ernesto Ramas y Gilberto Vázquez fueron condenados a 25 años de prisión por 28 delitos de "homicidio muy especialmente agravados" de disidentes anarquistas uruguayos que se habían refugiado en Buenos Aires en 1976 y fueron forzados a regresar a su país por militares y policías que formaban parte del Plan Cóndor. El ex militar Luis Maurente y los policías Ricardo Medina y José Lima fueron condenados a 20 años de prisión por el mismo delito. Se les aplicó una reducción de la pena porque tuvieron una participación menor en los hechos, según la sentencia.

La comprobación de vuelos coordinados entre militares argentinos y uruguayos para transportar prisioneros clandestinos permitió demostrar recientemente que en Montevideo los militares habían cometido ejecuciones.

Las víctimas eran miembros del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), que uruguayos de agrupaciones anarquistas habían fundado en Buenos Aires en 1975 y financiaban con secuestros extorsivos a empresarios argentinos.

Sin protección legal

La condena se produjo pese a la supuesta protección legal que tienen los militares y policías acusados de violaciones de derechos humanos en este país, conocida como ley de caducidad. Esta norma fue votada en 1986 como una contrapartida de una ley de amnistía para presos políticos y ex guerrilleros de izquierda.

La ley de 1986 sostiene que la pretensión punitiva del Estado sobre aquellos hechos había "caducado", pero deja una puerta abierta para que, en cada denuncia que reciba la justicia, el Poder Ejecutivo responda a la Corte si el caso juzgado está comprendido o no en la norma.

Sin modificar aquella polémica ley, que en su momento fue ratificada en un referéndum, el actual gobierno izquierdista de Tabaré Vázquez ha dado luz verde a la justicia para investigar las denuncias, con el argumento de que, en realidad, los casos tratados no están amparados por la norma.

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