Un grupo de representantes del Consejo Federal de Política Criminal fue categórico. “En Tucumán directamente no tienen Ministerio Público”, concluyeron Pablo López Viñals (Salta), Hugo Montivero (La Rioja), Eduardo Quattropani (San Juan) y Luis De la Rúa (Santiago del Estero) en presencia del ministro público Edmundo Jiménez. Los funcionarios aseguraron que las resistencias a la reestructuración del Ministerio Público recientemente adoptada en Tucumán obedecían a cuestiones personales que postergan la posibilidad de dar respuestas a la ciudadanía frente al avance de la delincuencia.

Los pares de Jiménez explicaron que este los había invitado a venir a Tucumán, y que su agenda incluía entrevistas con la Corte Suprema, donde tramitan dos juicios contra la reforma del Ministerio Público; con los legisladores y con el gobernador Juan Manzur. En LA GACETA relativizaron las objeciones constitucionales formuladas respecto de la ley que separó al Ministerio Público, y lo libró de los controles que ejercía la Corte sobre el manejo de los recursos humanos y materiales.

Según López Viñals, salvo Salta, las demás provincias enfrentaron una situación semejante a la de Tucumán cuya Carta Magna coloca al Ministerio Público dentro del Poder Judicial y otorga la administración de este al alto tribunal. “Sin autonomía no es posible hacer una persecución efectiva del delito”, dijo.

Quattropani reflexionó que a menudo se pretendía enfrentar a la Corte con el Ministerio Público: “pero la Corte es el último árbitro y, por ello, no puede tomar partido en la investigación”. Y agregó que la discusión era alimentada por la ignorancia y por la mala fe de quienes quieren a la Justicia lejos de la gente y a los fiscales tapados de papeles. “Un denunciante con fama de serial y un sector minoritario no pueden ir contra los ciudadanos que esperan justicia. La población está en estado de indefensión”, dijo en referencia los judicializadores Oscar López (Partido Fe), y Silvia Elías de Pérez, José María Canelada y Juan Andrés Robles (UCR).

“Nosotros vemos con preocupación la debilidad del Ministerio Público tucumano y eso sólo se puede solucionar con autonomía. En todos los lugares donde la organización es eficiente hay, por ejemplo, fiscalías especializadas, cosa que no ocurre aquí”, insistió López Viñals. Cuando se le comentó que había habido una Fiscalía Anticorrupción hasta 2005 y que nada había impedido especializar otras unidades, López Viñals aseguró que los fiscales tucumanos no podían hacer nada: “se enfrentan a la imposibilidad de controlar a la Policía. Esta es la realidad”. Al respecto, Quattropani opinó: “ustedes nunca tuvieron una Fiscalía Anticorrupción. Ustedes, a lo sumo, tuvieron un título, como dice la obra ‘No seré feliz, pero tengo marido’. Para que esa unidad pueda investigar debe ser dotada de una estructura adecuada. Lo demás es un ‘corte de cinta’”.

Los miembros del Consejo Federal dijeron que el ejercicio de las facultades para, por ejemplo, nombrar fiscales generales y adjuntos, y seleccionar personal debía fundarse en concursos. Quattropani asimismo afirmó que todos los actos del Ministerio Público tenían que ser publicitados y López Viñals recordó la existencia del derecho al acceso a la información. Montivero expresó que había mecanismos para la rendición de cuentas y para la transparencia, pero lo primero era creer en el Ministerio Público.