El Tribunal de Cuentas objetó la ejecución de un programa nacional y Amaya habló de persecución

El Tribunal de Cuentas objetó la ejecución de un programa nacional y Amaya habló de persecución

El Tribunal de Cuentas inició una comprobación sumaria tras señalar 13 presuntas anomalías en un plan de $ 29 millones para una comuna. El secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación consideró que se busca “aterrorizar” a los delegados rurales para que no gestionen proyectos ni recursos ante el Ejecutivo nacional.

El Tribunal de Cuentas (TC) ordenó el inicio de una comprobación sumaria en la comuna rural de Villa General Belgrano, ubicada al sur de la provincia, luego de elaborar un listado de 13 presuntas anomalías administrativas detectadas en la ejecución de un programa de obras por $ 29 millones que lleva adelante la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación.

El titular de esa repartición, Domingo Amaya (ApB-Cambiemos), vinculó las observaciones formuladas por el organismo de contralor con posibles presiones políticas para que, en este año electoral, los comisionados rurales no tramiten proyectos ni recursos ante el Gobierno nacional. “Desde lo político, es muy triste que se trate de impedir y de atemorizar a los delegados comunales y a los intendentes para que no gestionen (fondos nacionales). Son sistemas de amenazas para que ellos tengan temor”, describió en diálogo con L A GACETA el secretario de Vivienda y Hábitat del gobierno de Mauricio Macri.

La comisionada rural Graciela del Valle Juárez, afín a la Casa de Gobierno, le aseguró a este diario que las 13 observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas están siendo subsanadas. “Tenemos toda la documentación y vamos a terminar de entregarla esta semana”, afirmó la delegada, que fue electa en 2015 por el partido Acción Regional (acople del PJ-FpV).

Trabajos en marcha

Como en muchos de los pueblos que se fueron erigiendo a la vera de la ruta 38, al sur tucumano, en Villa General Belgrano las calles son de tierra y los servicios, escasos. Los cerca de 3.000 vecinos no cuentan con cloacas, para usar gas deben comprar garrafas y en algunos sectores de los caños sólo brota un hilo de agua. Alrededor de la plaza principal están la oficina de la comuna, la iglesia, el juzgado de Paz, la comisaría -cuyo “techo” de lona suele dejar sin amparo a los policías en los días de tormenta- y el club social y deportivo Macías.

A la entrada de la comuna, un cartel anuncia la ejecución de un programa de obras de la Secretaría de Vivienda y Hábitat, que depende del Ministerio del Interior de la Nación. Algunos de esos trabajos ya están en marcha: se colocaron adoquines en varias cuadras (”esperemos que duren; por aquí pasan camiones cargados con caña”, advierte la vecina Graciela Leguizamón) y una docena de empleados de la comuna está avanzando con la reconstrucción de la plaza principal. También está prevista la remodelación del polideportivo, para que cuente con vestuarios y tribunas. Hoy, bajo el tinglado, hay sólo un aro de básquet y una construcción en la que funcionan un centro cultural, una cocina y un improvisado depósito de materiales.

Desagües pluviales y otras obras de infraestructura completan el proyecto, que tiene un plazo de ejecución de 15 meses.

Objeciones contables

El 27 de diciembre, el Tribunal de Cuentas dictó el acuerdo 4.592, que lleva las firmas de Miguel Terraf (presidente), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales). Según ese instrumento, se efectuó un control “para verificar el grado de cumplimiento por parte de la comuna rural de Villa General Belgrano del convenio específico” suscrito con la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación.

El ente de contralor, tras “detectar anomalías de carácter administrativo y contable”, inició una comprobación sumaria para “determinar y deslindar responsabilidades”. Entre otros puntos, se observó que el Ministerio del Interior de la Provincia “no tenía conocimiento” del convenio entre la comuna y la Nación; que los pagos son efectuados a través del Banco Nación, y no “del Banco de Tucumán SA, agente financiero según las normas vigentes”; que la compra directa de materiales “no se ajusta a lo dispuesto en el régimen de Contrataciones del Estado”; y que “los gastos de transporte representan el 18% del total de las compras”. También se señaló que “no se ha podido verificar el ingreso del primer desembolso, por un importe de $ 7,2 millones, por no contar con libro banco”.

Falta de experiencia

La comisionada rural consideró que muchas de las observaciones que recibió fueron producto de “la falta de experiencia” en cuestiones administrativas del Estado. “Claro que contamos con toda la documentación respaldatoria”, indicó Juárez. Y aseguró que las obras están reactivando al pueblo. “Estas inversiones además permiten que se les dé trabajo a los vecinos”, le señaló a LA GACETA la dirigente, que responde al legislador peronista Juan Antonio Ruiz Olivares.

Amaya, en tanto, expresó que estaba “sorprendido” por la medida del TC. “No es dinero que el Estado provincial (haya girado)”, indicó. Y aunque consideró que “todos los controles suman”, no dejó de lado la cuestión política. “Nosotros, como Estado nacional, no hacemos ningún tipo de discriminación (partidaria) cuando se trata de darles mejor calidad de vida a los argentinos en general y, en este caso, a los tucumanos. Son pueblos que no han recibido nunca aportes de la Provincia. Y los delegados están gestionando (recursos) porque el Estado nacional, al ser un país federal, también trabaja con los municipios y las comunas. Aquí no se imponen condiciones”, señaló Amaya.

Más allá de la postura del funcionario nacional, la abogada fiscal María Celina Zanoni elevará en 60 días un nuevo informe sobre la aplicación de los fondos nacionales en Villa General Belgrano. Entonces, el TC contará con más elementos para determinar si se produjo una “lesión patrimonial al erario”.

Las presuntas anomalías y la réplica Oficial

1 Convenio entre comuna y Nación

“No hay acto administrativo que apruebe el convenio (de la comuna rural) con la Secretaría de Vivienda de la Nación”, indicaron los auditores. La delegada rural Graciela Juárez aseguró que ese convenio existe. “Esta semana llevaré la documentación al TC”, afirmó.

2 Libro de registro de resoluciones

“El libro de registro de resoluciones no se encuentra al día. La última resolución registrada tiene fecha del 21 de 10 octubre de 2016”, señaló el TC. Según Juárez, al momento de la inspección no tenía en su poder esa documentación, pero también será aportada.

3 Libro de registro de operaciones

“(La comuna) no cuenta con libro banco, por lo que no se puede constatar los registros de las operaciones realizadas al día de la fecha”, indicaron los contadores fiscales. Juárez afirmó que, si bien hubo una demora, ya cuenta con libro banco para registrar movimientos.

4 Sin cuenta en el Banco del Tucumán

“No hay apertura de una cuenta corriente bancaria del Banco de Tucumán SA, agente financiero según las normas vigentes”, remarcaron los contadores fiscales. Juárez explicó que, al ser un programa de origen nacional, los fondos son extraídos del Banco Nación.

5 Objeciones al acta de inicio de la obra

“El acta de inicio de obra que presenta (la comuna) no especifica a qué obra corresponden los trabajos”, dijo el TC. Juárez afirmó que, si bien se iba a comenzar con el polideportivo, se inició el adoquinado y la plaza para comprar los materiales y evitar el desfasaje de precios.

6 Advertencias sobre materiales y transportes

“Las compras de Materiales y Gastos de Transportes no se ajustan a lo dispuesto en el Régimen de Contrataciones del Estado”, observó el TC. Juárez aseguró a este diario que hubo “falta de experiencia” y que las próximas compras serán por licitación privada.

7 Cuestionamientos legales

“La compra de herramientas (...) no cuenta con las altas de bienes Patrimoniales, como establece la Ley de Administración Financiera”, advirtió el TC. Juárez dijo que se estaban apoyando en leyes nacionales para hacer la obra, pero ya fueron asesorados por el TC.

8 Contrataciones directas

“Las compras de materiales, gastos de transporte y herramientas fueron realizadas en forma directa”, indicó el TC. La delegada indicó que las próximas compras serán por licitación privada. Advirtió que los montos habilitados para compras directas no alcanzan.

9 Comprobantes por las transferencias

“No hay comprobantes de los pagos efectuados por transferencias bancarias”, observaron los contadores fiscales. La comisionada rural aseguró que sí cuenta con esa documentación. “También la entregaremos al Tribunal de Cuentas”, explicó la funcionaria.

10 Sin recibos de los pagos por materiales

“No hay factura y/o recibo por la compra de materiales por un importe de $ 869.522. Solamente está la constancia de la transferencia bancaria a la firma Juan Blangino S.A”, indicó el TC. Juárez dijo que ya cuenta con los recibos de esa firma, radicada en Córdoba.

11 Sin documentación técnica

“No hay documentación técnica de las obras a realizar”, objetaron los contadores fiscales. La delegada rural aseguró a este diario que los planos y demás informes técnicos también serán aportados esta semana al Tribunal de Cuentas.

12 Objeciones por los gastos de transporte

“Los gastos de transporte representan 18,13% del total de las compras”, indicó el TC. Y advirtió que, según los recibos, la comuna fue la única cliente de la firma de traslados. “No me parece que nada de eso esté incorrecto, pero lo vamos a aclarar”, dijo Juárez.

13 Verificación de ingresos por $ 7,2 millones

“No se ha podido verificar el ingreso del primer desembolso por un importe de $ 7,2 millones, por no contar con libro banco”, señaló el Tribunal de Cuentas. Juárez advirtió que sí cuenta con esa documentación, y que también será aportada al Tribunal de Cuentas.

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