El tribunal postergó la sentencia Perés y Rivero para el domingo.

Alegatos: ayer a la mañana se hicieron los alegatos. El veredicto estaba planeado para la tarde, pero el tribunal decidió pasar todo para el domingo. El procurador Bongianino volvió a apuntarle a la “responsabilidad política” de los dos acusados y pidió que sean destituidos de los cargos que ocupan por “mal desempeño” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Las defensas pidieron la absolución.
Recién el próximo domingo, a las 09:00, se conocerá si el presidente del Tribunal de Cuentas, Natalio Perés, y al vocal Rubén Rivero, son destituidos de los cargos que todavía ocupan. Es que ayer, el Jurado de Enjuiciamiento decidió, sorpresivamente, postergar hasta ese día la lectura del veredicto para juntarlo con la sentencia (es decir, los argumentos del fallo).

Durante los alegatos que se llevaron a cabo ayer a la mañana, el procurador general Mario Bongianino solicitó la “remoción” en el cargo de los dos funcionarios por “mal desempeño de sus funciones” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Por su parte, en las defensas que ensayaron los abogados César Augusto Rodríguez y Pablo Langlois pidieron la “absolución” de los acusados.

El jury está integrado por el presidente del STJ, Víctor Menéndez, los diputados Patricia Lavín y Martín Berhongaray y los abogados Marina Vanini y Emil Koncurat. La secretaría está a cargo de Betina Carnovale.

Perés y Rivero llegan al banquillo con el retraso que facilita la burocracia del sistema jurídico-político: se los juzga por hechos cometidos entre el año ’99 y el 2003. En ese período, según lo que ya comprobó la Justicia, Agüero, Araniz y compañía concretaron una estafa por $ 960.000.

Durante el juicio en el que se condenó a los ex popes del IPAV, el entonces fiscal Mario Bongianino fue quien pidió que se pusiera bajo la lupa el accionar del Tribunal de Cuentas, que descontroló a ese organismo que resultó clave en la estrategia electoral del marinismo. Una de las explicaciones de Perés es que los funcionarios cumplieron con los pasos formales de auditoría, pero les fue imposible controlar la cuenta porque los funcionarios del IPAV no la declararon y la “escondieron”, justamente para lograr su cometido.

Perés y Rivero ya dieron muestras de otra táctica para zafar: cargan las responsabilidades sobre los relatores, es decir sobre los empleados del organismo, con la esperanza de que el hilo se corte por lo más delgado, ya que entre esos trabajadores incluso había pasantes.

Responsabilidad

política

Los ronda de alegatos de ayer se inició puntualmente a las 09:00. El primero en tomar la palabra fue el procurador Bongianino quien se preocupó en destacar que durante el desarrollo del jury hubo “un fortalecimiento de las instituciones” y que “se ha consolidado el estado de derecho” en la provincia.

Bongianino reafirmó los hechos que precisó cuando realizó la sólida acusación en el inicio del jury. Volvió a a apuntarle a la “responsabilidad política” de los funcionarios a la que calificó de “indelegable” y calificó el accionar de los acusados como “negligente” porque “jamás fiscalizaron” y que hubo “un control ficticio o no control”, que “facilitó la sustracción de fondos públicos”.

El procurador volvió a hacer a hincapié en la “responsabilidad política” de los acusados y descartó que se estén juzgado delitos con la idea de aplicar penas.

Luego volvió sobre los testimonios que se escucharon durante el juicio donde -según Bongianino- “quedó demostrado las falencias, las faltas y las desprolijidades”. Habló de “un descontrol sistemático de las cuentas que supuestamente se controlaban”.

“Si se hubieran hecho las cosas como supuestamente dicen que se hicieron no nos encontraríamos en esta sala... quisieron pintar un mundo perfecto, un mundo ideal”, subrayó Bongianino.

Además, dejó a salvo la responsabilidad de Contaduría General de la Provincia: “La contadora Tullio hizo lo que tenía que hacer de acuerdo al mandato legal que tenía”, dijo.

Luego ensayó algunos interrogantes, que se parecieron mucho a una chicana destinada a los acusados: “¿Nunca pensaron que un organismo como el IPAV gastaba sin tener ingresos? ¿cómo no se preguntaron dónde estaban los ingresos del IPAV?”, se preguntó el procurador general.

Y redondeó la ironía: “Esto es elemental.... si en un quiosco se venden chupetines, para poder comprar nuevamente chupetines hay que tener los ingresos de esas primeras ventas”.

Acto seguido, se puso serio nuevamente y apuntó: “Había causas penales y noticias en los diarios... sin embargo el Tribunal de Cuentas no hizo nada”, indicó.

También, Bongianino volvió a defender la posición de los relatores: “Si la relatora fuera la responsable, los fueros le corresponderían a la relatora, es quien tendría que tener la inmunidad y el salario correspondiente y no las autoridades”.

“No quiero dejar de señalar que existió un escenario premontado para que sucediera lo que sucedió. Se sabía de antamano lo que iba a suceder sino esto no tiene explicación. Esto tiene similitud con una figura del Derecho Penal, que es predisponer un escenario para cometer un delito teniendo impunidad para hacerlo”, resaltó el procurador como referenciando una asociación ilíticita.

Los defensores

Luego de un breve cuarto intermedio, tras el alegato del procurador que se extendió poco más de una hora, fue el turno del defensor de Natalio Perés. El abogado Rodríguez inició su alegato en evidente respuesta a las primeras palabras de Bongianino: dijo que “Quiero aclarar que esto de dar a cada uno su derecho no ha sido cumplido”.

Rodríguez calificó a la acusación como “ómnibus” y “única”. Y dijo que lo que se estaba llevando adelante en el jury era la “repetición del juicio al IPAV”. Acto seguido, volvió a atacar la “legitimidad” del tribunal porque “no puede asumir responsabilidades que no le corresponden” y rechazó los “supuestos incumplimientos dolosos”.

La defensa de Péres volvió a cargar las responsabilidades contra la entonces contadora general de la Provincia y contra los relatores. Respecto al primer punto dijo sin medias tintas que “Contaduría (General de la Provincia) no hizo absolutamente nada”. En cuanto al segundo punto, destacó la experiencia de los cinco años que trabajo que tenía la relatora Flavia Vargas Tarquini (sobrina de Rubén Rivero).

Luego cuestionó que “en todos los lugares (de la administración pública) hay estudiantes” cumpliendo funciones y que “eso es lo que se pretende mostrar como un montaje”.

Además, hizo un encendida defensa de la figura de Perés en base a que cuando él llegó al cargo en el año ‘98 “quien controlaba al IPAV tenía 30 años de servicio” y pidió la “absolución” de su defensivo.

El otro defensor, Pablo Langlois, arrancó su alegato destacando “la honra y transparencia de Rivero”, destacó sus “25 años de servicio” en la administración pública y dijo que “hizo su trabajo en base a lo que establece la Constitución Provincial”.

Luego, con la cita de cifras concretas, trató de minimizar el desfalco no controlado. En este sentido precisó que entre el ’99 y el 2003, según un informe del Tribunal de Cuentas, se emitieron 19.700 sentencias y que se auditaron un total de 2.000 millones. “Y cuestionan $ 900.000... estamos hablando de un porcentaje bajísimo”, dijo.

También destacó que “los expedientes llegan con firmas responsable debajo... es injusta la atribución de responsabilidades porque es poner en dudas el acto administrativo, y se quiere hacer creer que hubo desidia. ¿Tengo que desconfiar de todo expediente que viene a mis manos?”, se preguntó.

Langlois subrayó que “la estructura piramidal existe en cualquier estructura. Es absurdo, arbitrario y de imposible cumplimiento que Rivero y Perés pudieran controlar todo”.

“Puede que haya existido algún error, pero de ahí a compararlo con un delito hay un trecho muy grande... nuestro defendido es inocente y deber ser absuelto”, finalizó.

Sólo unas palabras

Al finalizar los alegatos de las partes, el tribunal le consultó ayer al acusado Rubén Rivero si quería decir algo. Este accedió, aunque fue muy breve y aclaró que lo que señalaba lo decía como “funcionario técnico”. Simplemente pidió que -más allá de la suerte que él corra en este Jurado de Enjuiciamiento- se delimiten con claridad las responsabilidades entre el control interno y externo, sobre todo en torno a las auditorías que se realicen.

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