La obra se inició en 2007, con un costo de 700 millones de dólares, y estaba pensada para generar 240 Mw cuando las dos calderas estén en funcionamiento. Pero los planes quedaron en la nada. Nunca se logró abastecer de carbón plenamente la primera caldera. No se producía suficiente carbón en los Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). El 30 de noviembre de 2015, apenas unos días antes de abandonar la Casa Rosada, la usina dejó de funcionar.

El gobierno de Mauricio Macri terminó debiéndole más de 700 millones de pesos a la constructora Isolux Corsan, al no aprobar las certificaciones de obra.

En el dictamen en donde se pide la indagatoria y detención del ex ministro de Planificación Julio De Vido, Roberto Baratta y del ex empresario de Isolux Juan Carlos de Goycoecheta, el fiscal Guillermo Marijuan sostuvo que fue todo un plan para robar fondos de las arcas públicas.

"Se encuentra reunido el estado de sospecha bastante respecto del actuar ilegal de los funcionarios públicos que, quebrando la confianza depositada y violando sus deberes, se valieron de su posición privilegiada como autoridades del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la ex Intervención de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio, y mostrando un interés claramente apartado del estatal por el que debían velar, generaron con su actuar un perjuicio a las arcas públicas por sumas exorbitantes. Todo ello en un contexto de actuación del Estado, en el marco de una contratación pública", advirtió.

Señaló que esa iniciativa fue posible "con la connivencia y activa intervención de particulares que como integrantes del Grupo Isolux, percibieron beneficios económicos por montos millonarios a raíz de tales maniobras".

En su escrito, el fiscal se explayó diciendo que "el procedimiento de licitación, contratación, ejecución y financiamiento de la obra de construcción de la CTRT, caracterizado por las numerosas irregularidades que fueron descriptas precedentemente, supuso un incremento patrimonial indebido para el Grupo Isolux".

El fiscal Guillermo Marijuan

Y "a ese resultado –beneficio del grupo privado y perjuicio al Estado- no habría podido arribarse sin la intervención de funcionarios públicos interesados como parte en las gestiones necesarias para la licitación de la obra, la contratación y autorización de variantes y adendas a la obra de construcción de la CTRT asignadas directamente al Grupo Isolux, que participó activamente y se benefició con la maniobra".

"Da cuenta de ello el hecho de haber sido elegida la oferta realizada por la UTE, quien fijó los costos en un valor de USD 857.341.128 (equivalente a $ 2.662.044.205). Sin embargo, como consecuencia de las variaciones y posteriores contrataciones otorgadas a la misma empresa en el marco del mismo proceso licitatorio, el nuevo valor de contrato ascendió a la suma de USD 1.726.251.982 –dijo-. La ausencia de controles, falta de evaluación de las áreas competentes encargadas de salvaguardar el patrimonio del Estado y el incumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones asumidas desde el inicio de la licitación, son indicadores que permiten sospechar que los funcionarios públicos intervinientes persiguieron beneficiar al mencionado grupo empresario".

Así las cosas, se autorizaron "una y otra vez las extensiones en los plazos y las ampliaciones de obra, con la consecuente generación de mayores costos –sobreprecios-, que derivó en un perjuicio económico al erario público" y "los funcionarios que tenían la obligación de planificar, licitar, ejecutar y controlar tanto las contrataciones como los intereses que en función de ellas les habían confiado, quebrantaron el deber de fidelidad que la propia función les imponía".