Un día después de que el Indec completara la difusión de los indicadores complementarios de la inflación de julio que arrojó 2,2%, como la variación casi nula del índice general de Precios Mayoristas, y 0,7% el Índice de Costo de la Construcción, el Indec completó la serie con los datos referentes a los umbrales de indigencia y pobreza, que se determinan por el costo de las canastas básicas alimentaria y total.

Durante julio de 2019, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) con respecto a junio de 2019 fue de 2,9%, mientras que la variación de la canasta básica total (CBT) fue de 2,5%. Las variaciones interanuales de la CBA y de la CBT resultaron del 57,3% y 58,6%, respectivamente. Se trata de valores que suelen estar en la mesa de debate que determina la progresión del Salario Mínimo, Vital y Móvil, en el Consejo del Empleo, la Productividad y el SMVM.

 En julio la canasta de pobreza se encareció 2,5% y en un año 58,6%, en ambos casos muy por arriba de la inflación y del salario mínimo, vital y móvil

Tanto en el mes, como en los pasados 12 meses la CBA y CBT subieron más que el Índice general de Precios al Consumidor, manteniendo un comportamiento histórico, con algunas excepciones, que refleja con contundencia de cómo la inflación afecta más a los sectores de bajos y medios ingresos, porque en su estructura de gasto predominan los alimentos y los servicios públicos esenciales.

De ahí que el umbral de pobreza, que para el caso de una familia tipo formada por 2 adultos y 2 menores en edad escolar primaria, o inicial, alcanzó a $31.934, suele utilizarse como referencia para fijar el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Lamentablemente, en la Argentina no se dispone de una serie continua y homogénea para determinar una relación promedio histórica de largo plazo. Para el período septiembre 2002 a diciembre, la estadística del Indec y Ministerio de Hacienda de cuenta de un rango mínimo entre el SMVM y la CBA familiar de 28%, en la crisis de 2002; y un máximo de 91% a fines del primer año del tercer año del gobierno de Néstor Kirchner, en diciembre de 2006.

Luego, por el apagón estadístico se interrumpen los datos, y aparecen en abril 2016 hasta la actualidad, con una media de 51,6%, esto es el salario mínimo permitía cubrir poco más de la mitad del valor del umbral de pobreza, el cual se completa con el ingreso de otro miembro del hogar y planes de asistencia, como la Asignación Universal por hijo. En ese período el punto máximo fue de 60,5%, en enero de 2017 y el mínimo en julio último con 39,1 por ciento.

De ahí que antes del resultado de las PASO el Gobierno nacional tenía previsto la convocatoria del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, un ámbito institucional permanente de diálogo entre representantes de los trabajadores, empleadores, el Estado Nacional y el Consejo Federal del Trabajo (gobiernos provinciales) para evaluar temas referidos a las relaciones laborales como redistribución del ingreso, asistencia a desempleados, generación de empleo genuino y decente y combate al trabajo no registrado, entre otros, porque veía que los valores vigentes desde marzo de 2019 habían quedado desactualizados.

La remuneración base que allí se determina es aplicable a todos los trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo 20.744;  los de la Administración Pública Nacional y de todas las entidades y organismos que el Estado actúe como empleador; y sirve también de referencia para establecer el piso del 82% para la jubilación mínima de quienes se retiraron de cumplir formalmente con 30 años de aportes ininterrumpidos y la edad reglamentaria; así cómo también como parámetro para acceder a los diferentes planes de asistencia social.

Hernán Lacunza, Ministro de Hacienda, Finanzas y Energía y su gabinete, comenzaron a trabajar en el detalle de los efectos de las medidas de alivio a los sectores de menores ingresos anunciadas por el presidente Macri, y la resolución que pueda surgir del Consejo Nacional del Empleo

Esta mesa tripartita en la que participan trabajadores, empresarios  y el Estado en su doble rol de empleador  y homologador del acuerdo en caso de disidencias había sido convocada para ayer, pero por el cambio de ministro de Hacienda, y dado los efectos sobre las finanzas públicas, por sus derivaciones sobre el presupuesto de la Anses, se optó por posponerla para el jueves 30 de agosto.

Expectativas de aumento

El valor de julio de $12.500 por mes como salario mínimo ha quedado singularmente bajo, como lo demuestra la relación de 39,1% con el costo de la canasta de pobreza de una familia tipo.

Mientras que el máximo de la serie corta que se inicia en abril de 2016 que se tocó en enero de 2017 de 60,5% parece lejana, dadas las restricciones presupuestarias, tanto del Gobierno nacional, como de la mayoría de las empresas, en especial de las pymes.

Si se optara por un valor intermedio el nuevo nivel, seguramente con vigencia a partir de septiembre, cuando entra en vigencia el tercer ajuste trimestral de las jubilaciones, se aproximaría al 51,6% de la CBT familiar que promedió en los últimos 3 años y medio, a algo más $16.500. Significaría un incremento de 32 por ciento.

 Volver a una proporción de 51,6% del valor de la canasta familiar de pobreza exigiría acordar para septiembre un SMVM superior a 16.500 pesos

En ese caso la jubilación mínima para los que ingresaron por el régimen general subiría a $13.530, un 4,6% por sobre el ajuste del índice de movilidad que fue es de 12,22%, a $12.937,22, pero podría quedar nuevamente rezagado si se lo mantuviera fijo hasta diciembre, porque con el próximo aumento el haber mínimo del sector pasivo será de $14.067,63, y exigiría un SMVM de 17.156 pesos.