Turquía entra en estado de emergencia y suspende la convencion europea de DD.HH.

Turquía entra en estado de emergencia y suspende la convencion europea de DD.HH.

La crisis tras la intentona golpista. El estado de emergencia que restringe las libertades individuales fue aprobado por el Parlamento de mayoría oficialista. De inmediato el país anunció que suspendía la aplicación de los pactos internacionales de defensa de los DD.HH.

Turquía entró ayer en estado de emergencia por autorización parlamentaira y suspendió la aplicación de la Convención Europea de Derechos "para no entrar en conflicto con sus obligaciones internacionales", explicaron desde el gobierno. El presidente Recept Tayyip Erdogan había anticipado estos pasos que escalan las restricción en el país tras la fracasada intentona golpista. 

El Estado de Excepción, que suspende parte de los derechos individuales garantizados por la Constitución, se extenderá tres meses. El régimen que encabeza Erdogan, pese a tratarse de un sistema parlamentario con Primer Ministro, tendrá así mayores poderes y podrá adoptar decretos con "fuerza de ley", sin requerir el aval del legislativos.

Como reacción al fracasado levantamiento, Turquía ha acentuado las líneas autoritarias, con miles de personas detenidas, cerca de 50 mil empleados públicos despedidos y una censura estricta sobre los medios no verticales al discurso oficialista.  

"Seguiremos siendo un sistema democrático parlamentario, nunca daremos marcha atrás en ello", aseguró Erdogan el miércoles de noche en una entrevista a la cadena Al Jazeera. 

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) advirtió que este "estado de emergencia no podía legitimar medidas desproporcionadas como, entre otras, la reciente prohibición de viajar al extranjero por motivos de trabajo para los profesores universitarios". El régimen despidió a más de 15 mil docentes, y obligo a renunciar a otro millar de rectores universitarios con el pretexto de haber tenido algún vínculo con el golpismo. Las medidas, en cambio, parecen tener como objetivo armar una estructura política y social vertical al mando de Erdogan.  

A su vez, el viceprimer ministro turco Numan Kurtulmus amplió respecto a la suspensión de la aplicación de la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH), que su país lo hace para no entrar en conflicto con sus obligaciones internacionales, al igual que lo hizo Francia. El antecedente recuerda esa misma suspensión que impuso París tras la oleada de atentados terroristas en noviembre pasado. La medida fue aprobada con el voto a favor de 346 de los 550 diputados de la Cámara. Otros 115 diputados del Parlamento, dominado por el gobernante Partido Justicia y Desarrollo (AKP), votaron en contra de la decisión, que fue apoyada también por algunos miembros de la extrema derecha del país.

El artículo 15 de la Convención reconoce a los gobiernos, "en circunstancias excepcionales", la facultad de derogar "de manera temporal, limitada y controlada" algunos derechos y libertades garantizados por ese acuerdo internacional sobre derechos humanos. El convenio europeo no permite suspender determinado derechos fundamentales como el derecho a la vida, que también protege la Constitución turca incluso en estado de excepción. Erdogan ha enarbolado la noción de que corresponde volver a aplica la pena de muerte, que en tal caso debe ser aprobada por el Parlamento. El presidente argumenta que no debería ser eso cuestionado en el extranjero porque se trata de una medida que pide el pueblo en alusión a los gritos en ese sentido que le profesan sus seguidores en las marchas que se han realizado desde la insurreción.

Esta derogación temporal protege a Turquía contra eventuales condenas, máxime cuando están en marcha importantes purgas en el ejército, en la justicia, la magistratura, los medios de comunicación y la enseñanza tras la intentona del 15 de julio.

No es seguro qué lapso estará el país bajo el paraguas de la excepción. El viceprimer ministro Numan Kurtulmus y el ministro de Justicia Bekir Bozdag dijeron que el estado de emergencia podría terminar durando seis meses.

Los funcionarios turcos insisten en que sólo van detrás de los seguidores del clérigo islámico moderado, el turco Fethullah Gullen, quien vive exiliado en Estados Unidos y a quien Erdogan acusa del fallido golpe.

En tanto, el opositor Partido Democrático de los Pueblos (HDP, prokurdo) estimó que la sociedad turca se ha visto obligada a elegir entre un golpe de Estado y un régimen no democrático. "Nosotros rechazamos esa elección". Lo cierto es que el frustrado levantamiento se ha convertido en una oportunidad para neutralizar a todos los opositores al Gobierno y seguir limitando los derechos y libertades democráticas, añadió.

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