Tríptico acerca de miserias políticas

Un funcionario anticorrupción que se acuerda mal y tarde de investigar algo, una legisladora que sindica como “de privilegio” al régimen jubilatorio que beneficia a su hermana sin que haya dicho nada entonces y un concejal que pretende ayudar a los pobres pauperizando la función pública, son ejemplos de conductas mezquinas con fachadas nobles, pero que no logran ocultar la miseria en las verdaderas intenciones.

La política está llena de miserias humanas. Esto parte de su naturaleza y, como tal, de fatal ocurrencia. Pero, en general, quienes incurren en conductas potencialmente miserables tienden a disimularlas tras una especie de fachada con apariencia noble o altruista, debido a la existencia de cierto sentido estético en el espíritu humano que busca armonizar las conductas con los fines. Pero este equilibrio entre apariencias y realidades no siempre es logrado por quienes practican el opinable arte de la mezquindad.

La anticorrupción de opereta

Una de las creaciones más miserables de la política argentina de los últimos años es el departamento administrativo genéricamente denominado “Oficina Anticorrupción” (OA). Trátase de un artificio burocrático destinado a investigar los errores por pensamiento, obra u omisión del que antecedió en el cargo a un presidente, gobernador o intendente determinado. En sus orígenes fue una invención delarruista, rápidamente tomada en numerosas jurisdicciones del país.

¿Para qué sirvieron -hasta el presente- estas oficinas? Respondemos sin dudar: para perseguir a funcionarios menemistas y para hacer política. Nada más. Ni por casualidad investigar al titular del poder de turno.

Luis Juez se hizo conocido merced al cartabón anticorrupción que le proporcionó José Manuel de la Sota, un experto en el arte de dramatizar temas de moda. Aunque es sabido que Juez jamás probó denuncia alguna, el cargo le sirvió para lanzarse al estrellato cuestionando al propio gobernador, quien terminó despidiéndolo. A partir de allí, la cruzada “contra el choreo” se convirtió en una armada Brancaleone que todavía continúa.

Cuando Juez fue electo intendente creó, a su turno, una OA municipal. Puso allí a José Medina, un socio de su estudio jurídico y amigo de toda la vida. Como era previsible, este departamento pasó al olvido rápidamente. Al parecer, las irregularidades habían remitido temerosas del poder del amenazante organismo.

Giacomino heredó el concepto y a su ocupante, un ignoto juecista llamado Luis Cáceres. Todo parece señalar que el jefe de la OA

-a esta alturas irremediablemente vulgarizada- se dedicó a holgazanear hasta que Juez se distanció con Giacomino. Entonces, súbitamente Cáceres recordó la importancia de sus funciones y se puso a investigar… lo que le decía el ex intendente. Esto colmó la paciencia del Lord Mayor quien, simplemente, lo echó.

Frente al inexorable regreso a la calle, el funcionario desplazado justificó su partida sobre el eufemismo que “estaba investigando”, y que tales pesquisas ponían incómodo al intendente. La realidad es otra: estas oficinas no sirven para nada. Es de miserables acordarse de investigar cuando -por las razones que fueran- se opera una disrupción, un alejamiento con la persona que les otorgó el cargo. O se investiga siempre o se es un pusilánime. Sin vueltas.

El tema nos recuerda algo que todo hombre público debería saber. La mejor política anticorrupción es tener una administración pública de calidad, buenos sistemas y procedimientos y una Justicia independiente. Todo lo demás es para la gilada. O para los vivos que advierten en la moda anticorrupción un suculento negocio para sus ambiciones.

Carreras paralelas

El día martes pasado, la legisladora radical Ana Dressino presentó un proyecto atacando un decreto del gobernador destinado a armonizar el régimen jubilatorio del Poder Judicial provincial con el establecido a nivel nacional, atribuyendo a Juan Schiaretti la intención de otorgar privilegios “altamente irritativos” a los magistrados y funcionarios judiciales. Qué mejor que la invocación a este tipo de beneficios para ganar un poco más de fama.

Pero el debate que siguió al proyecto desnudó un dato interesante. Desde el oficialismo se le recordó que su hermana melliza es una jubilada de la Justicia provincial que cobra más de once mil pesos y que accedió al beneficio a los 55 años de edad, por lo que “conoce el sistema, como es la armonización”, conforme las palabras del legislador Dante Heredia (PJ). Esto significa que la legisladora denunció como “de privilegio” un régimen similar al que beneficia actualmente a su propia hermana, sin que se recuerde impugnación alguna cuando María Luisa -tal es el nombre de la afortunada jubilada- se acogió a estos beneficios. Impostada indignación en público, recoleto silencio en privado, son las dos caras de la falta de nobleza en esta conducta.

Este doble estándar no sólo se verifica en la cuestión de las jubilaciones. Como parte integrante del progresismo nacional, Dressino se ocupó desde fechas tempranas por la suerte de su familia. Aunque probablemente sea una casualidad, María Luisa fue designada en la Justicia de Faltas municipal cuando Ana era concejala y, en simétrica evolución, pudo escalar a la Justicia provincial cuando la actual legisladora logró un escaño como diputada allá lejos y hace tiempo. Nada mejor que la familia.

Nostrala, o el Robin Hood inconsulto

Walter Nostrala fue funcionario de Juez y de Giacomino, una especie de Aníbal Fernández dentro de satírico mundo del Frente Cívico. Como secretario de Gobierno del actual intendente, a inicios de 2007 refrendó el decreto para incrementar los sueldos de los funcionarios municipales, reducidos casi a limosnas durante el mandato juecista. La decisión fue correcta, ya que la mayoría de los empleados municipales cobraban más que sus jefes gracias a los continuos aumentos al Suoem, un orden de cosas claramente contrario a la teoría de la administración.

Con el tiempo, el distanciamiento del intendente con su antecesor forzó la partida de Nostrala de la Municipalidad. Como buen progresista, su renuncia no fue un acto heroico, de desprendida convicción, sino apenas un cambio de escudería, recuperando la banca en el Concejo Deliberante de la cual había solicitado licencia a comienzos de 2008. Hasta aquí, una historia menor.

Sin embargo, nadie había reparado en que el novel concejal tenía intenciones populistas. Ignorando esta vocación “clasista y combativa”, sus colegas han quedado de una sola pieza al conocer su primer proyecto de ordenanza consistente, nada menos, que en la reducción en un 20% de los salarios de los funcionarios políticos de la ciudad de Córdoba y enviar ese dinero a planes materno-infantiles al área de salud. El recorte alcanzaría desde el intendente hasta el más inocente de los subdirectores: lex sed dura lex.

¿Qué cosas pueden haber afectado tanto el espíritu de este atribulado dirigente que, a un año de haber impulsado el aumento de los sueldos de la planta política, descubre ahora ingresos excesivos en aquélla? ¿Será su certeza en la exactitud de los números del Indec lo que lo ha llevado a arrepentirse del incremento oportunamente propiciado? El asunto no es claro.

Sea cual fuere la motivación del proyecto aludido, las intenciones subyacentes se adivinan como mezquinas, otro capítulo en este tríptico de miserias recientes.

Creer que el recorte de salarios de funcionarios proporciona herramientas estructurales para la lucha contra la pobreza es tener nublado el entendimiento. Sin salarios dignos no hay funcionarios capaces, sólo una colección de advenedizos. Los funcionarios deberían ser el motor de la administración, personal de calidad con espíritu innovador y perfeccionista. Eso cuesta plata. No se consigue la excelencia -o una aproximación a la misma- con dos pesos con cincuenta; tampoco la audacia o la voluntad de transformación que el actual estado de la Municipalidad requiere. A menos que Nostrala crea que el municipio funciona bien, regulada en forma autómata por los capitostes de Rubén Daniele y por el probado afecto al trabajo del común de sus empleados, no se entiende su proyecto.

Aunque sea incorrecto decirlo, un equipo de colaboradores de calidad vale más que la leche que pretende comprar con su ahorro y, al corto plazo, beneficia más a los más necesitados que la simple dádiva. No hay ciudad eficiente sin un Estado municipal eficiente y

-en este punto- todavía queda mucho por hacer. Nostrala debería entender esto como el que más, a menos que sus cinco años como funcionario hayan sido una abdicación cotidiana.

Un funcionario anticorrupción que se acuerda mal y tarde de investigar algo, una legisladora que sindica como “de privilegio” al régimen jubilatorio que beneficia a su hermana sin que haya dicho nada entonces y un concejal que pretende ayudar a los pobres pauperizando la función pública, son ejemplos de conductas mezquinas con fachadas nobles, pero que no logran ocultar la miseria en las verdaderas intenciones.

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