La organización Tupac Amaru y las cooperativas que funcionan bajo su amparo están sospechadas en Mendoza por irregularidades en la adjudicación e viviendas y el manejo de fondos provenientes del Estado. La diputada Margarita Stolbizer ya había presentado una denuncia al respecto. 

Pero el manejo de fondos por parte de esa organización sería mucho mayor al pensado.  MDZ tuvo acceso a una investigación que realiza  la Unidad Antilavado del Banco Nación en el departamento de Lavalle. Allí se puede observar que entre 2010 y 2015, la agrupación Tupac Amaru -vinculada a la dirigente social Milagro Sala y manejada en Mendoza por Nélida Rojas- manejó  más de 800 millones de pesos en la sucursal del Banco Nación ubicada en Villa Tulumaya, en el centro de Lavalle. Los montos son extraordinarios para esa sucursal bancaria, más de un cliente "no estatal". 

Entre las múltiples irregularidades encontradas por los investigadores, llama la atención que las cooperativas que recibían discrecionalmente los fondos destinados a la construcción de viviendas estaban presididas por individuos inscriptos en la escala más baja del monotributo, o directamente no registrados en la AFIP. Es decir, no cumplían con los requisitos mínimos para tener una cuenta corriente en la institución bancaria y mucho menos para operar los montos que manejaban, por lo cual a partir del cambio de gobierno muchas de esas cuentas fueron cerradas.

La forma de manejarse detonaron las alarmas que existen para detectar "operaciones sospechosas" dentro de las entidades bancarias. Se trata de "transacciones que de acuerdo con los usos y costumbres , resulten inusuales, sin justificación económica o jurídica o de complejidad inusitada o injustificada, sean realizadas en forma aislada o reiterada", según la definición del propio Banco Nación. La UIF obliga a iniciar investigaciones cuando se detectan esas irregularidades. El Nación tiene una unidad propia de investigación. En primer lugar se  basan en la obtención de un conocimiento de la identificación y perfil de los clientes. Se registran  y se realizan  procedimientos para el seguimiento de "grandes depósitos o retiros en efectivo. Realizado el análisis de las operaciones, son reportadas las que resultan sospechosas o sin justificación". Ese es el caso de los $800 millones manejados por la Tupac en pocos años

Estas cooperativas estaban compuestas por varios miembros de los distintos clanes familiares de relación más estrecha con los líderes de la agrupación. Vecinos del departamento de Lavalle señalan que muchos de ellos fueron mejorando sustancialmente su calidad de vida en los últimos años, ostentando sin ningún pudor los autos de alta gama en que circulan, entre otros bienes de lujo que fueron adquiriendo.

Con respecto a los manejos de Nélida Rojas -encargada de la organización en Mendoza- junto a su marido Ramón Martínez -quien preside la Cooperativa "Trabajo y Fuerza", una de las más favorecidas en el reparto- y sus hijos, Margarita Stolbizer afirmó: "Ella dice que no tiene sueldo por su tarea y que sus cinco hijos 'cobran como todos los miembros de la cooperativa'. Ramón Martínez, su marido, es el que controla las obras. Y sus hijos y familiares (Carla Martínez, Leonela Aída Martínez, Matías Corzo) son los delegados que controlan a los miembros de la organización. Se caracterizan por los manejos prepotentes y amenazadores y tuvieron presencia activa este año con la realización de varios cortes de calles y piquetes para amedrentar al poder político". 

Lo que encendió las alarmas de los investigadores fue descubrir que sólo en el año 2012 la agrupación presentó la documentación correspondiente a los contratos de ejecución de obra firmados entre el municipio y cada una de las cooperativas, para la correspondiente construcción de viviendas que debían llevar a cabo. En los años subsiguientes, las cooperativas siguieron realizando operaciones por grandes montos de dinero pero sin ninguna documentación legal respaldatoria de su accionar. 

Asimismo, el otorgamiento de las viviendas sociales que las cooperativas efectivamente construían se realizaba de acuerdo a un sistema de puntaje arbitrario establecido por Nélida Rojas, que buscaba premiar a quienes mostraran una mayor militancia y compromiso con la agrupación.

El costo de construcción de cada vivienda estaba establecido en torno a los $340.000 y la agrupación se había comprometido a construir alrededor de 1.000, es decir 340 millones de pesos destinados a tal labor. Una diferencia importante con respecto a los 800 millones que habrían movido los miembros de las cooperativas vinculadas a la agrupación entre 2010 y 2015.

La denuncia presentada por Stolbizer quedó el lunes a cargo del juez federal Daniel Rafecas y la fiscal Paloma Ochoa, quienes deberán resolver si hay suficientes elementos para impulsarla.  Una de las medidas pedidas por la denunciante es que se allane el IPV de Mendoza y la Municipalidad de Lavalle.