El Tribunal Superior confirmó que Ortiz Pellegrini litiga contra el Estado

Con la firma de Aída Tarditti, presidenta del máximo organismo judicial, el documento dice que el legislador actuó hasta el 4 de febrero de 2009 patrocinando reclamos patrimoniales de ex concejales de Córdoba.
Miguel Angel Ortiz Pellegrini litigó contra el Estado hasta, por lo menos, el 4 de febrero de 2009, según se desprende de un informe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Provincia que ingresó ayer a la Legislatura, como parte de la documentación requerida por la comisión que investiga al presidente del bloque del Frente Cívico por haber violado, presuntamente, la Constitución de Córdoba.

El documento, firmado por la presidenta del TSJ, Aída Tarditti, se explaya sobre la actuación de Ortiz Pellegrini como patrocinante de un grupo de ex concejales de Córdoba en la causa denominada "Avendaño, Dídimo Oscar y otros contra Caja de Jubilaciones".

Se trata de un grupo de ediles de Córdoba que fue afectado por el recorte de dietas que dispuso Luis Juez tras su asunción en la Municipalidad, que los afectó debido al sistema de enganche que tienen los pasivos con los sueldos de los activos.

El informe es concluyente sobre cuatro peguntas y sus respectivas respuestas, formuladas por la Comisión de Asuntos Institucionales y respondidas por el TSJ:

Fecha de inicio de patrocinio: 25 de setiembre de 2007 (ya legislador electo y a 75 días de asumir en la banca).

Ultima actuación del Dr. Miguel Ortiz Pellegrini: A fs. 73/94 obra recurso extraordinario federal interpuesto por el apoderado de la parte actora, Dr. Miguel Ortiz Pellegrini, según se deriva del sello aclaratorio inserto al pie del escrito de fs. 94, con fecha 4 de febrero de 2009, actuación ratificada por los actores en fs. 96 de autos.

Renuncia a poder: No.

Revocación de poder: No.

El informe y la calidad de la firma -la presidenta del TSJ- eximen de mayores comentarios, ya que se trataría de la prueba más concluyente contra el legislador juecista, más irrefutable incluso que el caso de su polémico patrocinio de choferes Tamse, que fue el que abrió la investigación legislativa y que ya ponía en el Limbo político a Ortiz Pellegrini.

El patrocinio en causas patrimoniales contra el Estado está taxativamente prohibido por el artículo 88 de la Constitución de Córdoba.

Luego del caso de la Tamse, comenzó a conocerse un sinnúmero de causas patrimoniales contra el Estado patrocinadas por el legislador, incluyéndose en este largo listado a la Caja de Jubilaciones, la Policía de la Provincia y otros organismos públicos provinciales.

¿Después del informe enviado hoy por el TSJ qué argumentos podría interponer Ortiz Pellegrini sin sonrojarse? Dicen que ayer, en los corrillos de la Legislatura, aseveró que la Caja de Jubilaciones no es el Estado provincial. Se supone que un legislador reputado de hábil dé respuestas más consistentes.

De cualquier manera, esto se va a decidir en el pleno de la Unicameral luego de las elecciones. Allí se verán sus verdaderos argumentos. Salvo que opte por decisiones más expeditivas y de sentido común, o que lo empujen hacia ellas sus mentores políticos, que razonablemente temen por los costos de defender lo indefendible.

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