Así lo indicaron a LA NACIONfuentes de la UBA y de otra alta casa de estudios, que forman parte del comité académico designado por el Gobierno hace un año para realizar un diagnóstico sobre este cuestionado organismo, intervenido de hecho para alterar las estadísticas oficiales.

Pese al receso invernal, los profesores y funcionarios universitarios dedicaron esta semana a armonizar los documentos internos de cada una de las universidades participantes -UBA, Tres de Febrero, Tucumán, Rosario y Mar del Plata- y a cotejarlos entre sí para ver si es posible entregar un solo informe al ministro de Economía, Amado Boudou.

Fuentes del rectorado de la UBA aclararon que se mantienen dos ejes centrales del cuestionamiento a las tareas de los funcionarios designados a partir de 2007 por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y ratificados por Boudou: "La inconsistencia de la información para medir los precios al consumidor y las graves fallas institucionales, tanto en la designación como en el desplazamiento de funcionarios". Pese a los fuertes cruces internos que abundaron, sobre todo el año pasado, dentro de la UBA, al parecer se pudo llegar a la redacción de un solo documento, que ahora será girado por el rector Rubén Hallú a Boudou.

También el tiempo parece haber allanado las diferencias con las otras universidades, por lo que "si se logra un solo documento habrá puntos de vista complementarios, que recogen lo que ya se dijo en su momento públicamente", señaló a LA NACION Jorge Fernández Bussy, de la Universidad de Tres de Febrero.

Desplazamientos

A fin del año pasado, los integrantes del CAES se quejaron de la falta de información por parte de la conducción del Indec, que integran Ana Edwin y Norberto Itzcovich, y pidieron prorrogar la fecha del censo nacional de población. La primera cuestión se subsanó con cuentagotas y sobre la segunda el Gobierno ratificó la fecha de octubre próximo, pese a que se cuestionó la falta de éxito en las experiencias piloto.

La Universidad de Mar del Plata ratificó -tal como lo había denunciado el gremio ATE- que desde la intervención de 2007 ingresaron sin concurso más de 600 personas, lo que se suma al desplazamiento de los funcionarios que antes conducían las mediciones de inflación (IPC) y la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Por lo tanto, las sugerencias girarán en torno de la necesidad de concursar nuevamente los principales cargos del organismo.

En relación con el IPC, aunque Itzcovich suele defender la denominada "metodología 13" para medirlo, en realidad funcionarios del organismo denunciaron que sólo se toma en cuenta la mitad de los productos registrados en la misma (400 sobre 800), y las universidades creen que los resultados de esas mediciones son alterados para minimizar el problema inflacionario.

"La variación de precios no se mide en forma correcta", indicaron desde la UBA. No habrá de todos modos un cálculo de cuál fue la inflación real acumulada ni una acusación directa de manipulación que pueda generarle juicios al Estado.

Para cumplir con la letra del decreto presidencial, los académicos tomaron distancia de los proyectos barajados por la oposición para normalizar el Indec, más allá de los apoyos individuales que manifestaron.

En ese sentido, los legisladores que tomaron este tema como prioritario creen que el informe de las universidades será un insumo clave para avanzar luego del receso invernal, en un proyecto consensuado entre los bloques de la UCR, Peronismo Federal, Coalición Cívica, GEN, Partido Socialista y Pro.

La diputada de Pro Laura Alonso dijo a LA NACION que "el Indec debe ser una persona jurídica de derecho público independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, es decir, se lo retira de la órbita del Poder Ejecutivo", y aclaró que, con la nueva ley, quedarían sin efecto los desplazamientos registrados desde fines de 2006.