La única forma de que se pueda plasmar la reforma judicial que planea el Gobierno tendrá que incluir una modificación sustancial del sistema de concursos para la selección de jueces que tiene a su cargo el Consejo de la Magistratura. Mientras que desde tribunales sospechan que el anuncio de reforma solo está definido a trazo grueso y que “no se escribió una letra”, todavía, del texto que ingresará al Congreso, la Casa Rosada visualizó que todo su plan podría encontrar un cuello de botella en los tiempos que demanda llevar adelante la cobertura de vacantes, más allá de que pueda solidificar un bloque mayoritario en el órgano de selección y remoción de magistrados.

Con una mayoría simple, de la mitad más uno de sus miembros, podría cambiar el reglamento, y así acelerar los pasos del proceso, desde su convocatoria al modo de ponderación de los puntajes. Hoy, desde el llamado para aplicar, pasando por la prueba escrita, las entrevistas personales y la resolución de controversias, los procesos pueden demandar –sobre todo en federal- un promedio de 3 años.

Es que el proyecto –cuyos trazos generales reveló Alberto Fernández- tendrá necesariamente que incluir muchos juzgados con vacantes que serán transformados en federales. Sería la única vía para “salvar” la incompatibilidad legal ya advertida por la Corte Suprema respecto a la imposibilidad de transformar jueces “ordinarios” en “federales”. Actualmente, en la Justicia nacional en lo criminal y correccional existen entre 28 y 32 juzgados vacantes que son subrogados por jueces titulares de otros tribunales. El Gobierno, dentro del paquete, podrá transformar esos juzgados vacantes, con su personal y sus recursos y pasarlos a la órbita federal sin entrar en colisión con los precedentes. Así, sumando esa treintena, los 12 de Comodoro Py y los 11 del fuero penal económico, alcanzará el medio centenar del que diera cuenta el Presidente. Esa cuenta gira en el trazo fino del proyecto que será presentado por el Ministerio de Justicia que encabeza Marcela Losardo.

El resto, es decir los juzgados que tienen su titularidad ahora serían traspasados a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, transfiriendo las competencias penales restantes y amalgamando su régimen con los de los actuales magistrados porteños, algo que desagrada a los jueces que se “municipalizarán”, pero que cuenta con un guiño explícito desde la Corte. ¿Qué pasará con el régimen de “flagrancia” que hoy ocupa gran parte de la agenda judicial “ordinaria”? ¿Cómo será la negociación con la Ciudad por los fondos de coparticipación? Son todos interrogantes que subyacen. Como sea, el Gobierno deberá cubrir 30 vacantes de los nuevos juzgados penales federales, dos ya arrastradas en Comodoro Py (más las de la estratégica Cámara Federal), un puñado en Tribunales Orales (por jubilación), una vacante en Penal Económico y un tribunal oral entero de esa jurisdicción. No hay manera de hacerlo siquiera a velocidad crucero con todos los reflectores apuntados a la modalidad de cobertura de esas preciadas vacantes en el Consejo que preside el camarista Alberto Lugones.

Pero hay un segundo problema, más de índole político para el Gobierno. La multiplicación de juzgados diluirá el poder de los actuales doce magistrados de Retiro pero dividirá su efectividad en medio centenar de despachos. Siguiendo la Ley de Parkinson, que enuncia que “el trabajo se expande hasta llenar el tiempo de que se dispone para su realización”, trasladado a una estructura burocrática, implica que se creará el trabajo necesario para justificar su existencia. Más que nunca aplicará la máxima de que en la Justicia federal “una carátula no se le niega a nadie”. De eso se ríen en Comodoro Py.

En ese escenario, con el sistema acusatorio acelerado, toda la estructura del Ministerio Público Fiscal de la Justicia “ordinaria”, pasaría automáticamente a la órbita federal. Por estar legalmente atado a un formato autónomo, constitucionalmente no podría quedar bajo la órbita del Poder Judicial porteño, ni ser asimilado a sus pares de la Ciudad. Sin embargo, es donde se ha dado el mayor número de bajas producto de la reforma del régimen especial de jubilaciones.

Eduardo Casal tomó una medida de emergencia. Acepta renuncias pero inmediatamente los convoca como “jubilados” para ocupar sus mismos puestos hasta que se sustancie el concurso. Fue el caso de Julio Piaggio, fiscal general de La Plata. Como quedará su “estado judicial” si esta semana se aprueba la ley que lo fulmina es un interrogante. Será un problema para el siguiente procurador. Una señal ineludible del mar de fondo fue el “regreso” del fiscal de Casación Raúl Pleé, que amagó a renunciar pero volvió a su cargo. Se trasformó así en el fiscal de Comodoro Py que adquirió más vigor como referencia pese al contexto reformista que plantea el Gobierno. En varios despachos judiciales se preguntan si no regresó para disputarle a Daniel Rafecas la jefatura de todos los fiscales. Recuerdan que con cierto aval del bloque de senadores PJ casi se convierte en el candidato que pudo haber legado la administración de Mauricio Macri. Esos lazos invisibles no desaparecieron. Menos cuando existieron dos reuniones entre Alberto Fernández y Daniel “Tano” Angelici, a quienes algunos creían retirado. En una de ellas, Angelici volvió a sugerirle al Presidente la opción de Pleé.