Tal como publicó LaTecla.Info, el Partido Justicialista (PJ) realizará este jueves un congreso partidario en el microestadio del club Ferro Carril Oeste en Capital Federal, con el objetivo de poner primera marcha en la conformación de un frente electoral opositor a nivel nacional que derrote a Mauricio Macri y la alianza de gobierno en las urnas de agosto y octubre.

Por ello, mañana intentará conseguir una foto que retrate la convergencia de distintos sectores; y que ésta sirva a su vez como plataforma de convocatoria a otros partidos de la oposición.

En esta línea, el PJ primero buscará asegurarse a los propios y luego insistirá en llamar a los gobernadores justicialistas, hoy abroquelados en Alternativa Federal, y distanciados del partido.

 

La unidad partidaria, en este contexto, resulta clave para constituir un "gran frente patriótico" como ya lo hicieron en La Pampa, Santa Fe y Entre Ríos, y algunas e importantes localidades del interior. 

Sin embargo, esos mismos dirigentes que bregan por la unidad a nivel nacional admiten que "es imposible lograr convencer a todos porque hay algunos gobernadores que están en otra sintonía".

En ese intento de lograr una amplitud cada vez mayor, se incorporaron al organismo el ex Jefe de Gabinete, Alberto Fernández y el titular del PJ bonaerense, Fernando Gray, que según informaron desde su entorno tuvo que sumarse un poco más tarde al encuentro (por eso no aparece en la foto) porque tenía una actividad impostergable en Esteban Echeverría.

Más allá de eso, otra de las cuestiones que se tocarán en el Congreso tiene que ver con la posible judicialización de las elecciones. Es que, una serie de decretos del presidente Mauricio Macri generaron pesadumbre en el histórico estratega judicial - electoral, Jorge Landau.

Tal como publicó este medio, se trata de los decretos 45, 55 y 55, que apunta a modificaciones en la votación de las personas privadas de su libertad, de los residentes en el extranjero y elimina el acta de escrutinio. Este último es el punto que mayor conflicto genera en la oposición, que estudia realizar una presentación judicial y otra en la Cámara de Diputados de la Nación para declarar la inconstitucionalidad del decreto.

Es que, la reforma que Cambiemos impuso sin debate parlamentario gobierno elimina los certificados de votación que le queda a cada fiscal. Historicamente, las actas son escritas a mano y firmados por cada una de las autoridades de mesa. Sin embargo, con la firma presidencial ya no correrán en las próximas elecciones y solamente habrá una copia del acta oficial.

En ese marco, mientras el gobierno asegura que con la nueva implementación no “habrá errores de confección”, desde el PJ advierten que es una herramienta que puede garantizar el fraude. “No habrá control cruzado de las actas”, explicaron y apuntaron que el decreto “sabotea la base del sistema”.