Tribunales, en pie de guerra por el traspaso de la Justicia a la Ciudad

Tribunales, en pie de guerra por el traspaso de la Justicia a la Ciudad

A partir del 1 de marzo, el oficialismo buscará ratificar los convenios en el Congreso. Pero la medida despierta un fuerte rechazo en la comunidad judicial, donde se preparan para resistirla.

El inminente traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires amenaza con desencadenar una guerra en los tribunales. Ocurre que a partir del 1 de marzo, con el arranque de las sesiones ordinarias del Congreso, el oficialismo buscará ratificar los convenios para transferir en una primera etapa el fuero penal y crear el de Consumo en el ámbito porteño. Pero la medida despierta un fuerte rechazo en la comunidad judicial, donde se preparan para resistirla con uñas y dientes.

En las últimas semanas, el Gobierno nacional mantuvo conversaciones con los senadores de la oposición Miguel Ángel Pichetto y Rodolfo Urtubey. “En líneas generales consensuamos el marco y no hay margen para hacer modificaciones”, reconocieron a Clarín fuentes oficiales. La iniciativa debe ser aprobada por ambas cámaras y la Legislatura porteña, más afín al macrismo. Con esos dos avales, la Ciudad tendría el camino libre para iniciar el traspaso en 120 días.

Se trata de 49 órganos en lo criminal y correccional, y 361 personas, entre juzgados, vocalías, fiscalías y defensorías. Esto incluye la competencia sobre robo y hurtos, que concentran la mayor cantidad de causas y delitos contra la administración pública. Asimismo, se crearán 20 organismos dedicados a los conflictos de consumo, se transfiere el Registro de la Propiedad Inmueble y la Inspección General de la Justicia, que supervisa la inscripción de empresas y asociaciones civiles. Mientras que “no hay plazos” -aseguran en Ciudad- para Civil, Comercial, Laboral y Familia.

Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta firmaron los cuatro convenios el 19 de enero pasado: buscan así agilizar el proceso judicial y ejercer la autonomía, que estableció la reforma constitucional de 1994 en su artículo 129.

La principal resistencia surge de los tribunales. Los gremios del sector lanzarán el miércoles un paro de actividades con una nueva movilización desde las 11 al Palacio de Justicia. Será una nueval señal al titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, que tiene su oficinas en esa sede y que hasta el momento mantuvo un silencio sugestivo.

El otro freno al traspaso proviene de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales (AMFJN), que el 3 de febrero hizo por primera vez un paro junto a los empleados. En los últimos días, la organización que nuclea a jueces, fiscales y secretarios se reunió con cinco bloques de senadores y elevó pedidos de audiencia al Congreso. El 9 de febrero pasado pidió que el Consejo de la Magistratura de la Nación se pronunciara en contra, pero el PRO logró la abstención.

Los jueces creen que la transferencia obedece a la agenda del poder político y a la “coyuntura electoral”. Les preocupa que el nombramiento de los futuros magistrados pueda obedecer a “razones políticas” y que sean enjuiciados y expulsados por el sistema de mayoría simple de la Magistratura porteña, a diferencia del Consejo nacional que se maneja con dos tercios.

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