Tres temas siguen interesando a los tres poderes

La Corte aún no pudo expedirse sobre los recursos extraordinarios en la importante causa sobre disposiciones de la reforma constitucional. Sigue la polémica sobre la Ley 8.136, que permite la designación directa de jueces interinos.
Las tres mismas cuestiones que condicionaron el derrotero de la semana pasada serán las que, en el plano institucional, seguramente, acapararán el interés de los tres poderes del Estado.

En primer lugar, la Corte Suprema de Justicia de la provincia aún no pudo pronunciarse sobre si están dadas las condiciones para que, en virtud de su competencia extraordinaria, la Corte de la Nación revise la sentencia que aquella pronunció el 8 de setiembre. Ese día el alto tribunal local hizo lugar parcialmente a la demanda que había promovido el Colegio de Abogados y, por ende, declaró nulas e inconstitucionales disposiciones de la Carta Magna reformada en 2006; entre ellas, la potestad que se confería al Poder Ejecutivo para que pudiera organizar discrecionalmente -por decreto- el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), previsto para que se encargara de la selección de los jueces inferiores.

Muchos enredos

La Corte debe decidir si hay caso federal suficiente que habilite la intervención del alto tribunal del país. Con tal fin, el Colegio de Abogados y el Gobierno dedujeron sendos recursos extraordinarios contra el fallo del 8 de setiembre. Pero mientras los letrados sólo cuestionaron el punto relacionado con el Jurado de Enjuiciamiento, el Gobierno objetó lo decidido sobre el CAM y que se haya bloqueado la posibilidad de que en el futuro haya reformas constitucionales por medio de simples enmiendas legislativas.

Como en la Corte (actúan Antonio Gandur, René Goane, Alberto Brito y Ebe López Piossek) se habría producido un empate entre quienes consideran que debe concederse el recurso deducido por el Colegio y entre quienes sostienen que no, aquella debe ser integrada con un camarista en lo Contencioso Administrativo para que desempate. Así fue convocado Salvador Ruiz (de la Sala I), pero como el viernes el Gobierno lo recusó -sin causa- (ver “La recusación...”), fue designado Horacio Castellanos, de igual Sala.

Desde el lunes mismo, las partes podrán consentir la intervención de Castellanos, pero si deciden recusarlo -ya sólo podrán hacerlo con expresión de causa o motivo- tendrán plazo hasta el viernes (con cargo extraordinario). Si no sucede esto último, pero tampoco se da antes un consentimiento expreso, la integración de la Corte con Castellanos quedará firme el viernes, razón por la que, prácticamente, los dos últimos días hábiles del año para que el tribunal pueda expedirse sobre la admisibilidad de los recursos extraordinarios serán el lunes 22 y el martes 23 del corriente.

Lo más relevante es lo que la Corte diga sobre el recurso deducido por el Gobierno, porque esto tiene relación con el segundo tema de importancia de la semana.

Si la Corte rechazara el recurso del Gobierno, si bien este podrá insistir con una queja (que no produce efectos suspensivos), se consolidará el criterio sostenido por la mayoría en la sentencia del 8 de setiembre (Gandur, Goane y López Piossek). Según este, el PE quedó vedado de integrar el CAM por decreto, pero eso no impide que los aspirantes a jueces -sin distinciones entre titulares o interinos- sean seleccionados mediante concursos públicos.

A diferencia del criterio que se impuso en la Corte, la Ley 8.136 posibilita que los poderes políticos designen directamente jueces interinos, sin ningún mecanismo de selección previo que permita sopesar los antecedentes de los postulantes. Precisamente, el abogado Alfredo Gómez dedujo una acción de amparo, porque considera que aquella norma vulnera su derecho de ser elegido juez a partir de un concurso público. Preventivamente, solicitó el dictado de una medida cautelar que suspenda la ejecución del mecanismo previsto por la cuestionada ley, cuya declaración de inconstitucionalidad requirió. La Provincia (la parte demandada), por medio de Fiscalía de Estado, tiene plazo hasta el martes para contestar ante la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, donde ingresó la causa, el informe que prevé el artículo 21 del Código Procesal Constitucional de Tucumán. La gran expectativa está centrada en si, durante la semana, se concretarán presentaciones similares a la de Gómez sobre la polémica Ley 8.136.

El tercer hecho es que el viernes los afiliados de la Asociación de Magistrados deberán decidir -en segunda vuelta y tras el empate en 72 votos de hace 48 horas- si quieren que la futura presidenta sea Ester Valderrábano de Casas (de la oficialista “Lista Justicia y democracia”) o López Piossek (“Compromiso”). Después de casi una década de lista única, el oficialismo sufrió un duro traspié, porque la nómina liderada por López Piossek ya se ha adjudicado 10 de los 18 cargos que estaban en juego; entre ellos, los más importantes de la comisión directiva. La contienda fue el corolario de la polémica que se desató luego de que un grupo de jueces, fundamentalmente ligados al oficialismo, elevó al vicegobernador Juan Manzur el anteproyecto en el que se basó la Legislatura para sancionar la polémica Ley 8.136.

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