El Tribunal de Cuentas investiga un posible daño al Estado.

El Tribunal de Cuentas de la Provincia dispuso una comprobación sumaria en la Caja Popular de Ahorros a raíz de la aceptación de la oferta de Citrusvil SA de cancelación de la deuda de la firma Cruz Alta SA, correspondiente a la cartera del ex Banco de la Provincia, que asciende a $ 3,1 millones. La acordada 600 tiene fecha de emisión de ayer y lleva las firmas de Miguel Chaibén Terraf y de Sergio Díaz Ricci.
La resolución se dio a conocer 24 horas después de que el legislador radical José Cano objetó una disposición de la entidad crediticia (resolución 069/09) en favor de la misma empresa, entendiendo que se se podría estar afectando el patrimonio del Estado. Puntualmente, el parlamentario reseñó que hubo dos intentos de venta del previos de la CPA (agosto y diciembre de 2008) del crédito y que oportunamente fueron observados por el organismo de control de la Provincia, con fechas 30 de setiembre (acordada 2.698) y 19 de diciembre (acordada 3.689).

Cano consideró que las operaciones carecían de sustento legal y que debían hacerse por licitación pública o por remate público.

Después, el parlamentario indicó que se emitió la 069/09, el 10 de febrero último, por la que se aceptó nuevamente la oferta de venta, “sin respetar normas vigentes”. A raíz de esta última medida, el radical solicitó al vicegobernador, Juan Manzur, y al presiente de la comisión de Hacienda, José Alberto Cúneo Vergés, una investigación por un probable daño al erario público.

Además, Cano había planteado que el organismo de control no había actuado como en las dos oportunidades anteriores, ya que no emitió una resolución objetando la venta.

Sin embargo, ayer, el Tribunal de Cuentas firmó la acordada 600 en la que aborda el tema. En el texto señala que el acto administrativo de la CPA no fue sometido al debido control preventivo. Además, apunta: “teniendo en cuenta la omisión de cumplimiento de la obligación legal en virtud de la norma, y que la resolución (069/09) habría tenido principio de ejecución; se estima disponer la sustanciación de una comprobación sumaria, a los fines de determinar la existencia de un eventual daño al erario público y, en su caso, las responsabilidades emergentes”.

“Se cobró una deuda”

Por su parte, el ministro de Economía, Jorge Jiménez, manifestó a LA GACETA que el expediente cumplió con la normativa vigente y que está disponible para los organismos competentes. “La Caja Popular es un organismo de crédito y lo que hizo (Mario) Koltan fue cobrar una deuda”, apunto.

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