El estatuto de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) fijó entre sus fines  “el respeto y defensa de los derechos humanos, de la igualdad de oportunidades y de la no discriminación, contribuyendo en todo momento a la confraternidad y a la paz entre los pueblos”. En ese contexto, sus autoridades consideraron que la institución de educación superior no podía permanecer al margen de los gravísimos episodios que tuvieron lugar durante la movilización de apoyo a los reclamos de la comunidad mapuche Pu Lof, que derivaron en represión por parte de Gendarmería Nacional y la posterior desaparición del joven Santiago Maldonado.

Por ese motivo, el Consejo Superior de la UNLa (el máximo órgano de gobierno de la Universidad) emitió una resolución (00137/17) donde repudia “la acción represiva del Estado Nacional en la comunidad mapuche Pu Lof”. Y requiere al Estado Nacional el cumplimiento de la “solicitud urgente” del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas” y “el imperioso desarrollo de todas las acciones a su alcance para la búsqueda y localización de Santiago Maldonado”.

Entre sus considerandos, el texto de la Universidad resalta “que según surge de las imágenes reproducidas en los medios y de los relatos de testigos y participantes, personal dependiente de Gendarmería Nacional agredió a los integrantes de la comunidad vulnerando los derechos a la libertad de expresión, de reunión y de participación política, reconocidos por la Constitución Nacional y por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

Otro de los párrafos advierte que el Estado Nacional “no se encuentra disponiendo los medios necesarios para el esclarecimiento del hecho, ni actuando con la celeridad y ecuanimidad procedimental que requiere el caso”.