Unos 150 ex presos políticos podrán acceder a una pensión

Unos 150 ex presos políticos podrán acceder a una pensión

Está destinado a quienes fueron detenidos hasta 1983. El resarcimiento ronda los $6.000.

Los ex presos políticos de la provincia ya pueden iniciar el trámite en la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) para acceder a una pensión en resarcimiento a los daños que sufrieron por la privación de su libertad en épocas de gobiernos de facto. En uno de los organismos que nuclea a las víctimas de la violencia de Estado en la provincia, señalaron que unas ciento cincuenta personas están en condiciones de gestionar el beneficio.

“Es difícil dar un número exacto de cuántos serán los que lo soliciten. Han ido apareciendo compañeros, tenemos entre diez y quince que antes de los juicios de lesa humanidad nunca se habían presentado como ex detenidos. Habremos sido cerca de ciento cincuenta, mujeres unas treinta, lo que pasa es que muchas detenciones eran rotativas”, manifestó Lilian Videla, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en San Luis (APDH). La inexactitud para conocer la cantidad de personas que estuvieron cautivas radica en que muchas permanecieron detenidas fuera de la provincia.

El trámite es personal y gratuito. Se realiza en las oficinas de la Anses, ubicada en calle Las Heras N° 1026. Además, el turno puede pedirse en la sede puntana al correo electrónico: mjlucero@anses.gob.ar. "Por ahí andan gestores que cobran un porcentaje, sabemos de gente que llegó a pagar el 20 por ciento para hacer un trámite. Algunos compañeros están de acuerdo con pagarlo, nosotros desde la Asamblea no", aclaró Videla, quien no especificó cuánto puede demorar el proceso. Son indispensables el DNI y el número de resolución ministerial que acredita la condición de los detenidos por su militancia política, estudiantil o sindical hasta el 10 de diciembre de 1983.

La ley reparadora aprobada en noviembre de 2013 por la Cámara de Diputados, fue reglamentada en julio de este año. En el país, alrededor de diez mil ex presos políticos están en condiciones de gestionar la pensión.

El monto de la indemnización mensual oscila entre los 5.000 y los 6.000 pesos. La falta de precisiones para determinar quiénes deben contar con esta ayuda generó malestar en algunos sectores sociales, también entre los mismos ex presos políticos. Videla reflexionó: “Personalmente, y no hablo por los compañeros, no estoy de acuerdo con esto. Es decir, sé que hay muchos que lo necesitan y me parece correcto, pero dada indiscriminadamente, a lo mejor se pensiona a gente que tiene ingresos y propiedades”. Durante la presidencia de Carlos Menem, el Estado resarció con un pago único a los ex detenidos.

Si el solicitante ya es beneficiario de un pago de similares características, Videla aclaró que “puede renunciar a una de las pensiones, pero no cobrar ambas”.  Y en caso de haber fallecido, el derecho pasará a manos del cónyuge o quien pruebe la convivencia, los hijos menores (hasta cumplir la mayoría) o aquellos que estén incapacitados para el trabajo.

Uno de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Gobierno, Julio Braverman, opinó que el resarcimiento en sí mismo no podrá recomponer la vida de las familias que quedaron mutiladas.

A diferencia de otras naciones, en las que los propios condenados por crímenes de lesa humanidad debieron responder con sus bienes, Braverman expresó que en este caso será el Estado el que repare “con el patrimonio público, los gastos que demanda la indemnización”.

Comentá la nota