Unos apuran, otros frenan y el país padece

Por: Alberto Fernández.

En mis días de estudiante de abogacía, cuando fue el derecho procesal la materia por superar en la carrera, recuerdo haber leído una singular "teoría de los dos testigos" que analizaba el modo en que dos personas observaban de modo diferente un mismo hecho.

La perspectiva desde la cual el suceso era vivenciado, la luz que iluminaba el acontecimiento y hasta el ánimo que afectaba a cada testigo en el momento del evento determinaban que cada uno lo percibiera de diversa manera. La doctrina relativizaba el valor de los testimonios debido a que una misma escena, como resultado de la subjetividad que encierra toda apreciación, deparaba más de una realidad. Por esa vía se pusieron en jaque viejas reglas procesales que, tarifando las probanzas en el juicio, sostenían que los dichos de dos testigos probaban suficientemente el hecho objeto de juzgamiento.

En la antigüedad, algunos filosofaron preguntándose si dentro del mismo espejo que reflejaba la imagen transcurría una realidad que sólo coincidía con la del reflejado en el mismísimo instante en que éste se observaba en él. La física cuántica, en cierta, medida reparó en el mismo dilema y alguien formuló la "teoría de los universos paralelos" sosteniendo que coexisten en la realidad múltiples mundos en los que cada consecuencia probable a un suceso se transforma en una realidad en otro de los universos.

En el mundo del derecho, de la filosofía o de la física, la pregunta siempre es la misma: ¿Qué define la realidad?

La realidad parece ser de muy difícil definición, precisamente porque está condicionada por interpretaciones subjetivas. En la modernidad, muchas de esas interpretaciones están determinadas por ventajas personales o corporativas. Allí, la distorsión no viene de la percepción sino de los intereses que se representan o se tutelan.

Nunca pensé, en esos días de juventud universitaria, que aquellas teorías me servirían para entender mejor nuestra realidad social y política.

En la Argentina, conviven hoy –por lo menos– dos realidades. Hay una realidad institucional dispuesta en la elección de octubre de 2007 que convive con una realidad social que ofrece otra visión del presente a partir del resultado electoral de junio último.

En octubre de 2007, elección en la cual resultó elegida la actual Presidenta, el gobierno nacional contó con un apoyo popular cercano al 46 por ciento. Merced a ese resultado, que se sumaba al obtenido dos años antes, el oficialismo logró consolidar en ambas cámaras del Congreso mayorías que le permitieron impulsar, sostener y sancionar diversas normas legales.

Sin embargo, a partir del desarrollo de la disputa nunca saldada con la dirigencia agropecuaria, las dificultades para construir consensos, la pérdida de pluralismo, entre otras cosas, determinaron que el Gobierno viera languidecer la adhesión social padeciendo, a la vez, el abandono de varios legisladores que tomaron distancia de sus bloques parlamentarios.

El clima social siguió enrareciéndose de tal modo que al concluir la jornada electoral del 28 de junio último los votantes repartieron casi en partes iguales la representación política y así el Gobierno decreció en más de 15 puntos su caudal electoral.

Es bueno recordar aquí que si hubiéramos seguido las pautas institucionales antes vigentes, la política argentina aún estaría en campaña mirando al último domingo de octubre como fecha culminante.

Pero el día de la votación fue alterado y adelantado cuatro meses atendiendo a la razonable necesidad de quitar incertidumbres ante un cuadro económico que se mostraba por demás preocupante. Todo parecía indicar que un triunfo o una derrota del oficialismo debían plasmarse cuanto antes para dar certezas a quienes operan en la economía real.

Lo cierto fue que, con el resultado electoral sobre la mesa, el Gobierno y el Congreso Nacional siguieron funcionando como si aquellos sufragios no hubieran sido emitidos por los argentinos. Así, amparado en una institucionalidad vigente, el oficialismo sigue promoviendo la sanción de normas que siempre estuvieron en su agenda política sin atender a la expresión social emanada de los votos emitidos el último domingo del junio pasado.

Desde la oposición se advierte la dicotomía y se exageran las consecuencias negativas que esa realidad conlleva. Entonces, se escuchan voces que incomprensiblemente recomiendan suspender la labor parlamentaria hasta el próximo 10 de diciembre, momento en que ambas realidades –la institucional y la política– volverán a compatibilizarse. Los más osados hasta se animan a reclamar un desafío a la Constitución Nacional desalojando de sus bancas a legisladores con mandato vigente para reemplazarlos por otros que, aunque han sido elegidos popularmente, aún no tienen aptitud legal para ocupar esos escaños.

Así, la Argentina, una vez más, comienza a transitar incómodos senderos en los que parece haber lugar sólo para uno, dejando al margen a todos los demás que participan de visiones diferentes. Con discursos grandilocuentes se proponen leyes fundacionales que, se dice, consolidarán la calidad democrática. Entonces, algunos sostienen que tamañas normas deben ser tratadas y aprobadas en el perentorio plazo de 30 días. Los otros, advertidos de la precariedad numérica que aún cargan en el Parlamento, reclaman que esas leyes duerman en una suerte de limbo legislativo hasta que la nueva realidad política nacida al calor de los sufragios de junio se vuelva institucionalidad de la República. Los primeros buscan aprovechar los últimos instantes de una mayoría que fenece. Los segundos pretenden que el país se inmovilice hasta el momento en que la institucionalidad refleje el crecimiento que los votos les han dado.

En ese escenario, el país vuelve a conmoverse. Aquellas certezas que se buscaban adelantando las elecciones para generar confianza en nuestra economía han pasado a un segundo plano. Sin atender a las consecuencias, todo debe precipitarse temiendo que en diciembre se exprese un sinfín de condicionamientos para la acción del Gobierno.

Unos apuran, otros frenan y el país padece. El conflicto vuelve a asomar, la sociedad se inquieta y la economía se retrae expectante, dudando sobre lo que nos puede deparar el futuro.

Cuando asoman estas contradicciones en nuestro país dejando al descubierto visiones tan distintas expresadas por actores coetáneos en un mismo escenario político, es cuando viene a la memoria aquella teoría de los dos testigos y los dilemas existenciales propios de la multiplicidad de las realidades. ¿Cómo se explica el ciudadano común que la sentencia electoral que dictó con su voto en junio último ha de plasmarse recién cuando el año esté concluyendo? ¿Cómo se entiende que aquellos sufragios que para los mismos candidatos del Gobierno tenían un sentido plebicitario de la gestión sean desoídos por la misma administración que pretendía ese plebiscito? ¿Cómo se vive en una sociedad en la cual la voz ciudadana parece ser esencialmente un trámite de la democracia antes que su misma esencia?

Hay, en la Argentina, por lo menos, dos realidades. Esas realidades son percibidas según sea el lugar en que cada observador se pare. Si se miran los hechos desde la vereda del oficialismo, prevalece una idea que tiende a aprovechar la vigencia institucional derivada del escenario político nacido en 2005 y consolidado en 2007, argumentando la legalidad de la vigencia de los mandatos. Si la realidad es percibida desde la orilla opositora, aquel escenario se ha desintegrado con los votos emitidos a mediados de este año y el problema no es de vigencia de mandatos, sino de legitimidad.

Más allá de esta dualidad de imágenes hay una sola Argentina que sigue debatiéndose enredada en sus propios problemas. Ése es el país donde la actividad industrial no mejora, la agricultura sufre, la crisis internacional no abre mercados para nuestras exportaciones, el déficit fiscal amenaza, el desempleo aumenta y la crisis social se padece día a día.

En sus días de presidente, Néstor Kirchner solía repetir en sus discursos que todos éramos dueños de una verdad relativa y que sólo confrontando nuestras visiones parciales podríamos alcanzar una "verdad superadora". ¿Cuánto quedará de aquellas reflexiones?

Lo sensato es buscar puntos de encuentro y no de confrontación destructiva. Lo razonable es avanzar hasta allí donde la sociedad parece dispuesta a comprender y acompañar, pero no más. El Gobierno debería dar cuenta de que ya no puede ni debe actuar como si se hubiera plebiscitado positivamente su gestión. Pero también es esperable que, en el punto del debate, la oposición deje de esgrimir sólo rechazos y denuncias como si la campaña siguiera. Se trata de trabajar para el país: ante cada "no" hay que esgrimir un "sí" y formular una propuesta que conecte con los problemas y las necesidades de los argentinos.

Si así no lo hacemos, estaremos profundizando las incertidumbres que queríamos eludir aquel día en que se adelantaron los comicios. Mientras tanto, seguiremos atrapados en debates en los que no se busca la transformación de la realidad sino la consolidación de ciertos intereses en pugna.

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