Unos 4.000 docentes jubilados que hace un año habían recibido la grata noticia de que la Justicia Federal había fallado a su favor en un caso millonario contra la ANSES todavía no cobraron el dinero que les corresponde. El motivo de la demora es una apelación de la sentencia inicial que aún no se resuelve. 

La historia comenzó hace 19 años, en 1996, cuando se decidió transferir la Caja de Jubilaciones de la Provincia a la Nación, es decir, a la ANSES. Ese cambio implicó que miles de docentes jubilados empezaran a cobrar entre 40% y 50% de lo que ganaban cuando aún trabajaban, ya que la Ley General de Jubilaciones no contempla la movilidad de los haberes.

En agosto de 2005, se inició un proceso judicial en el que el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) patrocinó a todos los damnificados. El objetivo de la demanda era que todos los que habían sido transferidos volvieran a percibir el 82% móvil y que, de manera retroactiva, se reintegrara ese porcentaje desde setiembre de 2003 hasta el momento de la liquidación. 

Luego de años de espera, el caso por fin tuvo su primera sentencia el 18 de marzo de 2014. Allí, la sala 3 del Juzgado Federal N°2 decretó que la ANSES debía efectuar el reajuste de los haberes conforme a la legislación por la que los actores obtuvieron el beneficio y pagarlos de ese modo.

Además, le ordenaba recalcular esos haberes desde el 6 de setiembre de 2003 hasta la fecha de la liquidación para establecer las diferencias existentes entre lo que cobraron y lo que debían cobrar. Dichas diferencias deben ser abonadas por la entidad de manera retroactiva y sumando los intereses establecidos en la sentencia, es decir, la tasa pasiva del Banco de la Nación Argentina.

Sin embargo, una serie de recursos presentados por la Provincia y ANSES dilataron el cobro de tal manera que todavía ninguno de los docentes retirados pudo regularizar su situación. En noviembre de 2014, el Estado mendocino y el organismo apelaron los fallos de todos los expedientes en la Cámara de Apelaciones Federal.

“Una vez que presentaron las apelaciones, se intimó a la Provincia para que instituyera un domicilio electrónico. Cuando los expedientes estén en la Cámara de Apelaciones Federal, con competencia y asiento en Mendoza, ANSES y Provincia tienen que fundamentar esa apelación. Cuando eso ocurra, la Cámara emite el plazo”, explicó Héctor Santander, abogado del SUTE que maneja la causa.

Los jubilados que realizaron la demanda son casi 4.000 y sus expedientes están divididos en unos 300 grupos. Si la sentencia de la apelación no modifica el fallo inicial, ANSES deberá liquidar individualmente cada caso y dispone de 120 días para hacerlo. De todas formas, como los expedientes están divididos, se hace un proceso escalonado a medida que salen las sentencias y quedan firmes.

Santander aseguró que la perspectiva ante la apelación es “sumamente auspiciosa, ya que la sentencia inicial está bien hecha, conforme a las normas de procedimiento”. Además, los antecedentes y las pruebas de expedientes están fundamentadas en la jurisprudencia actual de la Cámara Nacional de la Seguridad Social y de la Corte de la Nación.

“Lo habitual que ocurre en todos los procesos desde hace varios años es que termine ahí y no se recurra a ninguna instancia superior. Es muy difícil que en la apelación se pueda esgrimir un argumento nuevo”, cerró el abogado.