Urtubey no habló sobre el veto al ordenamiento territorial

El gobernador Juan Manuel Urtubey recibió ayer en audiencia a referentes de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), el INTA, la Subsecretaría de Agricultura Familiar y la Administración de Parques Nacionales pero no largó prenda sobre el pedido de veto a la ley de ordenamiento territorial de los bosques nativos que plantean la institución educativa y los organismos nacionales.
"Quedamos a la expectativa", señaló la rectora de la UNSa, Stella Bianchi, en respuesta a la consulta de Nuevo Diario acerca de si el gobernador había adelantado su posición respecto de la solicitud ya realizada por esta casa de estudios, cuyo Consejo Superior sostiene que el ordenamiento territorial aprobado, con profundas modificaciones respecto del proyecto que el propio gobierno discutió con representantes de la sociedad salteña a través de un proceso participativo, "pone en peligro ambiental" a la provincia.

Los referentes de la UNSa, el INTA, Parques y Agricultura Familiar se reunieron ayer por la mañana con el gobernador.

"Le planteamos la preocupación al gobernador, nos recibió, nos escuchó muy atentamente", contó Bianchi.

Añadió que se le planteó también el pedido de que vete la ley y se le entregó la resolución Nº 606, por el que, además de pedir el veto, el Consejo Superior, delega en el Rectorado "la potestad de iniciar las acciones legales que considere pertinentes a bien de tramitar la declaración de inconstitucionalidad de la citada ley, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o ante los organismos que correspondan".

El encuentro con el primer mandatario provincial duró aproximadamente 40 minutos. Ahora los referentes de la Universidad y los tres organismos del gobierno nacional quedarán a la espera: el gobernador tiene plazo hasta la primera semana de enero para vetar la ley tal cual fue aprobada por senadores y diputados.

Entre otras observaciones, el Consejo Superior de la UNSa advirtió que la nueva norma permite el desmonte de bosques cuya existencia es "imprescindible" para la estabilidad de cuencas hídricas; los legisladores también achicaron la cantidad de tierra que se debe dejar sin desmontar en la ribera de los ríos y permiten que el desmonte se realice hasta una pendiente del 15%, es decir, en los cerros.

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