Tribunal de Cuentas: el gasto publicitario 2007 en la gestión de Arturo tiene "sustento legal"

Este diario tuvo acceso a un informe pormenorizado que el órgano de control remitió a la diputada mandato cumplido Marina Anderson, cuando presidía la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas. El presupuesto de ese ejercicio, decía el ex mandatario que al ser prorrogado regía la inversión del rubro cuestionado. La nota señala además que los "créditos presupuestarios fueron incrementados de conformidad" a la misma Ley 5.778/07. La causa judicial avanzará, dicen fuentes tribunalicias.

En el momento más álgido de la campaña, el Gobierno de Arturo Colombi defendía el ataque opositor y la indignación social de un supuesto desmesurado gasto en publicidad con el argumento de que se estaba dentro de los parámetros establecidos por el presupuesto 2007, el cual por no haberse confeccionado los de los ejercicios siguientes, regía la administración. La polémica llegó a tal punto que se convirtió en causa judicial, que llevó preso al ex director de Información Pública, José Luis Zampa y tenía como sospechoso al empresario Hernán González Moreno, presuntamente suicidado.

Pero lo cierto es que de acuerdo a un informe del Tribunal de Cuentas, remitido antes que terminara el año pasado, pedido por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas que presidía la opositora repentina, ex oficialista, Marina Anderson, "las modificaciones presupuestarias en el ejercicio 2007 en la partida Publicidad y Propaganda encuentran sustento legal en lo dispuesto por los artículos 20 y 21 de la Ley de Presupuesto 5.778". Esto surge al auditar la Cuenta de Inversión de dicho año.

Así reza la nota externa N° 184 del órgano de control, suscripta por su presidente, Alberto Pascasio Pacios.

Ahora bien: también se elevó a la Legislatura para acompañar esa nota una serie de cuadros comparativos que muestran la evolución del gasto en publicidad, la cual podría ser lo que el fiscal Gustavo Robineau entiende como la prueba de una "megacausa", como lo definió tanto el funcionario como su jefe, el fiscal General, César Sotelo.

A raíz de una demanda presentada oportunamente por el periodista Guillermo González del Castillo, vale decir que el pago y emisión de nuevas órdenes de publicidad se frenaron mediante una medida cautelar dictada por el titular del Juzgado de Instrucción de tercera nominación, Luis Cocchia Breard. Por ello el casillero del 2009 mide hasta el 30 de septiembre del año pasado.

En esos cuadros se advierte sí que del 2006 al 2007 se produce un incremento importante –pasa de 13 millones de pesos a 21– pero aún así dicha cifra representa el 1,06 por ciento del total de los gastos corrientes, es decir dentro del marco de lo autorizado presupuestariamente.

Ya en 2008 y 2009, en el primero de esos años también hay un salto en el gasto, cuando se erogan por ese concepto 34.208.269,50 pesos y 32.968.474.50 pesos, respectivamente, es lo que deberán determinar judicialmente, aunque la cuestión parece complicarse al no haber presupuesto, pero sí incrementos en los gastos, como es de suponer que generó el crecimiento en la coparticipación federal. En el 2008, el gasto supondría según el informe que se gastó 1,25% del total de gastos corrientes. Antes, en 2005 y 2006, el porcentaje destinado a este rubro fue de 0,88% y 0,87%.

INFORMACIÓN PLENA

También informó entonces el Tribunal de Cuentas en esa oportunidad, que la información "plena" sobre estos temas bien puede ser brindada por la Contaduría General de la provincia, ya que se trata del organismo que elabora la cuenta de inversión.

A FONDO

Hoy por hoy, con la feria judicial, la causa no se ha movido demasiado, a no ser por la excarcelación que se le concedió a Zampa, antes de Navidad, pero fuentes judiciales indican que seguirán "a fondo" una vez finalizado el receso. En tanto, si bien el cuadro 2009, hasta el 30 del septiembre, registró 32 millones de publicidad, una alta fuente de la gestión actual dijo que se encontraron con más de tres mil órdenes que suman 38 millones de pesos, de los cuales sólo se pagaron 22. Esto es, quedó una deuda de $16 millones que no se pudo saldar a raíz de la resolución judicial, aunque la misma –que impedía al Estado que pague y emita nuevas órdenes– feneció al finalizar el ejercicio del año anterior, es decir el 31 de diciembre.

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