El Tribunal Superior convalidó el recorte de las jubilaciones altas

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia, informó que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dejó sin efecto una medida cautelar, que le ordenaba pagar en efectivo, no en títulos o bonos, diferencias de haberes superiores a los seis mil pesos mensuales.
A través de un gacetilla distribuida a los medios de comunicación, la entidad previsional señaló que, de esa forma, "la Justicia convalidó nuevamente la ley de emergencia previsional 9.504", que dispuso una nueva forma de cálculo del haber y la quita en las jubilaciones y pensiones que superaran los seis mil pesos mensuales.

La decisión fue tomada en relación con la acción de amparo promovida por Luis Ortiz y por María Lea Morán Montequín en contra de la Caja, en un sentencia en la que se priorizó "el interés público por sobre el particular, defendiendo así las arcas del Estado provincial".

Morán Montequín tenía una jubilación ordinaria dentro del sector magistrados y funcionarios del Poder Judicial, en tanto Luis Ortiz poseía dos beneficios: una pensión derivada y una jubilación ordinaria, ésta también dentro del mismo sector.

De esta forma, añadió, "la Justicia provincial habilitó a la Caja a pagar en títulos a los actores a partir de los haberes del mes de setiembre, con los argumentos de la causa "Sosa Ángel Justo contra Caja, amparo", que incluye a unos 40 actores.

El Tribunal Superior sostuvo que "tratándose de paralizar la ejecución de decisiones administrativas o mala aplicación de normas legales, debe prestarse especial atención al interés público comprometido, prevalente frente al interés particular de los accionantes, para evitar que para ahorrar al actor el riesgo de un perjuicio irreparable, no se imponga a la administración pública un riesgo de mayor entidad".

Por otra parte, indicó que el fallo del TSJ dijo que las leyes "gozan de una presunción de legalidad", lo que "obliga a una estricta apreciación de las circunstancias del caso, toda vez que para la admisión de una medida cautelar, debe considerarse el interés público en juego".

Además de los dos fallos mencionados, el Tribunal Superior también se había pronunciado en igual sentido respecto al amparo presentado por Anselmo Ángel Cifuentes, que gozaba de un retiro voluntario dentro del sector Policía y Servicio Penitenciario.

El Juzgado de Conciliación 5ª en lo laboral a cargo de Victoria Bertossi había resuelto el martes último no hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la Ley de Emergencia Previsional 9.504. Así, mediante la resolución N° 510, rechazó el amparo solicitado por el jubilado Eduardo Oscar Orozco, quien solicitó que la Caja no le aplicara el descuento sobre los haberes que dispone la ley.

Estas resoluciones, con todo, no abordan la cuestión de fondo que es la constitucionalidad o no del recorte y el pago con títulos de deuda, y se refieren sólo a la aplicación temporal de esa medida en el pago actual de los beneficios previsionales.

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