Único

Una jueza absolvió al ex presidente del EMDeR Norberto Alonso, acusado de malversación por la Defensora del Pueblo. Su falta fue poner un empleado contratado como reemplazo de un municipal que estaba de licencia. El empleado era único.
Una vez más, la mirada de los funcionarios suspicaces trajo al foco una denuncia efectuada sobre la nada por la Defensora del Pueblo, Mónica Felices. El destino de la causa fue únicamente la absolución, que demostró lo inútil del gasto público al seguir adelante durante cincuenta días con un juicio oral contra funcionarios de la comuna, que se sostenía sobre una interpretación errónea de las normas administrativas.

La cosa comenzó en 2005, cuando Felices inició la investigación con una denuncia de mérito suyo, ante el entonces fiscal Pablo Poggetto, hoy juez de Cámara, reemplazado en el cargo y en la causa por Eduardo Amavet.

Dijo la Defensora que era necesario investigar a Norberto Alonso, ex presidente del Ente Municipal de Recreación y Deportes, además de a Eduardo Daniel Bombina, Luis Omar Queral, Mario Gustavo Larrieu, Roberto Manuel Ortea y Oscar Ernesto Goncebate. Los delitos que se les adjudicaban en diferente proporción iban desde incumplimiento de los deberes de funcionario público hasta malversación de caudales públicos, defraudación agravada en concurso ideal, falsificación ideológica de instrumento público agravada en concurso real, falsificación ideológica de documento público en concurso, y más.

Por supuesto que todos los abogados defensores partieron de adelantarse en estimar que los delitos en cuestión no estaban en absolutos probados por el fiscal, y que además las pruebas con que contaba eran insuficientes para dar por cumplidas las circunstancias que se relatan en la causa. Pero de todas maneras, una vez que se ha hecho rodar la rueda, el juicio continúa hasta darse por finalizado.

El fiscal había dicho que los hechos narrados databan de 2005, y que incluían abuso de atribuciones por parte del presidente del EMDeR. A su entender, Alonso había violado la normativa vigente cuando reemplazó a un empleado de planta permanente en uso de licencia, Mario Caporaletti, quien se desempeñaba en Sierra de los Padres. En su lugar designó a una persona de la firma Umaga SRL, por el término de quince días. La empresa en cuestión se encontraba contratada para la realización de obras de albañilería y plomería en Parque Camet.

De esta manera, caudales que se habían autorizado fueron utilizados para un fin diferente del previsto. Se trata de la suma de $2.700 que debían usarse para una cosa y se usaron para otra. Convengamos: nadie se los llevó a su casa ni los transfirió a su propia cuenta bancaria.

Por supuesto que el fiscal estableció que, para cumplir con esta acción, Alonso debía de haber contado con la colaboración necesaria de Bombina, que era responsable de Laguna de los Padres, quien habría certificado una extensión laboral indebida.

La quinta propia

El real escándalo se armó cuando se supo que había personal contratado cubriendo funciones de un empleado de planta municipal, y todo el mundo sabe que en el ambiente sindical, hay ciertas cosas que no se toleran. La designación decía que, como el empleado se iba de licencia y no había quién lo reemplazara en esas funciones, el sitio no se podía dejar sin mantenimiento y custodia; se llamaría a alguien haciendo uso de las horas contratadas a la firma Umaga SRL.

El que estaba de licencia no es otro que el casero de la planta de campamento de Laguna de los Padres, y no trabajaría entre el 15 al 29 de agosto. Si se toman en cuenta los pasos administrativos que prevé el reemplazo y el tiempo que insumiría, se entiende que se haya buscado la forma de resolver la ausencia cubriéndola con personal contratado para la limpieza. No podía quedar el campamento sin control.

De aquí en más, son cincuenta días de un juicio absurdo en los cuales el Poder Judicial discute si la firma de Alonso va primera o segunda, si las planillas hicieron o no el recorrido previsto, si el pedido de licencia pasó o no por Infraestructura y por el jefe de Personal, si las cuestiones se consignaron o no debidamente en el legajo.

Declaró Eduardo Benedetti -porque ocupó el cargo de Alonso durante todo el 2006- y dijo que en cuanto asumió le indicaron que el tema de la limpieza era un problema. Afirmó que, si bien no era habitual que un contratado ocupara el sitio de un empleado de planta, tampoco era extraño, dentro de las funciones para las cuales se hubiera hecho la licitación. Pero que sabía que el verdadero problema se suscitaría, en el caso de que esto pasara, con el delegado sindical, que siempre querría que la ausencia redundara en horas extra pagas para el personal municipal y no para la empresa licitante.

Por supuesto, el fiscal hizo hincapié en que la tercerización del servicio de limpieza era inconveniente para los empleados municipales, planteando un debate fuera del espacio apropiado para tal fin. Más allá de la conveniencia, lo que está en discusión es la legalidad de los hechos.

La jueza Ana María Fernández, de reciente nombramiento, estableció con valentía las bases claras de su decisión: no hay una normativa clara para designar reemplazante de un casero en uso de licencia con sueldo, ya que las indicaciones se refieren a quien se encuentra en licencia sin goce de haberes. Pero como se descubrió en el sucederse de las audiencias y declaraciones, los empleados disponibles no pueden concurrir a Laguna diariamente y volver, deben vivir allí. El reemplazante contratado, Mariano Segura, vivía a 150 metros del lugar, y pudo superar los inconvenientes: conocía la planta porque era quien limpiaba los baños los fines de semana, y aparecía como lo suficientemente confiable como para ser designado en un sitio donde concurren chicos a acampar.

Peso a peso

Y como si esto fuera poco, resulta que el trabajo de casero es de tiempo completo, es decir de 24 horas. Por eso es que la jueza tuvo a bien abocarse a evaluar lo que llamó una cuestión de costo/beneficio: el reemplazo normal hubiera debido ocupar a tres empleados municipales, y el valor de las horas extra que hubiera correspondido abonar hubiera sido por entonces de entre $8 y $10 la hora. "Puedo en consecuencia concluir que el reemplazo por personal contratado (…) y aun cuando hubiera sido dispuesto por Alonso, devino acertado, toda vez que, de haber sido cubierto por un empleado municipal (…) el costo para el erario público hubiera sido mayor que el generado en la emergencia por la contratación referida", dijo la magistrada, y absolvió a Alonso de lo que se le achacaba.

Como si esto fuera poco, la licencia de Caporaletti era la compensación de días adeudados por presentismo, ya que se desempeña en una tarea que incluye sábados y domingos, y se le otorgan cinco días libres por cuatrimestre en justa retribución al presentismo perfecto. Hasta ese momento sólo había hecho uso de una licencia por matrimonio, ocasión en la que había sido también reemplazado por personal contratado.

El lector supondrá que el Defensor del Pueblo debería estar defendiendo al pueblo. Defendiéndolo de las vejaciones a las que es sometido por acción o por obra, por estafa o por maltrato, por faltas constantes a la dignidad física y moral. Eso es lo que hace el Defensor del Pueblo. Lo que debería. De la misma manera que el fiscal tiene una obligación concreta en la representación de la vindicta pública por la comisión de un delito supuesto, que él respalda como verificable.

Se preguntará el lector cómo es posible que estuviera el fiscal ocupándose de qué es lo que conviene más al gremio de los empleados municipales. Todo el mundo se pregunta lo mismo. El casero de Laguna no es el único que no tiene reemplazo. Si nuestro Defensor del Pueblo no está haciendo lo que debe, si nuestro fiscal está ocupándose de lo que no le compete, además de costar muy caro su capricho, su tarea queda vacante y no hay modo de mandar en su reemplazo a un empleado contratado. Ni siquiera de limpieza.

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