Más de cinco meses después del fallido golpe de Estado del pasado 15 de julio, la Justicia turca arrancó esta semana los juicios contra los acusados de participar en la asonada militar. Los primeros juicios son contra miembros de los cuerpos policiales.

29 policías son juzgados desde hoy en Estambul. La Fiscalía pide tres penas de cadena perpetua para 21 de ellos por “tentativa de derribar el orden constitucional” y “tentativa de derribar al gobierno e impedirle cumplir con su deber”. Los otros ocho, para los que se piden 15 años de prisión, son acusados de “pertenencia a organización terrorista armada”.

El lunes arrancaron los juicios en la ciudad de Denizli, donde se sentaron en el banquillo otros 60 policías que también enfrentan cargos que les llevarían a la cárcel durante décadas. Según el Consejo de Europa, hay 92.607 personas pendientes de juicio, de las que 39.378 se encuentran bajo arresto.

Entre los juzgados desde hoy en Estambul hay tres pilotos de helicóptero a los que se acusa de negarse a llevar equipos de fuerzas especiales para proteger la residencia del presidente Recep Tayyip Erdogan en Estambul. A otros se les acusa de desoír las órdenes de enfrentarse a los golpistas o de lanzar mensajes a favor del golpe en las redes sociales.

El gobierno turco repite desde julio que detrás del fallido golpe de Estado –en el que murieron 270 personas- está la mano de ‘Hizmet’, la cofradía islámica creada por el clérigo Fethullah Güllen –exiliado en Estados Unidos desde 1999-. Entre esos supuestos “gulenistas”, según las autoridades turcas, habría cientos de miles de personas.

Erdogan no parece querer parar las purgas. La semana pasada aseguro que el policía que asesinó al embajador ruso en Ankara era también un “gulenista” y dijo que “esa vil organización sigue existiendo en nuestra policía así como en nuestras Fuerzas Armadas”.

Ya fueron detenidas más de 41.000 y más de 120.000 perdieron sus empleos. Entre los purgados, más allá de los participantes directos en el golpe del 15 de julio, hay miles de miembros de la Policía, las Fuerzas Armadas –un tercio de los altos oficiales-, la Judicatura –casi 4.000 jueces-, la Educación y hasta la Sanidad. Cientos de seminarios, escuelas y universidades han sido cerrados y los rectores de las universidades públicas fueron destituidos y sustituidos por fieles al partido gobernante AKP.

Además, las purgas se extienden a los kurdos –varios diputados y sus líderes políticos están ya tras las rejas- y a los medios de comunicación. Los dos grandes diarios de oposición fueron tomados por el gobierno y más de 130 periodistas están en prisión, convirtiendo a Turquía en la primera cárcel de periodistas del planeta.

Decenas de altos cargos militares turcos destinados en cuarteles de la OTAN –en Bruselas y otras ciudades europeas- han pedido asilo para no tener que volver a Turquía-.

El Consejo de Europa –institución no perteneciente a la Unión Europea y de la que Turquía es miembro- denunció la semana pasada en un informe la amplitud de las purgas en Turquía. Según sus cálculos, más de 125.000 personas fueron despedidas de sus empleos, entre ellas más de 2.500 periodistas.

El texto, firmado por la diputada conservadora noruega Ingebjorg Godskesen y la socialdemócrata estonia Marianne Mikko, asegura que 15.200 empleados del sector educativo público, así como otros 21.000 de escuelas privadas, ya perdieron sus empleos.

El informe también acusa al gobierno turco de utilizar los poderes extraordinarios que le da el decreto del ‘Estado de urgencia’ para limpiar el poder judicial, la Administración pública, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y hasta los cuerpos de guardacostas de cualquier elemento de dudosa obediencia al presidente Erdogan.

Los decretos emitidos por el gobierno agarrándose al “Estado de urgencia” han expropiado empresas, cerrado medios de comunicación y decapitado al HDP, el principal partido kurdo democrático –que fue uno de los primeros en condenar el golpe-.