La norma fija una estricta regulación para la radicación de grandes superficies y, en la práctica, impide la instalación de ferias como La Salada.
La iniciativa impulsada desde el oficialismo fue consensuada por todos los bloques y será aprobada por unanimidad en la última sesión del período ordinario.
Ocurre que la norma debe entrar en vigencia antes del 12 de febrero, fecha en que vence la ley sancionada en agosto pasado, que declaró en riesgo el sistema comercial de Córdoba y suspendió, por 180 días, la radicación en la provincia de formatos no tradicionales y ferias.
Toda la legislación surgió a partir de conocerse que uno de los grupos empresariales de La Salada “Urkupiña” de Buenos Aires tenía decidido instalarse a partir de octubre en el complejo Forja de la ciudad de Córdoba, con 500 puestos.
Aunque se le cambió el nombre, la feria que pretendió radicarse en Córdoba no pudo hacerlo ante la negativa del intendente Ramón Mestre a autorizar ese formato comercial.
Aunque los empresarios prometían cumplir con todos los requisitos legales, La Salada de Lomas de Zamora está cuestionada por la presunta falsificación de marcas, la alta informalidad laboral y la evasión impositiva, entre otros aspectos. A fines de noviembre, la Provincia frenó la instalación de otra “saladita” en el predio de la Sociedad Rural de Córdoba, en Malagueño.
El titular de la Cámara de Comercio de Córdoba, Horacio Busso, consideró que la ley que se sancionará “es un gran paso” para el sector, aunque opinó que pudo haberse aprobado una norma más abarcativa.
Estricta regulación. La norma que será sancionada consta de 27 artículos y fija estrictas pautas de funcionamiento para autorizar la radicación de grandes superficies comerciales y cadenas de distribución en la provincia.
Como en otros sectores, se fija una pauta de trazabilidad que permite conocer el origen de la mercadería y toda la trayectoria de un producto a lo largo de la cadena de comercialización. En ese marco, se exige “el respeto absoluto de la ley de marcas y la garantía de aplicación de la cadena de comercialización”.
El proyecto pone el foco sobre las normas laborales, uno de los aspectos que más se trasgreden en las distintas “Saladas” bonaerenses.
Por caso, se establece que cuando la comercialización involucre a dos o más personas físicas o jurídicas en un mismo centro de compras, se debe garantizar, como mínimo, un empleado formal en relación de dependencia por cada punto de venta.
Además, se deberá asegurar la ocupación de un 80 por ciento de trabajadores residentes en el municipio donde se instale el comercio.
El trámite de habilitación de grandes superficies comerciales se iniciará ante el municipio o comuna, donde el negocio quiera instalarse. Concedida la prefactibilidad, el expediente será remitido a la Secretaría de Comercio de la provincia, que se expedirá tras evaluar numerosos factores, como impacto ambiental, entre otros.
La legisladora juecista Nancy Lizzul señaló que Comercio deberá expedir un certificado para que el empresario pueda instalarse. Dijo que el único “punto débil” es el artículo 16, que habilita “excepcionalmente” a la Secretaría de Comercio a autorizar la radicación a favor de un peticionante que no haya cumplido con todos los requisitos fijados en la ley.
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