A Uberti ahora lo investiga el Gobierno

T ras haber conseguido un fallo favorable en la causa de la valija de Antonini Wilson, el ex titular del OCCOVI, Claudio Uberti tendrá que afrontar ahora una investigación administrativa que impulsa el propio Gobierno.

Es por su gestión en el ente de control de las concesiones viales, donde habría anulado en forma irregular multas y sanciones a los ex operadores de las rutas con peaje. Lo curioso del caso es que la orden de revisar la actuación de Uberti salió de la Secretaría de Obras Públicas que depende del ministro de Planificación, Julio De Vido sobre la base de una auditoría que había efectuado la SIGEN entre los años 2003 y 2004.

La embestida contra el ex funcionario que llegó a manejar los negocios oficiales con Venezuela surgió por una derivación del proceso de liquidación de las concesiones viales de la época menemista.

Por medio de la resolución 1138, la Secretaría de Obras Públicas le ordenó a las actuales autoridades del OCCOVI que lleve adelante dos acciones clave. Por un lado, que "desarchive" los expedientes que contienen las penalidades aplicables a los ex concesionarios viales que manejaron las rutas con peaje hasta octubre de 2003.

Y por otro lado, que inicie "las acciones sumarias a fin de deslindar responsabilidades por el accionar irregular" que hubiese cometido el organismo en el tratamiento de las multas a las empresas viales.

La investigación que instruyó Obras Públicas apunta a responder los cuestionamientos que la SIGEN le hizo al OCCOVI manejado por Uberti. Según la SIGEN, el órgano de control archivó multas sin aval jurídico y procedió a anular las sanciones que se le habían aplicado a los ex concesionarios con el argumento de que "los atrasos en los pagos resultaban el principio fundamental para revocar las mismas".

Las decisiones del OCCOVI que quedaron en la mira beneficiaron a 12 consorcios que habían desembarcado en el negocio de los peajes al inicio de los 90 y que integraron, entre otras empresas, Techint, Roggio, Macri, Perales Aguiar, Vialco y Equimac.

Más allá de que lo arroje la investigación a Uberti, el Gobierno tendrá que resolver qué tratamiento le da a las sanciones pendientes, que según los cálculos extraoficiales ascenderían a $ 400 millones.

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