Unas 7.700 casas dependen de la pelea del Gobierno con el cobismo

El Ejecutivo pide el aval legislativo para tomar un crédito de la Anses por $ 650 millones. La oposición se resiste.
La guerra por la construcción de 7.700 casas que implica la autorización legislativa de un crédito de $ 650 millones de la Anses enfrenta al Gobierno con la oposición, en especial con el Frente Cívico.

El cobismo y sus aliados ponen reparos a este endeudamiento y hoy darán a conocer un plan alternativo, pero el Ejecutivo utilizará todas las armas para conseguir el miércoles la ley en la Cámara de Diputados con el argumento de que hay 5.500 viviendas que ya tienen "nombre y apellido", es decir adjudicatarios que llevan esperando la construcción de nuevos barrios "desde la gestión de (Julio) Cobos".

El Gobierno envió a fines de julio un proyecto de ley a fin de tomar un crédito por $ 650 millones para realizar 7.700 casas, a $ 84 mil cada una. La movida es parte del nuevo sistema de financiamiento público de las operatorias habitacionales que definió el Gobierno nacional al promover a la Anses como el principal organismo de financiación. Casi todas las provincias se han acogido al programa y Mendoza está a la espera de la norma para hacer uso de los fondos.

El oficialismo llevará a los adjudicatarios de las casas a la Legislatura para aumentar su poder de lobby. Es que entre estos están varios gremios estatales como el SUTE y ATSA que tienen comprometidos barrios y hasta la Uocra, quien presta mano de obra y también tiene viviendas esperando. Además, sentará con la oposición, una vez más, a la Cámara de la Construcción.

"Que le digan a la gente y a los intendentes por qué no quieren darles las casas", lanzó ayer el ministro de Infraestructura, Francisco Pérez.

La oposición pone reparos porque los 650 millones que prestará el Estado nacional tienen como garantía los recursos del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) y en última instancia la coparticipación federal de impuestos. Es decir que si los adjudicatarios no pagan las casas, estos recursos no serían girados por la administración federal a la Provincia.

Además, cuestiona la tasa de interés excesiva "del 15%" que deberá pagar el Estado provincial, quien a su vez subsidiará la tasa a los adjudicatarios unos 6 puntos.

Pero el Gobierno defiende a rajatablas el proyecto de ley. Ayer, el ministro Pérez y el presidente del IPV, Carmelo Simó, criticaron al cobismo con dureza. "No están pensando en las personas que desde hace años esperan sus casas", dijo Simó. "Hay una especulación política y claramente acá la cuestión no es el endeudamiento", dijo el ministro.

En este contexto, legisladores del oficialismo como Jorge Tanús y Carlos Bianchinelli esperan poder negociar con la oposición al menos una autorización por $ 200 millones a fin de conseguir la plata para ejecutar unas 2.000 casas que están listas para ser licitadas. Pero desde el Ejecutivo quieren el aval para endeudarse por el total del crédito: $ 650 millones.

Simó explicó que la toma del préstamo nacional es muy compleja ya que implica que Nación Fidecomisos (la fiducia del Banco Nación) emita provisoriamente un bono representativo de deuda pública mientras se estructura la emisión de un título definitivo, que debe ser aprobado por la Comisión Nacional de Valores.

Durante este lapso, que se estima en 6 meses, se paga una tasa de interés Badlar privada que es del 12% más un split (un plus) del 3%. "Esta tasa es la que objeta la oposición, pero es sólo por unos meses. Luego, cuando se coloca el bono definitivo en el mercado de valores la tasa es una Badlar pública, que ronda el 10%", dijo Simó. Esta colocación de un bono público está prevista como antesala de que la Anses preste los fondos; así se dará a los privados la posibilidad de comprar el título público con las condiciones pactadas con la Provincia.

"Si nadie acepta estos requisitos, recién ahí la Anses compra el bono", explicó el titular del IPV.

El funcionario provincial se sentará a negociar con los legisladores de la oposición y su argumento es que la autorización de la Legislatura debe ser por los $ 650 millones, pero que la Provincia no pedirá la emisión del bono por ese monto -ya que no tiene capacidad operativa para empezar a ejecutar las 7.700 casas a la vez- sino que solicitará varias series del título público, de unos $ 100 ó $ 200 millones cada una.

"Pero la herramienta legislativa la necesitamos por los $ 650 millones porque el costo del fidecomiso y los tiempos que se manejan son altos y no podemos perder plata ni más años. Si no, cada vez que queramos ejecutar nuevos barrios habrá que esperar y negociar infinitamente", dijo.

Pérez, a su turno, explicó que las garantías del Fonavi y la coparticipación no corren riesgo, como dice la oposición porque la Provincia tendrá 3 años para empezar a devolver el dinero al Gobierno nacional.

"Hay un año de gracia hasta que se terminan de construir las casas y dos más para empezar a pagar", dijo el ministro. "En ese interín la Provincia puede armar un colchón de dinero con la plata de las cuotas que deben pagar los adjudicatarios y poniendo más dinero en cada uno de los próximos presupuestos".

Objeciones y alternativas

Aunque recién hoy se conocerán los detalles técnicos de la propuesta del cobismo, el senador Guillermo Amstutz -uno de los impulsores de la idea- explicó que van a demostrar que -de forma ordenada y prudente- se puede plantear un plan de vivienda.

"El financiamiento propuesto por el proyecto que envió el Ejecutivo es totalmente perjudicial para el futuro", advirtió al mismo tiempo que expresó que sería bueno que la Nación no cambiara las reglas del juego unilateralmente.

La diputada Amalia Monserrat, por su parte, explicó que la idea era proponer otro mecanismo para conseguir los recursos necesarios para la construcción de viviendas. Los mismos saldrían de la Provincia y no condicionarían su autonomía.

"Estamos de acuerdo en que la construcción reactiva la economía y que es necesario continuar con los planes de vivienda pero no vamos a aceptar un endeudamiento a grandísimo plazo que -más tarde- va a redundar en que no se puedan seguir haciendo casas", sostuvo.

Más allá de que el resto de los partidos todavía desconoce la base del proyecto, desde el PD coinciden en la importancia del motor de la construcción como crecimiento económico pero no creen que sea bueno contraer una deuda en este momento que, además, no será la única en medio de un contexto recesivo y de rojo fiscal.

"La lógica dice que no es prudente endeudarse a una tasa anual del 12% ya que terminaremos pagando unos 1.800 millones de pesos en 15 años", comentó el diputado demócrata Alberto Sánchez quien -no obstante- quiere ver los números que mostrará el martes en la Legislatura, el ministro de Hacienda, Adrián Cerroni (ver aparte).

Sánchez cree -como la gente del Frente Cívico- que la Provincia pone mucho en juego a modo de garantía. Los recursos del Fonavi -que podrían terminar afectando al mismo IPV- y hasta la coparticipación porque el descuento de la deuda sería directo, son elementos que los legisladores no están dispuestos a entregar debido a la incertidumbre que se crearía.

"He dicho a las cámaras constructoras que, con este préstamo, podrán hacer casas ahora pero que no las harán nunca más", señaló Monserrat para señalar lo inconveniente del acuerdo.

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