El Tribunal Superior suspendió los amparos contra recortes

Rechazó medidas cautelares de dos cámaras / El fallo firmado por el vocal de feria apunta a cerrar la vía de los amparos contra la Caja por los descuentos y pagos en bonos / Críticas a los jueces.
El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba resolvió suspender los efectos de las medidas cautelares dictadas por las Cámaras Civiles y Comerciales de 1ª y 3ª Nominación que habían ordenado pagar sin recortes y en efectivo los haberes de jubilados.

La utilización de un per saltum (procedimiento utilizado por la Corte Suprema que soslaya en un fallo instancias intermedias) apunta a poner punto final a las 6.000 medidas cautelares presentadas por jubilados.

El alto tribunal respondió así en tiempo récord a la apelación presentada por el Gobierno contra las Cámaras civiles.

Las dos Cámaras cuestionadas por el Tribunal Superior habían confirmado medidas cautelares en contra del pago en bonos de una parte los haberes superiores a 6.000 pesos.

La Cámara 3ª, había declarado inconstitucional la ley 9.722 sancionada el 23 de diciembre que dispone la suspensión de las medidas cautelares.

El fallo del Tribunal Superior fue firmado solamente por el vocal de feria Carlos García Alocco, lo que fue calificado como un "atropello a la Constitución provincial" por el abogado y constitucionalista Jorge Gentile.

El abogado mencionó el artículo 165, inciso segundo que alude a la competencia del alto tribunal. Ese inciso señala que el Tribunal Superior debe "conocer y resolver en pleno (con la totalidad de sus miembros" de los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad".

Pero, el ex legislador Miguel Ortiz Pellegrini, opinó que un vocal de feria representa a todo el alto tribunal.

El fallo está planteado en el marco del "per saltum" planteado por la Caja de Jubilaciones,por lo cual el alto tribunal habilitó la feria judicial y dispuso la suspensión requerida por las dos Cámaras.

El dictamen entiende que las Cámaras 1ª y 3ª de Capital "prescindieron –sin fundamento– de la realidad fáctica y jurídica actual, manteniendo una cautelar dictada bajo la vigencia de una ley (la que declaró la emergencia previsional en julio de 2008) hoy parcialmente derogada, sin atender las demás pautas ya establecidas por el máximo tribunal.

El fallo hace mención a las causas "Sosa"y "Bossio". Los lineamientos de esta última sentencia dieron lugar a la ley 9.722, "abarcativa a todos los beneficiarios del sistema previsional provincial, tengan juicio iniciado o no para evitar litigiosidad".

"No sólo está en juego el interés individual de los actores, sino el universo del régimen previsional",expresa en otro párrafo la resolución.

Advierte que "los magistrados no pueden prescindir de las consecuencias sociales de su decisión ni de la realidad que la precede y la mesura debe presidir las prioridades de los intereses de juego involucrados, haciendo un razonable balance de los valores constitucionales".

En tanto, ayer se realizó una asamblea en Luz y Fuerza que reunió también a bancarios y un representante de la Asociación de Magistrados, quienes rechazaron el fallo del alto tribunal.

"En Córdoba no rige el Estado de Derecho sino la barbarie constitucional", dijo Ortiz Pellegrini.

6.000 medidas cautelares

Son el total de las impulsadas por jubilados que cobran más de 6.000 pesos mensuales y rechazan que se les aplique un descuento del 18 por ciento sobre el 82 por ciento del haber neto (en vez del bruto) pagadero en bonos. Según el Gobierno, la sola presentación de 6.000 medidas cautelares le significó 10 millones de pesos en honorarios a los abogados que están concentrados en cinco estudios jurídicos.

Con la quita, la Caja tiene un ahorro anual de 100 millones de pesos.

Opiniones

Luis Angulo, ministro de Justicia: "El fallo privilegia el bienestar general por encima del interés individual, porque el sistema previsional en Córdoba se basa en la solidaridad. Los interés de algunos pocos, que ganan entre 7.000 y 24 mil pesos, no pueden poner en riesgo el esfuerzo que viene haciendo el Gobierno de pagar en pesos, en tiempo y en forma a los miles que ganan entre 800 y 6.000 pesos".

Jorge Gentile, constitucionalista: "Este es un nuevo atropello a la Constitución y el fallo no es del Tribunal Superior si no de un sólo vocal; se contraria la Constitución".

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