Una eventual marcha atrás de Turquía con el acuerdo privaría a Europa de la herramienta en la que más confía para contener la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, pese a todas las críticas que ha recibido la UE por un pacto que muchos ven como inhumano con los refugiados. 

Otros cuestionan el acuerdo -que incluye entregar a Ankara miles de millones de euros- como una sumisión a Turquía, cuyo gobierno ha sido acusado por funcionarios de la UE y grupos de derechos humanos de utilizar la ley antiterrorista para aplastar cualquier tipo de disidencia.

Ankara, sin embargo, insiste en que la necesita para combatir a separatistas kurdos dentro del país y al grupo islamista Estado Islámico (EI) en los vecinos Irak y Siria, luego de que cientos de personas murieran en el último año en atentados en Turquía atribuidos a esas organizaciones.

"No se pueden hacer cambios en la Ley Antiterrorista de Turquía. En unas circunstancias en las que han caído más de 450 personas por la patria, en las que continúan operaciones terroristas muy graves, no es posible tocar la ley antiterrorista", afirmó este miércoles de modo taxativo el ministro para Asuntos Europeos, Volkan Bozkir.

 En declaraciones reproducidas por el canal turco NTV, Bozkir negó además que modificar la mencionada ley tenga relación con la negociación sobre el régimen de visados, pese a que Bruselas lo mencionó como una de las 72 condiciones requeridas, casi todas ya cumplidas por Turquía, salvo cinco, informó la agencia de noticias EFE.

"Este tema no es un elemento de la abolición del visado" insistió Bozkir, quien además advirtió que si no se registrasen progresos en el tema "habría que revisar todo el acuerdo y la entrada en vigor del pacto de retorno (de refugiados de la UE a Turquía)".

También recordó que los 3.000 millones de euros que iban a enviarse a Turquía en el marco de ese acuerdo sobre devolución de refugiados "no han llegado aún".

El acuerdo, alcanzado en marzo pasado, contempla la devolución a Turquía de cualquier migrante llegado de manera irregular a las islas de Grecia que no pida asilo o no califique para conseguirlo.

Europa cuenta con que el país euroasiático mantenga el acuerdo sobre inmigración que contribuyó a reducir de modo significativo el flujo de refugiados e inmigrantes por las costas turcas. 

Más de un millón de personas utilizaron la ruta para llegar a Grecia e Italia el año pasado, en su mayoría refugiados de las guerras de Irak y Siria cuyo objetivo último era establecerse en países prósperos del norte de Europa, como Alemania o Suecia.

Más controvertido aún, un asesor del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, amenazó este miércoles en la red social Twitter con devolver a Europa a los refugiados acogidos por Turquía si la UE le niega a sus ciudadanos la exención de visado.

 "Si toman la decisión equivocada les enviaremos a los refugiados", tuiteó Burhan Kuzu, asesor del presidente y diputado del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP). 

Más temprano, el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, había señalado que no ve posibilidades de aprobar la exención de visados para ciudadanos turcos para julio, como espera Ankara, debido a los cinco requisitos que Turquía no cumple aún, entre ellos, el relacionado con la ley antiterrorista.

Está "totalmente fuera de todo debate" que el Parlamento Europeo comience con las negociaciones si Ankara no cumple las condiciones para la exención de visados, declaró Schulz a la emisora Deutschlandfunk.

"Hay dos condiciones esenciales -la protección de datos y el paquete antiterrorista- que patentemente no sólo no se han cumplido, sino que ni siquiera han sido abordadas", criticó.

La postura expresada por Bozkir difiere con la visión de Schulz ya que para el primero "la ley antiterrorista turca corresponde a los estándares europeos".

Desde hace años, la acusación de "formar parte de una banda terrorista" es utilizada con enorme frecuencia en juicios de todo tipo, sobre todo contra activistas del movimiento kurdo, según los críticos de Ankara.

A menudo fueron perseguidos así activistas por participar en manifestaciones, enarbolar pancartas, entrevistar a miembros de la guerrilla kurda (considerada terrorista por Turquía y por la UE) o firmar manifiestos contra la intervención militar en el sureste del país.

Desde el año pasado, la Fiscalía también extiende la acusación de "terrorismo" a simpatizantes del predicador islamista exiliado Fethullah Gülen, si bien a esta cofradía no se le conocen actos ni discursos violentos.

La semana pasada, Erdogan irritó a los parlamentarios europeos cuando rechazó cualquier limitación a la definición de "terrorismo", que Europa insiste en que es usada para tomar medidas contra oponentes políticos y periodistas críticos.

Los alcances del conflicto llegaron a Grecia, donde el canciller Nikos Kotzias, dijo estar "confiado" en que Ankara siga aplicando el acuerdo de readmisión de refugiados, pese a lasa diferencias surgidas en los últimos días con Bruselas.

"Espero que Turquía siga trabajando con la UE y que las reglas previstas se apliquen", declaró Kotzias en una rueda de prensa en Viena junto a su homólogo austríaco, Sebastian Kurz.

"Creo que hay desarrollos políticos internos (en Turquía) y espero que no tengan ningún efecto negativo sobre la relación entre ambos países", agregó el jefe de la diplomacia helena.