El tribunal aceptó como prueba la cámara oculta contra el ex concejal Wolaniuk

Comenzó el juicio oral y público contra el ex concejal Pablo Wolaniuk y el ex Secretario Administrativo del Concejo, Ricardo Das Neves; ambos acusados del delito de “concusión”, en relación a una serie de videos tomados con cámara oculta en que reciben 30 mil pesos de una cooperativa que prestaba servicios en el municipio capitalino.
El tribunal admitió esta medida de prueba que tuvo varios pedidos de nulidad desde la defensa, que había señalado que era "violatoria de garantías constitucionales" y el "derecho a la privacidad". Los jueces señalaron que la cámara oculta es un medio válido de prueba.

El juicio por uno de los escándalos políticos que caldearon la elección provincial del año 2007, comenzó ayer por la mañana en los tribunales del Distrito Judicial Sur en Monte Gallinero.

Allí el Tribunal de Juicio Oral compuesto por los Dres. Alejandro Pagano Zavalía, Roberto Magraner y Maximiliano García Arpón como subrogante; dieron inicio al proceso contra el ex concejal del MPF Pablo Wolaniuk y el ex Secretario Administrativo del Concejo, Ricardo Das Neves, quien además era tesorero del MOPOF en esa contienda electoral.

El juicio se abrió con la acusación del Fiscal Mayor, Dr. Guillermo Massimi, quien imputa a Wolaniuk en calidad de autor y a Das Neves como partícipe primario, por el delito de concusión, “previsto en el artículo 266 del Código Penal. La finalidad de esta figura penal es que sea reprimida la conducta del funcionario público que abusando de su cargo solicita o exige una contribución, derecho o una dádiva”, esgrimió.

Gran parte de la acusación se sustenta en la existencia de un pen drive que aportaron los denunciantes con seis tramos de video y audio, en los que se observan a los imputados con responsables de la cooperativa Magui Mar en una confusa situación de pago de 30 mil pesos.

Los defensores Gustavo Ariznavarreta y Julián de Martino interpusieron un pedido de nulidad, alegando que la prueba principal, una serie de videos obtenidos con el sistema de cámara oculta, resulta “violatorio de las garantías constitucionales y es una violación a la privacidad de las personas”.

Tras la réplica del fiscal Guillermo Massimi, que defendió este sistema probatorio, la respuesta del tribunal fue contundente en la voz de su presidente, el Dr. Alejandro Pagano Zavalía, quien aseguró que la cámara oculta es un medio de prueba válido que da “mayor acreditación del hecho”, recalcando el “derecho de todo ciudadano para probar sus denuncias a través de investigaciones”, señalando que esto es “una derivación del sistema republicano.

Finalmente el tribunal sentenció, el derecho a la no autoincriminación resguarda al ciudadano cuando ya está frente a las autoridades, no antes”, por lo que se entendió el descarte del planteo de nulidad, que “no tiene sustento legal en su pretensión”, aseguraron.

El Dr. De Martino hizo reserva de incurrir en casación, por lo que el proceso continuó.

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