Tribunal de Cuentas: siguen las dudas por los 4 millones y por la adjudicación de la obra de la terminal

Frente a Cano tuvo acceso al fallo del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires respecto del ejercicio municipal correspondiente al año 2007.
Además de aprobar la rendición "con arreglo a los libros y documentos examinados", el organismo provincial pone el acento en el "famoso" faltante de 4 millones que en su momento denunciara el intendente Cristian Breitenstein.

En el expediente de referencia, el Tribunal sostiene en el artículo séptimo que decide "mantener en suspenso el pronunciamiento definitivo", básicamente porque no dispone de la información necesaria.

Como ya lo habíamos anticipado, el organismo da por acreditada la existencia de la mitad de esa cifra, mientras sigue pidiendo documentación que respalde a los otros 2 millones 200 mil pesos sobre los cuales todavía no se puede expedir.

Es por ese motivo que declara que los intendentes "Jaime Linares, Rodolfo Lópes y Cristian Breitenstein; el Secretario de Economía Guillermo Aispuro; los contadores Leonaro Villegas, Domingo Culotta y Marcela Clark y los Tesoreros Miriam Poljak y Gabriel Omar Carella, todos ellos alcanzados por la reserva del presente inciso, no deberán considerarse exentos de la responsabilidad hasta tanto el Tribunal de Cuentas se pronuncie concreta y definitivamnente respecto del tema cuyo tratamiento se posterga".

"No se ha logrado una sólida fundamentación"

Mientras tanto, en el traslado efectuado a las autoridades del Departamento Ejecutivo y del Concejo Deliberante sobre el ejercicio del año pasado, el organismo provincial reitera sus dudas sobre la adjudicación a la empresa Beltrán y el monto por el cual se adjudicó la obra de la Terminal San Francisco de Asís.

El mencionado documento habría llegado a manos de los funcionarios a comienzos del pasado mes de agosto.

Pide información, otra vez, sobre la "metodología utilizada para la evaluación de los antecedentes, razonabilidad económica de la única oferta considerada válida y determinación de su conveniencia a los intereses municipales".

Los miembros del Tribunal hacen notar la diferencia entre el presupuesto oficial ($ 15.840.000), y la oferta admitida como válida ($ 29.783.438,45), esto es un 88 por ciento del PO.

Los relatores agregan que "en consideración a todo lo expuesto oportunamente, se concluye que no se ha logrado una sólida fundamentación para proceder a la adjudicación de la obra".

En el último párrafo de este punto, los miembros del Tribunal dicen que se debió adoptar "la solución propuesta en el artículo 155 última parte de la Ley Orgánica de las Municipalidades" que, textualmente sostiene:

"Si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio".

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