Los tribunales militares, otra marcha atrás de Obama

Juzgarán a presos de Guantánamo, pese a las promesas de campaña
WASHINGTON.? El presidente Barack Obama cerró ayer su peor semana en los cuatro meses que lleva en la Casa Blanca con el anuncio de que mantendrá, aunque "con modificaciones", los controvertidos tribunales militares para juzgar a detenidos sospechosos de terrorismo en la cárcel de Guantánamo, instalados por su predecesor, George W. Bush.

El miércoles pasado, el mandatario había dado marcha atrás respecto de su anunciada decisión de permitir la publicación de fotos con imágenes de tortura a los acusados de terrorismo en cárceles de Estados Unidos, preocupado por las consecuencias.

Después de "reflexionar", el gobierno demócrata concluyó que no puede prescindir de las llamadas comisiones militares para juzgar a algunos de los 240 prisioneros que, sin proceso, siguen en la cárcel norteamericana de tenebrosa fama. Aclaró que el derecho a la defensa de los acusados será reforzado de manera significativa.

"[Este camino] es la mejor manera de defender nuestro país mientras mantenemos nuestros valores más importantes", sostuvo un comunicado firmado por Obama, quien en campaña electoral había prometido terminar con esos tribunales, a los que Amnistía Internacional considera violatorios de los derechos humanos y del Estado de Derecho mismo.

Con este nuevo paso, el líder demócrata alimentó a los críticos, que ya lo acusan de incumplir sus promesas de campaña. "¿Por qué no dice de una vez que se equivocó en todas sus acusaciones contra Bush?", decían, relamiéndose como hacía mucho tiempo que no lo hacían, voceros de la oposición republicana.

A todos ellos dio argumentos Obama a lo largo de una semana particularmente compleja, en la que no sólo aceptó seguir con los tribunales militares de Bush, sino que, además, y en contra de lo que había anunciado hace menos de un mes, dio marcha atrás con la promesa de permitir la difusión de fotos sobre malos tratos y torturas en prisiones de los Estados Unidos. Entre ellas, precisamente, la de Guantánamo, donde se asientan los cuestionados tribunales militares.

En forma paralela, y en un clima político caldeado, una de las figuras centrales de su partido, Nancy Pelosi, intentaba defenderse de quienes la acusan de "estar al tanto", desde 2002, de las torturas para las que ahora pide una comisión de la verdad.

"Lo que pasa es que la CIA [la agencia de inteligencia acusada de llevar a cabo la tortura contra prisioneros sospechosos de terrorismo] engañó a todos", argumentó, incómoda, la presidenta de la Cámara baja.

"La CIA no mintió a nadie", replicó ayer el jefe de la agencia, Leon Panetta. Un contrapunto que marca la gravedad de la disputa política.

A resguardo

En este clima conflictivo, ayer fue evidente que la Casa Blanca optó por no exponer la figura de Obama a la hora de anunciar la continuación de los vilipendiados tribunales militares. El mecanismo elegido fue, en primer lugar, un comunicado firmado por el presidente. Más tarde hubo una caldeada conferencia de prensa en la que el vocero presidencial, Robert Gibbs, escuchó preguntas de este tenor: "¿Cómo puede saber el pueblo norteamericano que una decisión del presidente se mantendrá en el tiempo o si, por el contrario, la cambiará a los pocos días?".

En un intento por aplacar los ánimos, Gibbs hizo hincapié en que esta nueva versión de los tribunales "dará más derechos a los prisioneros", y en que, a su juicio, también existen diferencias entre las fotos ahora vetadas y las de las torturas en la cárcel iraquí de Abu Ghraib que supusieron el primer gran revés para Bush, en 2004.

"En el caso de Abu Ghraib, la existencia de las fotos fue lo primero que permitió a la gente comprender los abusos contra los detenidos. Eso es lo que llevó a una investigación. En este caso, las fotos son parte de investigaciones ya concluidas. Su existencia no son el medio por el que conocimos de esos abusos", puntualizó Gibbs.

Organizaciones como la Unión de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) denunciaron lo que calificó de "incumplimiento" de promesa electoral y acusó a Obama de "adoptar las tácticas obstruccionistas y políticas oscuras de la administración de Bush".

"Creo que la frase de tres palabras que Obama debería utilizar de una vez es «Me he equivocado»", reclamó el ex jefe de prensa de George W. Bush, Ari Fleischer, en diálogo con la cadena CNN.

Los republicanos parecían exultantes, como hace tiempo que no se veían. Y, en bloque, cuestionaron las "marchas y contramarchas", decisiones de Obama, y se alinearon en contra de Pelosi en su difícil entredicho con la CIA.

Es que el asunto de cuánto sabía Pelosi sobre el uso en los Estados Unidos de la tortura del ahogamiento simulado -conocida como "submarino"- se sumó al giro de Obama respecto de las fotos de maltratos y los tribunales militares. "Es una tragedia que estemos presenciando este ataque masivo contra nuestra comunidad de inteligencia", dijo el senador republicano Kit Bond. "Está claro que Pelosi había recibido información [sobre los] métodos de interrogación", añadió .

Decepción

Para los organismos de derechos humanos, fue un golpazo. Particularmente, el anuncio de que continúan los tribunales militares. "Estamos muy decepcionados", dijo Stacy Sullivan, de Human Rights Watch. "Llevamos mucho tiempo reclamando que los sospechosos de terrorismo sean juzgados en tribunales federales", recordó.

Sullivan desechó también las reformas para mejorar las garantías procesales de las que ayer habló la Casa Blanca. "Creo que, al final, no se logrará ninguna de las ventajas procesales para las que los tribunales militares fueron diseñados y encima se carga con todo el peso moral y político que conllevan", alertó.

También la ACLU lamentó la decisión presidencial, y calificó de "absurda" la esperanza de que las reformas en las comisiones militares vayan a mejorar las garantías de los juzgados. "Estas comisiones militares son inherentemente ilegítimas, inconstitucionales e incapaces de proveer resultados fiables", dijo el titular de la entidad, Anthony Romero.

"Ajustar las reglas de estos fracasados tribunales para que aseguren un "mejor proceso debido es absurdo; no existe algo semejante", agregó, y subrayó: "Si los cambios propuestos por la administración ajustan estos procedimientos con los requerimientos constitucionales, no hay motivo alguno para no usar nuestro probado y verdadero sistema judicial. Si no lo hacen, esos tribunales no tienen lugar alguno en nuestra democracia".

"No se puede reactivar un sistema que es fundamentalmente injusto", sintetizó Rob Freer, de la sección estadounidense de Amnistía Internacional. "Ninguna promesa de ajustar las cosas -añadió- puede poner en su lugar a un sistema desacreditado como éste.

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