Relato y atrincheramiento. Con esos dos recursos, Cristina Fernández va navegando la crisis e instala la impresión, frente al vacío político e institucional, que su último año en el poder no le estaría marcando ningún límite ni la forzaría a alguna concesión. Con aquel relato, sobre todo en materia económica, se distanciaría de una mayoría social pero encorsetaría el debate con los candidatos de la oposición. El atrincheramiento –o la defensa– sería otra cosa: la Presidenta necesita de sus incondicionales ahora mismo ante la imposibilidad de construir una sucesión; también para cuando regrese al llano en el 2015.

El auténtico problema sin control son los escándalos que la rodean y la corrupción que empieza a tener marquesina más amplia en el exterior que en la Argentina. La incomodidad doméstica la provoca sólo Amado Boudou, el caso Ciccone y sus continuas ramificaciones. Le alcanza con borrar de la escena, como lo hace, al vicepresidente. No puede, en cambio, con la angurria de los fondos buitre, que siguen escarbando en las rutas clandestinas del dinero K porque el Gobierno no les paga el juicio que ganaron en Nueva York. Le sigue inquietando, además, la acción de la Justicia en Uruguay que también anda detrás del empresario patagónico, Lázaro Báez.

La jueza uruguaya Adriana de los Santos está terminando de redactar otro exhorto dirigido a la Justicia argentina. Sustancia causas abiertas por presunto lavado de dinero que involucran a Báez. Había enviado uno a mediados del 2013 pero nunca tuvo respuesta. La red tendida por el kirchnerismo lo esterilizó. Primero desde la Cancillería que ocupa Héctor Timerman. Objetaron aquel exhorto un par de veces por supuestos vicios de forma. Superado ese filtro, el trámite llegó hasta el escritorio de Sebastián Casanello. Ese joven magistrado, de sintonía con La Cámpora, es un hombre eficaz en la retaguardia K. Archivó el papel de su colega uruguaya y distrajo el expediente buscando nexos entre Báez y el valijero Leo Fariña. En agosto decidió cerrar la causa por la supuesta existencia de una caja fuerte en el sótano de la casa del empresario K en Río Gallegos. Contó, en ese caso, con el aval del fiscal Guillermo Marijuan.

La jueza De los Santos maneja dos de las causas en que está apuntado Báez. En ninguna recibió colaboración de la Justicia argentina. “Casanello nunca contestó. Pero exhortos similares fueron girados a distintos juzgados argentinos. No ha habido reciprocidad informativa”, confirmó una jerarquizada fuente de la diplomacia uruguaya. La hipótesis sobre lavado de dinero tiene relación con varias inversiones en Uruguay en las cuales surgirían cruces de 50 sociedades fantasmas, con domicilios en Buenos Aires, Montevideo y Panamá.

Báez, sin embargo, no estaría sólo. El juez uruguayo especializado en Crimen Organizado, Néstor Valetti, prepara para los próximos días un pedido de extradición de Alejandro Vandenbroele, a quien se considera testaferro de Boudou, también por supuesto lavado de dinero.

Tal vez, el marco político en Uruguay pueda constituir un condicionante transitorio. El próximo domingo se realizan las elecciones presidenciales que tiene como favorito a Tabaré Vázquez, del oficialista Frente Amplio. Pero con la firme posibilidad de que deba aguardar hasta el último domingo de noviembre para consagrarse en la segunda vuelta. El retador salió del bipartidismo tradicional: es Luis Lacalle Pou, hijo del ex presidente blanco. Ninguna perspectiva asomaría tranquilizadora para Cristina. La relación bilateral se recompuso, luego del absurdo incidente con la pastera de Fray Bentos, gracias a la paciencia de José Mujica. Aunque esa tolerancia le restó parte del crédito popular al Frente Amplio. El lugar de Mujica podría ocuparlo Tabaré: el médico tuvo una pésima vinculación con los Kirchner desde que resolvió no detener la instalación de aquella primera pastera. Ya hay dos funcionando y otra en obra en la vecina orilla. Si Tabaré no retornara al poder lo haría Lacalle Pou. De lo malo a lo peor. En plena campaña, el pretendiente presidencial refirió a Cristina como una persona “desequilibrada”. El Partido Blanco supo tener una tradición histórica de convivencia con el peronismo. El kirchnerismo es otra cosa.

Las malas noticias para la Presidenta siguen arribando también desde Estados Unidos. Los buitres no aflojan la extorsión. Después de la primera presentación, la semana anterior, ahora requirieron al juez de Nevada, Cam Farembach, que investigue al empresario Cristóbal López y sus posibles negocios con el matrimonio Kirchner. Se trata de la causa que también sigue la ruta clandestina de Báez en 123 sociedades detectadas en el exterior. La novedad sería que en el listado de posibles nexos se incluye por primera vez a Máximo, el hijo varón de los Kirchner y posible futuro candidato en Santa Cruz.

La información tuvo en la Argentina sólo una limitada onda expansiva mediática. Se entiende por qué razón Cristina, cada semana, en cada aparición pública, embiste contra los medios de comunicación que no le responden. El juez Casanello, que lleva la investigación local de Báez, no da señales de vida ni solicita alguna información al juez de Nevada. No sorprende tanto su pasividad como la de los fiscales. Marijuan lo asiste en develar las rutas del dinero clandestino K.

No toda la desatención correspondería al Poder Judicial, primero en el orden de responsabilidades. Los aspirantes a la sucesión presidencial, excepto Elisa Carrió, parecieran ocupados en atender el conflicto con los buitres desde un sólo costado: el que atañe al perjuicio económico y social. Ninguno se atreve aún a correr el velo e indagar si las denuncias de los holdouts son sólo humo o esconden alguna verdad. Enlazada con casos de grave corrupción. Mauricio Macri promete espantar a los buitres con la solución del diferendo, si le toca llegar al poder. Sergio Massa impulsó en el Congreso un atajo para el pleito que tampoco significaba la salida final. El silencio de Daniel Scioli resulta conmovedor. No se le podría demandar otra cosa a su lógica política. La batalla del relato la iría ganando en ese plano, por varios cuerpos, Cristina. La bandera “Patria o buitres” parece retraer a los principales dirigentes políticos.

Aquella parcial victoria de Cristina podría toparse con un escollo: el agravamiento de la situación económica. ¿Podrá continuar el Gobierno sin ayuda externa hasta el 2015? ¿Será un pacto con los buitres la única receta factible? ¿Soportará la Presidenta la presión que significan las revelaciones sobre las rutas clandestinas del dinero K? Las pistas que va brindando Axel Kicillof son oscilantes. Volvió a cargar contra el juez Thomas Griesa y contra el mediador, Dan Pollack, por una reunión intrascendente con los abogados de las partes. Aunque el ministro de Economía, en su tránsito por el FMI y en encuentros privados, deslizó que sólo estaría dispuesto a contemplar algún acuerdo con el total de los holdouts. Con todos los que quedaron afuera de los canjes y no sólo con aquellos que litigaron y ganaron. Una manera elegante de incluir también a los buitres.

El kirchnerismo estaría decidido a excluirse definitivamente del debate económico sobre el tiempo que vendrá. Cristina sólo refiere a la crisis del 2001 y a la supuesta epopeya posterior que inició Néstor Kirchner. Cuando debe hablar del presente falsea la realidad. La inflación se sigue devorando a la economía y los salarios. Kicillof atiende la paridad del dólar pero las reservas del Banco Central continúan en fuga. Tampoco el Gobierno tercia en la cuestión de la inseguridad, un flagelo cotidiano. La lucha contra la inflación y contra el delito podrían ser las vigas maestras sobre las cuales los presidenciables construirían la próxima expectativa popular. Scioli y los candidatos ultra K se enfrentarían a una encrucijada.

Las nuevas mediciones inflacionarias del INDEC han dejado de servir. En lo que va del 2014 acumula un aumento del 20% mientras las consultoras privadas y la oposición estiman un 31%. La brecha entre la ficción y la realidad se agranda. A ese desconcierto K lo patentizó el secretario de Comercio. Augusto Costa declaró que la tendencia de los precios era a la desaceleración. Horas después el propio INDEC lo desairó. Anunció un 1,4% para septiembre. Había sido de un 1,3% en agosto.

Es cierto que demasiadas cosas del relato K han dejado de sorprender y transcurren en la escena con inmutable impunidad. Es cierto, por otra parte, que con la manipulación de las palabras le estaría bastando a Cristina y los suyos para rumbear la agenda. De esa forma metieron a los opositores en la obligación de aclarar que nada malo ocurrirá si alguno de ellos triunfa en el 2015. Scioli los corrió al afirmar que vienen vaticinando el apocalipsis. Jorge Capitanich toreó a Macri porque dijo que no privatizaría YPF, pese a que sus legisladores votaron en contra de la estatización. Casi candideces, sin dudas, comparadas con la advertencia que hizo un funcionario marginal al cual el kichnerismo protege. Alex Freyre sostuvo que de ganar la oposición, los enfermos de sida en el país morirían por la falta de medicamentos.

Quizás haya desnudado como nadie la inmoralidad que encubre el relato.