Con el DNU, la urgencia anula el debate legislativo

Lo excepcional dio lugar a lo habitual. Incorporados a la Constitución en 2006, los Decretos de Necesidad y Urgencia potenciaron la función colegisladora del Poder Ejecutivo. En rigor, el gobernador, José Alperovich, incrementó año a año el número de disposiciones firmadas, hasta batir su récord personal.
En nombre de la celeridad, el Poder Legislativo se convirtió, de hecho, en una cáscara vacía subordinada a las decisiones de la Casa de Gobierno. Para esquivar el trámite ordinario de sanción de leyes y, por añadidura, el debate político, el Poder Ejecutivo hizo uso y abuso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Al menos, es lo que expresan las cifras, que hablan por sí solas de la debilidad del Poder Legislativo. En su primer mandato el gobernador, José Alperovich, batió el récord local en emisión DNU: firmó 93 disposiciones de esa naturaleza. Sin embargo, cumplido el primer año de su segunda gestión, el número de DNU ya llega a 42.

Los decretos generalmente marcan el ritmo de la relación entre el gobernador y su vice. En rigor, fue uno de los argumentos esgrimidos desde el Palacio Gubernamental para justificar esa modalidad durante los tiempos compartidos con Fernando Juri. Incluso, al inicio del actual mandato, el propio secretario general de la Gobernación, Ramiro González Navarro, había adelantado que la decisión del gobernador era emitir menos DNU y apostar mucho más a los proyectos de ley impulsados desde la Casa de Gobierno. Medida que, según dijo, guardaría estrecha relación con la confianza que Alperovich había depositado en su vice, Juan Manzur. “Este cambio tiene que ver con reformar la calidad institucional. Sin perder celeridad, trataremos de impulsar la sanción de leyes a través del vicegobernador, que tiene posibilidad de firmar proyectos y además en miembro del Poder Ejecutivo. Sólo aplicaremos los DNU en casos excepcionales”, había dicho (LA GACETA 28/11/07).

Pues bien, tal anhelo nunca llegó a cristalizarse. Por el contrario, el uso de esta herramienta excepcional de legislación se potencia en momentos en que la Cámara es controlada con comodidad por el alperovichismo, sector al que responden 44 de los 49 legisladores. En marzo, incluso, legisladores oficialistas pretendieron ampliar los alcances de los decretos. Pero ante la multiplicación de las críticas, desistieron de avanzar con el proyecto. Como contrapartida, el opositor Esteban Jerez presentó una iniciativa, que aún no fue tratada, para potenciar el rol del Parlamento en el tratamiento de los decretos enviados por el PE en comisión.

A nivel nacional, los DNU adquirieron rango constitucional en 1994. Tucumán no es la excepción. Incorporados a la Carta Magna local desde la reforma de 2006, si la disposición no es rechazada expresamente dentro de los 20 días de comunicada a la Legislatura, queda firme: el ordenamiento jurídico tucumano le otorgó un sentido positivo al silencio parlamentario.

Desde 1995, el mecanismo de los DNU sólo sufrió dos cambios. En 1996, el entonces gobernador Antonio Bussi modificó parcialmente el artículo 1 de la Ley 6.686, que disponía la obligación del PE de remitir en el acto el decreto a la Legislatura; en la reforma de la Ley 6.774 se habilitó un plazo de cinco días hábiles, que se mantiene. El cambio de mayor trascendencia tuvo lugar en octubre de 2003, cuando los legisladores que estaban dejando las bancas en ese momento modificaron el sentido del silencio parlamentario. Hasta entonces, atento al artículo 2 de la Ley 6.686, si no se avalaba expresamente el DNU, este perdía efecto.

A pesar de ser un sistema aborrecido por los juristas y por los referentes políticos opositores, su implementación se convirtió en habitual y dejó a un segundo plano la excepcionalidad que marca su espíritu. Al parecer, la cultura política argentina fue creando, desde el retorno de la democracia, la idea de que si un Ejecutivo no puede ejercer el Gobierno sin prescindir del Legislativo y sin hacer pie en el Judicial, no puede gobernar.

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