Esta semana, María Romilda Servini de Cubría pasó a ser la jueza más peligrosa para el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Superó incluso a Ariel Lijo, que cada vez cierra más el círculo sobre el vicepresidente Amado Boudou en el Caso Ciccone. Es que la magistrada maneja varias causas sensibles para el poder, entre ellas una, la de tráfico de efedrina, que podría llevarla a allanar la mismaCasa Rosada.

La causa es extensa y tiene varios involucrados. La titular del Juzgado Federal Nº1 de la Ciudad de Buenos Aires sospecha que hubo una maniobra para ingresar al menos 40.000 kilos de efedrina al país con complicidad de funcionarios de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar).

Por esa causa, están procesados José Granero, titular de la Sedronar hasta 2011, Gabriel Abboud (exsubsecretario de ese organismo), y Julio De Orué, exdirector del Registro de Precursores Químicos de la Sedronar. La jueza los considera partícipes primarios de "haber introducido al país materias primas destinadas a la fabricación de estupefacientes y alterado su destino de uso". Además, están procesados a tresresponsables farmacéuticos de Droguería Saporiti, Droguería Libertad SA y Unifarma SA.

En la causa también aparece el "Clan Zacarías", un grupo de hermanos con extensos vínculos en el gobierno. Máximo Rito Zacarías, es empleado del PAMI. Un extrabajador de la Sedronar lo acusa de interesarse en la importación de 1000 kilos de efedrina. Su hermano es Miguel Zacarías, exsecretario privado de Granero cuando estaba al frente del organismo antidrogas. Otros hermanos son Rubén Zacarías, exjefe de Ceremonial y Protocolo de la Casa de Gobierno, y Luis Zacarías, integrante de la secretaría privada de la Presidenta.

Servini también indagó a Pedro Lucas Paradelo, un exempleado del registro de precursores químicos que registra llamadas del Servicio de Comunicaciones de la Casa Militar, de Presidencia de la Nación y de la Jefatura de Gabinete. Los registros coinciden con fechas en que se presentaban autorizaciones para importar efedrina en su oficina. 

Todas las evidencias llevaron a la jueza a afirmar que el gobierno nacional fue víctima de una "maniobra narco". Aunque afirmó que "el narcotráfico tiene que tener el apoyo de adentro de alguien que sea importante". "Sino enseguida la policía los localizaría a los narcotraficantes; pero también tienen que tener apoyo de fuerzas de seguridad porque es fácil sino poder detectar", apuntó.

Para seguir avanzando en el caso, la funcionaria judicial quiere los cruces telefónicos de los involucrados. Por eso hoy reclamó al secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, que entregue informe sobre los teléfonos que se comunicaron con Zacarías desde la sede del gobierno. Y si no acceden al pedido, amenazó con allanar la Casa Rosada.

"Le damos un tiempo y si no contesta le volvemos a reiterar el pedido y si no contesta vamos a allanar", dijo Servini hoy en diálogo con Radio Mitre. El gobierno tiene un plazo de un mes hasta que el procedimiento se pueda llevar a cabo.

Parrilli recogió el guante y confirmó el pedido de informes. "Efectivamente recibimos hoy un oficio de la jueza Servini de Cubría y tal como hacemos con todos los oficios judiciales que recibimos, será contestado en el plazo legal correspondiente al caso", sostuvo el secretario general de la Presidencia según la agencia Télam. Ese reloj empezó a correr para el gobierno.