Tristes complicidades

A un cuarto de siglo de reiniciada la democracia y a treinta y tres años del inicio de la noche carnívora, las decisiones del gobierno provincial encabezado por Hermes Binner y la del juez Federal Marcelo Bailaque parecen acercarse a una triste forma de complicidad.
Víctor Hermes Brusa fue designado juez federal de la ciudad de Santa Fe a sugerencia del destacamento de inteligencia 122, dependiente del Segundo Cuerpo de Ejército, en una nota del año 1981.

Ya en democracia, los senadores nacionales por el justicialismo, Luis Rubeo y Liliana Gurdulich de Correa hicieron realidad el proyecto de los desaparecedores de sus ex compañeros de lucha.

Eso figura en el llamado expediente intermedio que reposa en el denominado Archivo Histórico de la provincia en la ciudad capital.

Miles de fojas firmadas por oficiales y suboficiales del Ejército están allí pero le pertenecen al pueblo de la provincia.

Miles de nombres que, largamente, exceden los imputados de delitos de lesa humanidad y que comenzarán a ser juzgados entre el 31 de agosto y el primero de setiembre próximos.

¿Por qué esos expedientes no forman parte del juicio?. No hay respuesta para esta pregunta.

En las pocas copias que logró la fiscal federal Mabel Colalongo también hay reuniones de empresarios, los verdaderos titiriteros que manejaban a las macabras marionetas que fueron los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad nacionales y provinciales, conspirando contra la militancia social y política de los años setenta.

Empresarios que suelen ser los mismos que hoy dan cátedra de democracia en el territorio santafesino. Y entre esos papeles asoma el nombre de Domingo Felipe Cavallo. Toda una síntesis entre los intereses asesinos de entonces y la matriz económica del presente.

El gobierno de la provincia apenas dio un plazo para fotocopiar una fracción de semejante documentación. Tuvo que ser obligado por el juez federal Vera Barros, en primer término, y luego por el también juez federal, Marcelo Bailaque.

En el medio hubo discusiones playas y vacuas que argumentaban supuestas maniobras políticas entre peronistas y socialistas como si la documentación no fuera fundamental para el conocimiento de una realidad que no se detiene en los años setenta sino que se continúa hasta el presente.

La doctora Colalongo estaba desesperada cuando recibió a este cronista. No podía entender la necedad de la situación.

El jueves 20 de agosto, para colmo de males, el doctor Bailaque resolvió el traslado de toda la documentación del Archivo Intermedio al Archivo de la Memoria, negándose a ampliar los plazos para que la fiscal Mabel Colalongo termine de fotocopiar y digitalizar la misma, en consonancia con lo pedido por organismos de derechos humanos y querellantes rosarinos, informó el diario "Rosario/12".

Para la doctora Colalongo la situación es complicada: "Con el traslado se está dañando nuestra tarea de fotocopiar la documental para analizarla. Quedan pocos días para el juicio y el traslado significaría que perdamos la última semana que tenemos antes de la apertura de la causa Guerrieri que es el 31 de agosto.

Peor aún el juez Bailaque me fijó plazo para fotocopiar esta documental fundamental en las causas, pero no le pone el gobierno provincial un plazo para este traslado tan inoportuno. Es curioso si pensamos que se nos van los días y la posibilidad de encontrar más pruebas.

No se si el gobierno provincial piensa colaborar con los juicios sustrayéndole durante cinco días -el tiempo que va ocupar este traslado- a la fiscalía la documentación probatoria de delitos de lesa humanidad a siete días del inicio de los juicios".

Según su parecer, "esto genera perjuicio a la sociedad argentina que debía contar con estas pruebas en los expedientes desde hace mucho tiempo. Al único que no le genera perjuicio esperar que la fiscalía termine de fotocopiar toda la documentación es a los funcionarios de la provincia de Santa Fe, que estuvieron años y años para catalogar la documental que justo ahora estamos fotocopiando", apuntó la fiscal federal.

A un cuarto de siglo de reiniciada la democracia y a treinta y tres años del inicio de la noche carnívora, las decisiones del gobierno provincial encabezado por Hermes Binner y la del juez federal Marcelo Bailaque parecen acercarse a una triste forma de complicidad. Una amarga sensación que no mira hacia el pasado sino al presente.

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