La ex jefa del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y otros cuatro funcionarios bonaerenses fueron denunciados acusados de “liberar la zona” para que se diera la fuga de los hermanos Lanatta y Víctor Shilacci de la cárcel de General Alvear en diciembre pasado.

Se trata de Florencia Piermarini, exjefa del SPB; César Miguel Albarracín, exsubsecretario de política criminal del Ministerio de Justicia; Claudio Cardo, exdirector general de coordinación; Marcelo Martín Rotger, exdirector general de seguridad y Jorge Bolo, exjefe del complejo zona centro. Los cinco fueron denunciados por “desobediencia a una orden judicial, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y favorecimiento de evasión".

La denuncia fue presentada por el abogado Héctor Eduardo Flores ante la UFI 20 de General Alvear a cargo del fiscal Cristian Citterio. El letrado, que defiende al ex director de la Unidad 30, Manuel Guevara, a la alcaide Delia Raquel Godoy y al cabo primero Ezequiel Martín Dos Santos, dio a conocer pruebas que constan en el sumario administrativo y complican a los exfuncionarios del Gobierno bonaerense.

“Los funcionarios públicos (…) extralimitándose en las actividades propias de sus cargos, -en forma abusiva-, crearon las condiciones necesarias para que se `libere la zona´, y así dejar un escenario no solo conocido y aceptado por estos, sino propicio para que los hermanos Lanatta y Schillaci se evadieran el día 27 de diciembre de 2015 de la Unidad N°30 de General Alvear”, sostiene la denuncia.

En primera lugar, la denuncia apunta a Piermarini por dar la orden de que los condenados por el triple crimen de General Rodríguez fueran alojados en el área de Sanidad, en contra de la decisión judicial e incluso, “cuando ellos mismos habían pedido ser alojados en una celda a mil metros de los muros”. Además, de acuerdo al sumario administrativo citado por el letrado, “está acreditado que Albarracín vino a la Unidad 30 y se llevó la cámara de Sanidad y DVR que estaba custodiando a los internos (…) y las volvió a traer en diciembre".

Según la denuncia, el ingreso del exsubsecretario de política criminal del Ministerio de Justicia se produjo antes de la fuga con el objetivo de retirar las cámaras que hubieran podido determinar los movimientos de los Lanatta y Shillaci el día de su evasión. "Se las llevó sin dar ningún tipo de explicación al director, y retiró todas las filmaciones", precisó Flores en diálogo con QM Noticias. 

El abogado insistió en que sus defendidos "son penalmente y administrativamente inocentes" y aseguró que "son víctimas" por las decisiones tomadas desde la Provincia. "No pueden dejar gente en la calle que no tiene nada que ver, hay que investigar las responsabilidades de arriba", agregó.