Unos 40 mil vecinos sufrirán por la suba del CISI

El Concejo Deliberante aprobó ayer el nuevo Código Tributario municipal, que establece un incremento de 34 a 50 pesos del mínimo imponible para el cobro del CISI.

Unos 40 mil vecinos que viven en la zona céntrica de San Miguel de Tucumán, comenzarán 2010 con un nuevo golpe al bolsillo.

Así lo decidió ayer el Concejo Deliberante capitalino, en la última sesión del año, al aprobar por unanimidad el nuevo Código Tributario, que, entre otros aspectos, contempla un incremento de 34 a 50 pesos bimestrales el mínimo imponible para el pago de la CISI (Contribución que Incide Sobre los Inmuebles).

La medida, que regirá desde el próximo 1 de enero, afectará al sector residencial dentro de las cuatro principales avenidas de la ciudad (no así a los comercios o terrenos no baldíos), con un incremento de 8 pesos por mes.

El concejal José Costanzo (Partido Autónomo) votó a favor del nuevo Código Tributario, en general, aunque dejando asentado su desacuerdo con la modificación en el cobro del CISI. En cambio, los otros dos opositores, Claudio Viña (Fuerza Republicana) y José Luis Avignone (UCR), no plantearon objeciones al respecto. El único ausente en la maratónica última sesión de 2009, que comenzó a las 9.45 y finalizó pasadas las 16.00, fue Raúl Pellegrini (Participación Cívica).

Paralelamente al incremento en el mínimo del CISI, la ordenanza sancionada ayer establece una serie de modificaciones en el hasta ahora denominado Tributo de Emergencia Municipal y que, a partir de 2010, pasará a llamarse Tributo Económico Municipal (TEM). Con el aval del concejo, dicha tasa, que representa un 70 por ciento de los recursos totales que ingresan a las arcas municipales por el cobro de tributos, dejará de tener un carácter transitorio para convertirse en una imposición permanente.

El nuevo TEM contempla una baja en las alícuotas que pagan las droguerías, empresas de telefonía celular, compañías de seguros y a aquellas vinculadas a actividades deportivas, entre otros sectores comerciales.

En el caso puntual de las droguerías, el TEM, que es calculado dependiendo del neto de operaciones efectuadas sobre medicamentos minoristas expedidos en las farmacias, la alícuota bajará del 3,3 por ciento al 0,55 por ciento.

Para el resto de las actividades mencionadas, la reducción será del 2,8 por ciento al 1,8 por ciento.

Fuerte polémica por la basura

Uno de los puntos que concentró mayor parte del debate en el recinto fue el convenio que cede a la firma Transportes y Servicios La Banda, sin licitación previa, la explotación de la planta de Overá Pozo, donde se procederá tratamiento y disposición final de la basura del Gran San Miguel de Tucumán.

La iniciativa, que también deberá ser avalada por los ediles de los otros cinco municipios que integran el Consorcio Metropolitano (Yerba Buena, Tafí Viejo, Banda del Río Salí, Las Talitas y Alderetes), fue aprobada por 14 votos contra tres.

Los ediles opositores realizaron una serie de objeciones legales y advirtieron sobre la conveniencia de un llamado a licitación del servicio, en lugar de pactar directamente con esa firma, que fue la responsable del "desastre ambiental de Pacará Pintado", según argumentaron.

Viña hizo hincapié en el hecho de que la norma aprobada ayer va en contra de la ley de Creación del Consorcio Metropolitano, "según la cual -explicó- nada obliga a este organismo a cumplir relaciones jurídicas preexistentes de los municipios que lo integran. El Consorcio es un sujeto jurídico nuevo sin ningún compromiso, como el que supuestamente tiene la municipalidad de la Capital con la empresa Transportes y Servicios La Banda, con un contrato que firmó el intendente Domingo Amaya hasta 2010 y que nunca pasó por el Concejo Deliberante", puntualizó. Además, sostuvo que "se tendría que haber llamado a licitación en lugar de regalar un predio del Estado, que fue acondicionado por la Provincia, a esta empresa que presenta un servicio calamitoso", tras lo cual advirtió que dicho contrato "carece de legalidad".

A su turno, Costanzo, utilizando argumentos similares a los de Viña, dijo que "es una vergüenza que la empresa que peor trabajó con el tema residuos, con el antecedente de la grave contaminación que generó en Pacará Pintado y graves denuncias por el mal manejo que hizo con el tratamiento de los residuos, sea premiada con este convenio".

Por su parte, Avignone denunció, con documentos aportados por la Justicia en la mano, que Mario Criado, gerente de la empresa Transportes y Servicios La Banda, "está involucrado en delitos de lesa humanidad ocurridos en época de la dictadura. Aunque este señor no tenga ningún delito, lo cual no deja de ser grave, igualmente está todo mal y era necesaria una licitación", finalizó el radical.

Baños públicos en empresas de servicios

En la sesión de ayer, el Concejo Deliberante capitalino aprobó una ordenanza que ordena a las empresas de servicios públicos y a los bancos a instalar baños públicos en sus dependencias en un plazo de 90 días. De ser promulgada, la medida deberá ser cumplida por la Empresa de Distribución de Eléctrica de Tucumán (EDET), la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), la Caja Popular de Ahorros y Gasnor. La ordenanza también establece que toda repartición pública municipal, provincial o nacional deberá contar, en ese plazo, con sanitarios que tengan dimensiones proporcionales a la cantidad de gente que concurre a las mismas. Paralelamente, los ediles avalaron otra iniciativa que hace extensiva esa medida a los supermercados. En todos los casos, se especificó que esos sanitarios no podrán tener menos de 4 inodoros y 4 lavatorios, a la vez que las instalaciones deberán ser aptas para personas con discapacidades.

Aspero debate por la inseguridad

En el período de manifestaciones generales se planteó una fuerte discusión entre oficialistas y opositores en torno a la inseguridad, a partir del resonante caso de Silvia de Roselló, quien hace unos días fue ultimada delante de su esposo y sus hijos, durante un intento de asalto. En un momento del debate, el republicano Claudio Viña retrucó la encendida defensa que realizaban los oficialistas a la política de seguridad implementada por el gobierno de José Alperovich calificándolos de "mesiánicos". Los alperovistas interpretaron que se trataba de un comentario antisemita. No obstante, el opositor recordó que, según la Real Academia Española, una de las acepciones de la palabra mesías (la más conocida dice que así se denomina al Hijo de Dios y descendiente de David prometido por los profetas al pueblo Hebreo) señala que éste es "un sujeto real o imaginario en cuyo advenimiento hay puesta confianza inmotivada o desmedida".

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